Con esta audiencia también buscan identificar a los autores materiales e intelectuales de su asesinato y llevarlos ante la justicia, así como reconocer que hubo una manipulación en las investigaciones, señala la abogada de la familia. Durante estos años, las defensoras de Digna han sostenido que hubo una actuación intencional de los encargados del caso de “manipular los peritajes y la información en la investigación” para conducirlas al suicidio y desacreditar otras líneas de investigación, como la condición de género de Ochoa y su trabajo como defensora, expone Salas Ramírez.
Este lunes, la doctora Erika Guevara presentó en la audiencia un peritaje donde expuso el contexto de violencia hacia personas defensoras en el país, tanto previo al asesinato de Digna, como en la actualidad, donde “prevalece un clima de impunidad”. El propio testigo del Estado, quien participó en las investigaciones, reconoció que la escena del crimen fue contaminada y que no se hizo un levantamiento adecuado del cuerpo, ni se recopilaron evidencias en el lugar.
Dentro de los peritajes independientes que se presentarán en el litigio internacional, expondrá la doctora Ángela Buitrago, quien integra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso de Ayotzinapa. Buitrago, asegura Salas, hará un análisis sobre las deficiencias de la averiguación previa y revelará si se agotaron las líneas de investigación, si se actuó con la debida diligencia, y también expondrá un análisis pericial de la investigación realizada por las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal (PGJDF).
Algunas de las pruebas que se presentaron ante la Corte, son el testimonio de Emilio Álvarez Icaza, quien en el momento de los hechos era presidente de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal (CDHDF), y el de Pilar Noriega, defensora de derechos humanos y compañera de Digna. Con sus testimonios buscan señalar que, además de una “investigación deficiente”, hubo una “campaña de cabildeo” para tratar de convencer a la opinión pública de que Digna se había suicidado por tener un problema psiquiátrico, condenó la abogada. “Estos testimonios dan cuenta de las filtraciones de la PGJ para tratar de manipular a actores políticos, activistas, periodistas, para desacreditar la imagen de Digna, lo que llevó a un rompimiento al interior del movimiento social”, asegura la abogada.
La investigación en el caso de Digna se dio por concluida hace más de diez años, y aunque la familia interpuso diferentes recursos, las autoridades se negaron a admitir pruebas y “se aferraron a la hipótesis del suicidio para no indagar a miembros del Ejército”, expone Salas, quien considera que esta audiencia es una reivindicación para Digna, para su familia, para quienes las han acompañado, y también para las personas defensoras de derechos humanos en el país, pues el clima de impunidad prevalece.
“El Estado mexicano tiene una deuda pendiente con las personas defensoras, este caso daría pie para establecer mejoras en la política pública”, considera la activista, y señala que la sentencia de la Corte será una oportunidad para que las autoridades replanteen medidas para brindar protección efectiva a las personas defensoras y que garanticen su labor.
AUTOR: ERIKA LOZANO.
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