El ataque ocurrió hace 20 años en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, zona chinampera de Xochimilco, en Ciudad de México. Ella denunció los hechos, pero resulta que su carpeta de investigación está desaparecida. Las autoridades solo la revictimizan y las amenazas contra ella y su círculo más cercano no paran.
Elisa pasó cinco años de su vida entre quirófanos y cirugías tratando de recuperarse. Una vez que estuvo mejor y tuvo la fuerza acudió al Ministerio Público para saber qué había sucedido con su denuncia, pero la mandaban de un lugar a otro. Las autoridades no dieron seguimiento al caso y nadie sabía nada de su denuncia ni la asesoraban sobre qué podía hacer.
Una funcionaria le dijo que tenía que demostrar que sí hizo una denuncia, aunque sus cicatrices sean la evidencia de lo que le ocurrió y de que cuenta con documentos.
“Además de todo el desgaste emocional, las instituciones me hacen sentir que yo soy la que cometió un crimen y que tiene que demostrar su inocencia”, dice en entrevista.
La historia de Elisa nunca se hizo pública en 2001, cuando ocurrieron los hechos. En 19 años no supo nada de Javier Ediberto “N”, su agresor. Sin embargo, él regresó a amenazarla y a agredirla.
¿Qué paso?
El día del ataque, su entonces pareja la llevó hasta la zona chinampera y como era temporada de producción de Nochebuena, ella pensó que trabajarían un rato cubriendo las plantas de las heladas. No fue así. La golpeó, amarró a Elisa en un poste y le vació un garrafón con ácido.
El ácido, narra Elisa, quemó las cuerdas y fue como pudo correr con todas su fuerzas pese a todo el dolor que sentía.
“El dolor me quebraba, él corría detrás de mí, amenazaba con matarme y tirarme a los canales, pero mis piernas fueron más fuertes y pude pedir ayuda”, cuenta.
Peregrinó al menos por tres hospitales, pues las instancias de salud no contaban con el equipo necesario para atender sus lesiones de manera adecuada.
Apenas tenía 18 años y un bebé de un año: “En ese tiempo, nada se hablaba de la violencia hacia las mujeres, no había colectivas, no había redes de apoyo de mujeres a las cuales pudiera acceder, lo único que sabíamos es que si una mujer vivía violencia se tenía que guardar el dolor, era un secreto a voces”, indica.
Elisa dice que hace 20 años desconocía cómo nombrar lo que le pasó, las autoridades solo clasificaron los hechos como lesiones. Ahora sabe que lo que ocurrió fue una tentativa de feminicidio.
Durante varios meses y años iba y venía de una instancia a otra a pesar de los largos trayectos que tenía que recorrer en transporte público y de que tenía que invertir mucho tiempo y recursos económicos.
A pesar del agotamiento, Elisa no dejó de insistir, pero entre sus prioridades estaba el recuperarse, cuidar de su hijo, y seguir trabajando en la producción de plantas para solventar sus gastos.
Elisa no quería salir ni que nadie la viera. No entendía la magnitud de lo que le había ocurrido, incluso llegó a pensar que las cicatrices provocadas por las lesiones graves en el 40% de su cuerpo algún día desaparecerían.
Con mucho trabajó retomó su vida, aprendió a vivir con sus cicatrices y apenas, a 20 años del ataque, comenzó a tomar terapias psicológicas.
“Desde que mi agresor me atacó, me he enfocado en buscar fuerzas para retomar mi vida, y mi trabajo, me he adaptado a esta nueva forma de vida, con mis cicatrices y me concentré en el campo, en mis plantas”, narra.
“No solo es violencia familiar”
En 2011, el hermano de su agresor la amenazó de muerte, Elisa puso una denuncia y les recordó a las autoridades lo que le había ocurrido en 2001. Nada pasó.
En agosto de 2019 su expareja la volvió a agredir, insultar y amenazó con “terminar lo que había empezado”.
Elisa denunció a Javier Ediberto “N” y en febrero de 2021 lo detuvieron en Morelos. Ahora está vinculado a proceso por violencia familiar, y de ser declarado culpable, podría alcanzar una pena de 1 a 6 años de prisión.
No obstante, este caso no incluye el ataque con ácido. Ella exige que también sea sancionado por intento de homicidio, delito que no es investigado y es el más grave.
En 2001 cuando ocurrió el ataque todavía no existía la tipificación de feminicidio. El delito se incorporó en el Código Panel Federal hasta el 2012.
La familia del agresor constantemente hostiga a Elisa y también a su hijo, quien ya tiene 21 años.
Además, la actual pareja de Javier Ediberto “N” denunció a Elisa y a su mamá de 72 años por supuestas amenazas contra sus hijas.
“Dice que yo les quiero arrojar ácido. Eso es falso, quieren inventar cosas para protegerse y que él libre la prisión haciéndose la víctima”, comenta.
Ahora, Elisa espera la resolución de un amparo que presentó en el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México con el acompañamiento del Círculo Feminista de Análisis Jurídico y de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, para que se reconozca que fue el ministerio público y la fiscalía las instancias responsables de que su caso pueda quedar impune.
“Quiero que las mujeres de mi comunidad sepan que no me voy a callar, que un hombre no puede lastimarnos de la manera más cruel y regresar 19 años después como si nada hubiera pasado, y encima de todo continuar violentando con la complicidad de las autoridades”, afirma.
“Hay un pacto institucional”
Ni la fiscalía, las autoridades en Benito Juárez (donde puso su denuncia), ni en Álvaro Obregón en donde supuestamente fue turnada la investigación encuentran su denuncia.
En 2020 se halló en la Unidad de Estadística y Transparencia Dirección de Consultas de Antecedentes Registrales y Enlace Interinstitucional un registro de su caso FIAO/43/200/01-11, pero las autoridades no le dan información.
Por estos hechos envío una carta a la fiscal Ernestina Godoy solicitando su ayuda. Su respuesta fue turnar su declaración a la Coordinación Territorial de la Fiscalía de la CDMX donde la respuesta es “no tenemos información”.
Teresa González, integrante del colectivo Todas somos Elisa, −que se formó para dar acompañamiento y exigir justicia− asegura que el hecho de que ninguna instancia ha querido brindar una respuesta que permita esclarecer la falta de acceso a la justicia, muestra claramente que existe un pacto institucional.
“Así como dicen aunque sé que mi amigo es un violador lo voy a proteger, lo mismo en este contexto. Nos ha sorprendido que funcionarios nos digan: ‘no vale la pena saber si un funcionario hizo algo bien o hizo algo mal’, ¿cómo que no vale la pena? Claro que hay un pacto institucional muy similar al pacto patriarcal”, asegura.
La postura de las instituciones de procuración de justicia hasta ese momento es demuéstrame que tú pusiste una denuncia, que eres víctima.
“Esto están viviendo las mujeres y es lo que pasa cuando las instituciones no hacen su trabajo, la violencia se prolonga hasta que llega al feminicidio, tal parece que esperan eso, que llegue al feminicidio”, señala Teresa González en entrevista con Animal Político.
En estos 20 años, dice Teresa, han pasado cuatro administraciones de gobiernos diferentes. “La actual dice ‘eso pasó cuando yo no estaba’, pero también se ha negado a seguir el proceso de Elisa y sigue revictimizándola”.
“He tenido que lidiar con la culpa que imprimen sobre mí las instituciones al decir que fue mi responsabilidad, que la averiguación previa no se le haya dado seguimiento. Otra culpa viene cada vez que obtengo por respuesta que el delito ya prescribió, cuando en realidad fue el Ministerio Público que no dio seguimiento a un delito que se persigue de oficio”, añade Elisa.
“Quiero vivir sin miedo y no voy a parar”
Cuando tenía 18 años y ocurrió el ataque a Elisa le hubiera gustado que le dijeran que no estaba sola, así se sentía. Ahora es distinto, se siente acompañada y fuerte gracias al apoyo de muchas mujeres.
“Fueron 20 años de silencio y ahora es tiempo de romper con ello. Quiero vivir sin miedo. Quiero dejar un antecedente en donde se diga que si algo me pasa es responsabilidad de mi agresor y de su familia, pero también de las autoridades procuradoras de justicia que día a día alimentan y permiten que la violencia contra mi vida siga creciendo al sellar ese pacto de impunidad”.
“No voy a parar, sigo caminando, y quiero que el Estado reconozca las omisiones y violaciones a mis derechos humanos, que se reponga el proceso de 2001, se me reconozca como víctima. Busco justicia para mí, para todas las mujeres de mi comunidad, que sepan que estoy luchando, que debemos luchar”, afirma.
En México no hay una cifra oficial del número de mujeres atacadas con ácido, sin embargo, se tiene el reporte que han ocurrido al menos 20 agresiones.
Estos ataques no están considerados como un delito en el Código Penal Federal. En la CDMX desde enero de 2020 los ataques con sustancias corrosivas tienen penas que van de los 9 a 12 años de prisión.
México es uno de los países más afectados por la violencia de género. Solo en 2020 se registraron 967 feminicidios, una cifra ligeramente inferior a los 969 de 2019, según datos oficiales.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA CASASOLA.
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