Así lo documenta la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) – conformada por 85 organizaciones de la sociedad civil en 23 estados – en un informe anual que presentó este jueves sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México.
En el estudio, la Red TDT destaca que, a pesar de que el mensaje lanzado desde el Gobierno Federal es que en el país ya no se cometen violaciones a derechos humanos, sobre el terreno documentaron que las agresiones y asesinatos en contra de activistas, si bien es una problemática que viene de años y sexenios atrás, es una práctica que continúa vigente en el actual gobierno.
“Mucho de lo que se ha dicho en este nuevo gobierno es que ya no está pasando nada. Pero sobre el terreno pasa otra cosa. Hay que reconocer que hay una crisis de derechos humanos en el país, y que las agresiones en contra de los activistas no han cesado. La defensa de derechos humanos sigue siendo una actividad de muy alto riesgo en México”, subrayó en entrevista con Animal Político Marianna Mendoza, coordinadora del área de protección de la Red TDT.
Ante este contexto de ataques y homicidios, el informe denuncia que la respuesta gubernamental ha estado marcada por la “inacción del Estado” mexicano, y por una constante “criminalización y estigmatización” por parte de los tres niveles de gobierno y del sistema de procuración de justicia en contra de la labor de las personas activistas que defienden el territorio de sus comunidades ante mega proyectos de infraestructura y de minería, el agua y el medioambiente, así como los derechos de la mujer y de la diversidad sexual, entre otros.
De las 45 personas defensoras asesinadas en este gobierno, 10 eran activistas del medio ambiente, entre los que están Homero Gómez González, defensor de la mariposa monarca en Michoacán; seis eran defensores de la tierra y la comunidad, entre los que se halla el líder comunal de Texcoco Benito Peralta; y otras seis personas defensoras de los derechos de la diversidad sexual, entre las que está María Elizabeth Montaño, la doctora que se dedicaba a buscar una buena atención médica para la población transexual.
Por entidades donde se cometieron las agresiones llama la atención el caso de Oaxaca, donde en estos dos años del nuevo gobierno se registraron hasta 11 asesinatos de activistas, seguido de Chiapas, con cinco, y Chihuahua con otros cinco.
“Oaxaca siempre ha estado dentro del top 5 de agresiones a activistas. Pero en estos dos últimos años se ha detectado que los ataques se incrementaron muchísimo”, recalcó Marianna Mendoza.
Guerrero (4 asesinatos), Morelos (4), Veracruz (3), Baja California (3) y Michoacán (2), son otros de los estados más peligrosas para ejercer la defensa de los derechos humanos.
Enfrentan amenazas, acoso, y criminalización
Al margen de los homicidios, el informe de la Red TDT destaca que hay un patrón de agresiones en contra de activistas y defensoras que se oponen a los megaproyectos de infraestructura del nuevo gobierno y de gobiernos estatales.
Un ejemplo, plantea el documento, es el caso del Proyecto Integral Morelos y la termoeléctrica Huexca, el cual fue aprobado el 25 de febrero de 2019 por medio de una consulta popular que, sin embargo, no contó con la participación de los más afectados, tal y como documentó Animal Político en esta nota.
El informe también recuerda que el activista Samir Flores, uno de los férreos opositores a este proyecto por su impacto en el medio ambiente, fue asesinado a balazos el 20 de febrero de 2019, mientras que las agresiones contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA) “se multiplican día con día”.
“Las personas defensoras de derechos humanos se enfrentan a la intimidación, estigmatización, amenazas, acoso, desacreditación y criminalización por su labor, especialmente cuando su trabajo apela o incomoda a actores estatales”, recalca el informe, que insiste en que el presidente de México, López Obrador, “demuestra un amplio desconocimiento y descrédito de la defensa de los derechos humanos”.
Además, el estudio plantea que la criminalización de los activistas se lleva a cabo con el apoyo de las instancias de procuraduría de justicia del país. Y pone como ejemplo de un “caso grave” el de Kenia Hernández, defensora indígena actualmente presa, a quien “se le ha iniciado procesos con pruebas falsas en al menos tres fiscalías estatales”.
“El sistema de justicia penal funciona perfectamente cuando se trata de criminalizar la protesta y a las personas defensoras de derechos humanos, pero es lento y disfuncional cuando se trata de perseguir los delitos en su contra”, hizo hincapié Marianna Mendoza, de la Red TDT.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MANU URESTE.
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