En un pronunciamiento conjunto difundido este domingo, la Federación dijo que existe un “patrón de violencia estructural” contra los migrantes, que se ejemplifica con mascares como las ocurridas en San Fernando, Cadereyta o Camargo.
Señaló que el despliegue de más de 8 mil elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur del país “ha expuesto a las personas migrantes a un aumento de las violaciones a derechos humanos por parte de esta autoridad, así como a transitar por nuevas rutas que son más peligrosas por la presencia de la delincuencia organizada y la ausencia de ayuda humanitaria que pueda asistirles en el camino”.
Expuso que “la gravedad de las violaciones a derechos humanos en contra de la población migrante es contundente” y en los últimos 20 años se han agudizado las denuncias de violaciones a derechos humanos contra la población en movilidad.
En ese sentido, “la emergencia sanitaria por Covid-19 representa un escenario adverso para la integración de los migrantes en los países de acogida”.
La FMOPDH mencionó que el reciente asesinato de la ciudadana salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza, por policías de Tulum, Quintana Roo, “es sólo un botón de muestra de ese patrón de violencia del que son víctimas las personas migrantes en general y las mujeres en particular”.
En 2020, 41 mil 329 personas solicitaron asilo en México y durante ese periodo se llevaron a cabo 87 mil 260 eventos de detención migratoria, así como 184 mil 423 eventos de repatriación de personas mexicanas desde Estados Unidos.
De acuerdo con el último censo de población, un millón 212 mil 252 personas nacidas en otro país residen en México. Baja California, Ciudad de México y Chihuahua son las tres entidades federativas que concentran la mayor cantidad de personas extranjeras residentes.
La Federación hace un llamado a priorizar la estrategia de atención y protección a las personas en movilidad humana, de acuerdo con los convenios y tratados suscritos por México, en especial por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo.
Señalan que el país “está obligado a contar con un sistema sólido de protección y a ese sector y robustecerlo”, por lo que urge construir compromisos regionales, desde la mirada local, para atender y proteger a las personas migrantes y refugiadas.
AUTOR: REDACCIÓN.
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