El caso se reactivará con la presentación de las pruebas de la fiscalía y de la defensa en una audiencia que se ha programado a las 10 de la mañana ante el juez Ganther Alejandro Villar en el Reclusorio Sur. Dicha audiencia se realizará a puerta cerrada debido a las restricciones sanitarias.
Será el primer avance que tenga el proceso desde diciembre del año pasado, cuando se detuvo y pospuso en varias ocasiones por la intención de Robles y sus abogados de negociar una salida alterna para no llegar a juicio. Dicha negociación no fructificó debido a la negativa de FGR de ceder en su exigencia de que la exfuncionaria devuelva los cinco mil millones desviados.
Lo que prosigue ahora es desahogar la fase denominada intermedia del proceso en la que la Fiscalía deberá presentar las pruebas que quiere llevar al juicio para sustentar su petición de que la exfuncionaria sea condenada a 21 años de cárcel por dos cargos de ejercicio indebido del servicio público.
A su vez, la defensa podrá presentar sus propios elementos con los que intentará desvirtuar la acusación de los fiscales federales.
Se trata de una audiencia que podría extenderse varios días debido a que comprende diversas fases; de entrada, el juez analizará si no hay impedimentos legales para avanzar hacia la fase intermedia. Será aquí cuando ambas partes oficialicen que no hubo posibilidad de alcanzar una salida alterna al proceso.
Después se procederá con la descripción oral de los hechos descritos en la acusación que desde el año pasado fue enviada por escrito por la FGR.
Desahogado el punto anterior los fiscales y la defensa buscarán los denominados “acuerdos probatorios”, es decir, acordar sin mayor discusión hechos que son verdad y por lo tanto no serán motivo de controversia en el juicio. Un ejemplo son los convenios que la Sedesol y Sedatu firmaron y que fueron ofrecidos como prueba por la FGR, y cuya existencia será aceptada por la defensa.
Lo que proseguirá después es el debate sobre el resto de las pruebas; aquí las partes tendrán la oportunidad de descalificar o pedir que algunas no sean admitidas o se supriman. Será el juez quien defina qué pruebas se quedan y cuales se desechan, y con ello el caso quedará listo para avanzar a la fase de juicio.
Cabe señalar que la defensa de la exfuncionaria federal cuenta con una suspensión concedida por otro juez para que no se fije, al menos por ahora, una fecha para ir al referido juicio. Esto hasta que no se resuelva una petición de amparo promovida por Robles en la que argumenta que los cargos que se le imputan ya no son procedentes.
¿De qué la acusan y cuál es la defensa?
El punto central de la acusación de la FGR en contra de Robles es que, tanto en la Sedesol como en la Sedatu, fue omisa en frenar la firma de más de 20 convenios con instituciones públicas para contratar diversos bienes o servicios, pese a que conocía que dichos instrumentos se estaban utilizando para desviar dinero.
Lo anterior, según la Fiscalía, fue del conocimiento de Robles debido a las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación hizo a lo largo del sexenio pasado sobre las anomalías detrás de estos convenios. Se trata de un mecanismo fraudulento que Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentaron y confirmaron en el reportaje denominado “La Estafa Maestra”.
Por su parte, la defensa de Robles sostendrá que los convenios eran legales y que ella no contaba con datos que confirmaran las irregularidades antes de que estos fueran firmados. En ese contexto y llegado al momento reclamarían a la FGR pruebas que sustenten que, en efecto, ella fue avisada de dichas anomalías antes de que se firmaran los instrumentos.
Nueva negociación estancada
Aunque la negociación para alcanzar una salida alterna en el caso de omisiones por la Estafa Maestra no fructificó, el abogado Sergio Arturo Ramírez – quien forma parte de equipo de defensa de la exfuncionaria federal – señaló que continuarían nuevas negociaciones con la FGR para conseguir que otra orden de aprehensión girada en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada sea cancelada.
El pasado 9 de marzo dicho litigante informó que se esperaba que fiscales de SEIDO la visitaran a la semana siguiente para recabarle una declaración y analizar la viabilidad de volverla testigo colaboradora.
Sin embargo, autoridades de la FGR confirmaron a Animal Político que no ha habido ningún tipo de contacto con la exfuncionaria en el penal donde se encuentra recluida, y que no se prevé que ello ocurra al menos en estos días.
El abogado argumentó esta semana que se había convenido con la SEIDO que la exfuncionaria entregara una carta narrando los presuntos hechos de corrupción que le constaban durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, esto tampoco ha ocurrido hasta ahora.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
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