En asamblea el pasado 14 de marzo, los ejidatarios y defensores del territorio ncue acusaron que el protocolo de investigación del proyecto “Generación sustentable de energía eléctrica en los Ríos Velero y San Juan para el desarrollo comunitario” tiene vacíos de información en cuanto a impactos ambientales y comunitarios, costos de operación, tiempo de vida del proyecto, escalas, metodologías ambientales, presupuestos, destino, gestión y administración de la energía eléctrica generada, además de que el nombre no corresponde al del río de Xochistlahuaca.
Añadieron que el intento de imposición del proyecto por parte de la comunidad académica gestó un conflicto entre los representantes agrarios y ejidatarios, con quienes los responsables de la hidroeléctrica buscaron conseguir firmar para su aprobación.
“Los pueblos originarios han sido utilizados por la academia, el estado y las empresas para implementar proyectos extractivos y obtener fondos de financiamiento en beneficio de particulares”, denunciaron los defensores en un comunicado, donde también cuestionaron la ética profesional y las prácticas de investigación que ignoran y violan los derechos colectivos de los pueblos.
El 18 de noviembre de 2020, explicaron, el académico de la Universidad de Guerrero (UAGro) José Luis Valenzuela Lagarda se presentó en Xochistlahuaca para conseguir una firma de intención y consentimiento que avalara el proyecto hidroeléctrico. Sin embargo, señalaron que Valenzuela “no logró un diálogo debido a que llegó tarde a la cita acordada, desconocía el contexto comunitario, la cultura, la lengua originaria Ñomndaa (amuzga), entre otros aspectos”.
A pesar del rechazo del pueblo amuzgo, el 23 de febrero de 2021 se notificó a los ejidatarios la preaprobación del proyecto hidroeléctrico en su territorio, por lo que los defensores levantaron una carta de rechazo ante la falta de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sin embargo, el 7 de marzo la investigadora Ana Rosa García Angelmo, del Centro Regional de Educación Superior Campus Cruz Grande de la UAGro, se presentó en la Casa Agraria del ejido de Xochistlahuaca “para conseguir de manera alevosa y mal intencionada la firma de aceptación del proyecto a través de una minuta de reunión”, por lo que los defensores se reunieron nuevamente el 14 de marzo para señalar a los responsables las faltas y violaciones que representa la imposición del proyecto.
AUTOR: REDACCIÓN.
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