La mayoría de las agresiones contra personal sanitario o instalaciones médicas estuvo relacionada con la pandemia de COVID-19; aunque 21 de las agresiones ocurrieron en un contexto de violencia.
“El año pasado la pandemia mostró en México la fortaleza y el compromiso de miles de mujeres y hombres que volcaron sus esfuerzos en salvar vidas, e hizo también evidentes los retos para garantizar la provisión de servicios esenciales, como la salud, en comunidades con presencia de grupos armados no estatales y en lugares con alta polarización y estigmatización contra el personal médico”, destacó Martin de Boer, jefe adjunto de la delegación regional en México y Centroamérica del Comité Internacional de Cruz Roja.
“En 2020, registramos 95 casos en total de falta de respeto y problemas de acceso a los servicios de salud, de los cuales 21 ocurrieron en un contexto de violencia o crisis ajenos a la pandemia”, dice De Boer en el informe. Entre las afecciones al margen de la COVID-19, la Cruz Roja detectó agresiones como el ingreso armado a instalaciones de salud para matar a una persona y el cierre de centros médicos comunitarios, lo que se convirtió en la principal afección para los usuarios.
“Hemos documentado el homicidio de un médico; heridas a siete miembros del personal de salud; dos ataques directos a voluntarios o instalaciones de la Cruz Roja Mexicana; once ingresos armados a instalaciones de salud y una amenaza masiva al personal de salud. Estas agresiones atentan contra el derecho a la salud de las comunidades, obstaculizando el acceso a los servicios médicos”, dijo De Boer.
En este sentido, la Cruz Roja recordó que en los últimos años, doce centros de Salud se vieron obligados a cerrar en Guerrero debido a la violencia y en Chihuahua hubo que clausurar instalaciones sanitarias de forma intermitente.
El resto de casos registrados en el informe se relacionan con la pandemia y afectaron a 117 trabajadores de la salud: 79 enfermeras, 35 médicos y tres voluntarios de la Cruz Roja Mexicana. También cinco hospitales y cuatro ambulancias fueron blanco de agresiones.
“El CICR fue testigo de cómo en contextos de pandemia, la falta de información, la incertidumbre y el miedo son caldo de cultivo para que el personal sanitario sea blanco de amenazas y ataques. Ello pone bajo una enorme presión y estrés a los sistemas de salud y a las comunidades vulnerables que ven obstaculizado el acceso a los servicios médicos debido a la violencia armada”, dijo De Boer.
Entre los daños provocados por estas acciones están las afectaciones físicas y psicológicas del personal médico, la estigmatización al personal de salud y barreras para la prestación del servicio a determinados grupos o comunidades.
“El seguimiento de agresiones a personal de salud en territorio mexicano forma parte del trabajo que el CICR hace alrededor del mundo en distintos contextos, procurando la protección y respeto al personal e instalaciones de este sector. La finalidad es fortalecer el acceso de la población a servicios médicos y reforzar el mensaje de que médicos y enfermeras no pueden ser, en ninguna circunstancia, blanco de ataques o amenazas”, señaló De Boer.
No se puede poner estas agresiones al margen del contexto de violencia generalizada que se registra en México. “Esta violencia amplia e intensa convivió durante 2020 con la crisis sanitaria desatada por la pandemia, poniendo a distintas comunidades bajo una amenaza doble. Desde hace un año, el personal de salud en primera línea trabaja sin tregua para combatir la COVID-19. Su camino no ha sido fácil y mientras a marchas forzadas adaptan sus estrategias, rutinas y jornadas laborales para salvar vidas, episodios asociados a la violencia han puesto en riesgo su integridad física y la de sus familias”, señaló De Boer.
En relación a la pandemia, Cruz Roja pone su esperanza en las vacunas, pero también advierte de los riesgos de que su distribución no sea equitativa.
“La gran esperanza para atajar esta pandemia es, sin duda, la vacunación. Ahora que existen avances positivos en este campo, es vital que las vacunas sean distribuidas de manera universal, gratuita, sin discriminación y que lleguen con premura a los más desamparados”, aseguró Jordi Raich, jefe de la Delegación Regional del CICR para México y América Central. “Es fundamental que las vacunas sean distribuidas de manera equitativa y que no generen nuevas desigualdades. Esto significa que dentro de los grupos vulnerables los gobiernos deben contemplar y reafirmar la inclusión de las personas migrantes, desplazadas y de personas privadas de libertad”, dijo.
Raich añadió que uno de los retos más urgentes a nivel regional y mundial es atajar la pandemia que amplía las desigualdades y acentúa las consecuencias de la violencia. “Las vacunas llegaron. De nosotros depende si nos salvan a todos, porque nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo”, afirmó.
Para el jefe del CICR en México y Centroamérica acabar “con la otra epidemia”, la de la violencia, supone un reto “mucho más complicado, por lo que solicitó acciones sostenidas en el tiempo. Al mismo tiempo mostró su preocupación por que las consecuencias visibles e invisibles asociadas de la violencia, como homicidios, desapariciones, el desplazamiento interno, las restricciones al movimiento, la extorsión, la dificultad de acceso a servicios básicos como la salud y las afectaciones a la salud mental y física; persisten en toda la región.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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