La operación de la mina Cuzcatlán en el Valle de Ocotlán, en Oaxaca, ha dejado a los poblados aledaños con ríos contaminados, división entre los habitantes, enfermedades respiratorias, de la piel o gastrointestinales, cultivos y animales muertos, y un “racismo” por parte del personal de la Semarnat, denunciaron afectados y autoridades locales.
“Si por ellos fuera [Gobierno federal y estatal] mejor que no se vaya la empresa, porque ellos no están sufriendo las consecuencias como nosotros”, dijo una locataria de San José del Progreso, donde se ubica la mina, quien pidió el anonimato por cuestiones de seguridad. “Las autoridades dicen que no contamina y que sus tóxicos no causan daño a la salud, pero dicen eso porque no viven acá ni lo padecen”, recriminó otra habitante de Magdalena Ocotlán, donde pasa el río Coyote contaminado por un derrame hace dos años.
Al proceso “violento de imposición” mediante un operativo policiaco en mayo de 2009 y “sucios acuerdos” con operadores políticos y caciques locales, “le han continuado más de 11 años de saqueo y explotación del territorio de los Valles Centrales de Oaxaca, tiempo en el que la empresa—filial de la canadiense Fortuna Silver Mines— ha alterado drásticamente nuestras dinámicas comunitarias, desgastando nuestro tejido social y fomentado la confrontación entre nuestro pueblos”, dice el comunicado sellado y firmado por el Alcalde Alejandro Taurino Ávila y el Regidor de Ecología Gonzalo Sánchez Ruiz.
Sin una consulta libre, previa e informada, la empresa entró a San José del Progreso en 2004, comenzó a explorar en 2006 a partir de una mina colonial y en 2011 arrancó la operación. Sólo en 2020, la compañía reportó la producción de seis millones 165 mil onzas de plata y 37 mil onzas de oro, lo que implicó el gasto diario de ocho millones 100 mil litros de agua.
“De 2009 para acá nuestro escenario social cambió totalmente. Aumentó el proceso de división que hay en las comunidades, sobre todo por los partidos políticos. Aunque San José del Progreso se rige por usos y costumbres, hay muchos intereses partidistas y electorales”, dijo uno de los locatarios que también pidió el anonimato por temor a las represalias. “La minera está metida en eventos de la Guelaguetza y hasta en la Iglesia. Se habla bien de ella en misas o en las escuelas, lo que provoca división”.
Una habitante de un poblado vecino coincidió. “A partir de 2009, si nuestra comunidad no había tenido una buena relación por cuestiones políticas y personales, esto vino a romper más el tejido social porque la empresa metió la idea de que traía desarrollo y la gente se fue con esa finta; ahora nos tachan de revoltosos y que no queremos el progreso”, afirmó.
Desde entonces, enfatizó una vecina más, la inseguridad ha empeorado en los Valles Centrales de Oaxaca. “Aumentaron los robos, las violaciones, los feminicidios y los asesinatos”, aseguró.
En una primera entrega, SinEmbargo informó que el Frente No a la Minería pidió a la Semarnat no aprobar la segunda MIA solicitada por la minera, cuya extracción de plata con contenido de oro ha contaminado el río El Coyote y el río Santa Rosa. Personal de la dependencia informó este mes que el diálogo inició en diciembre pasado por órdenes del Ejecutivo y se comprometieron con los pobladores a realizar estudios de calidad del agua para detectar posibles daños ocasionados por el derrame de desechos en el río El Coyote en 2018.
La Semarnat tiene hasta finales de abril para dar la resolución respecto a la MIA. La minera Cuzcatlán, por su parte, niega haber contaminado los cuerpos de agua, dice estar sujeta a “una ola de desprestigio” y afirma que opera en la legalidad.
“LOS ANIMALES SE MUEREN DE LA NADA”
Después del derrame de desechos tóxicos de la presa de jales de la mina al cauce del río Coyote el 8 de octubre de 2018, autoridades de pueblos vecinos reportaron un cambio de coloración en el agua y mayores casos de enfermedades de vías respiratorias, planteó en el comunicado el Edil Alejandro Taurino y el Regidor de Ecología Gonzalo Sánchez.
Luego de los derrames en los afluentes Coyote y Santa Rosa, en 2018 y 2020, estudios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), EDUCA Oaxaca y Oxfam detectaron la presencia de aluminio, fierro, plomo y hierro.
“Este veneno es lo que hay y la Profepa no lo atiende. Debería tener una repercusión legal, porque esto es criminal al poner en riesgo la salud de la gente”, dijo el oriundo de San José del Progreso.
En los últimos cinco años las lluvias han aminorado en las poblaciones alrededor de la empresa, y con ello el agua de los pozos y presas. “Ahorita en la época de calor que no hay lluvias nosotros no estamos en la posibilidad de estar comprando agua”, aseguró otra locataria.
A la escasez de agua, y ante la presencia de un polvo blanquecino en la atmósfera, se han sumado enfermedades que antes de la actividad extractiva la población no presentaba como sangrado de nariz, resequedad en la piel, gripa, tos —no sólo en época invernal—, dolores de huesos y, desde el derrame hace dos años, también enfermedades gastrointestinales.
“En las tardes-noches o en las mañanas se ve en el cielo que baja como una nube espesa y grisácea, donde se nota el polvo. No desaparece y ahí se mantiene”, describió la locataria.
Otros locatarios, dedicados a la agricultura, agregaron que los cultivos y los animales también han sido afectados por la crisis climática y la operación de la minera. Algunos han muerto y otros, como los conejos, han migrado.
“Las siembras ya no se dan como antes. Con poca lluvia se daban buenos frutos, pero ahorita ya no”, aseguró la mujer. “De años anteriores a estos, nos damos cuenta que los animales también están sufriendo este cambio de clima y la contaminación del agua y del aire que estamos respirando. Algunos se mueren de la nada, pero no tenemos dinero para llevarlos al veterinario para que nos diga la causa de su muerte”.
Otra habitante agregó que, al regar las plantas con el agua de la región, las hojas quedan con manchas blancas. “Antes, donde estaba la minera, se veía el campo y ahora está todo desértico. Esto ha pasado apenas en 12 años, qué pasará si la Semarnat aprueba el proyecto ‘San José II’ para expandirse”, cuestionó. “Nosotros que trabajamos en el campo notamos que las plantitas ya no crecen, se mueren poco a poco. Es muy triste y doloroso”.
ACUSAN RACISMO Y COLUSIÓN
Las autoridades de San José del Progreso acusan “racismo institucional” por parte de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), ya que “ignora” sus demandas y no ha cumplido con los compromisos establecidos en una reunión de diciembre del año pasado entre autoridades locales y personal de esta dependencia, realizada más de un año después de que expusieron el problema socioambiental al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En contraste con la respuesta al Frente No a la Minería por petición del Presidente y apoyados por organizaciones civiles, a los habitantes zapotecos consultados les “hacen caso omiso” y “desprecian” tanto los documentos que entregan como sus llamadas telefónicas.
“Nos consideran gente de pueblo y campo que no nos expresamos bien. Nos ven como menos, pero no es justo que nos traten de esa manera”, planteó una habitante de Magdalena Ocotlán. “Pero nosotros seguiremos en la lucha porque es su obligación revisar el caso dado el derrame”.
Entre los compromisos acordados está la entrega inmediata de la información sobre el derrame sobre el río Coyote luego de las fuertes precipitaciones registradas en octubre de 2018; la realización de estudios de agua, suelo, aire y sedimentos; y la copia de solicitud de la segunda MIA para el proyecto “San José II”, ya que la primera vence este 2021.
“No esperamos gran cosa de la Semarnat y la Secretaría de Economía ni se ha pronunciado [sobre las concesiones]”, confesó una de las locatarias. “No están comprometidos con el pueblo, seguirán el juego del Gobierno de que vienen a ver y harán estudios, pero al final aprobarán la MIA que no menciona el impacto social y la contaminación auditiva”.
Desde la Presidencia Municipal de San José del Progreso se señala “una perversa complicidad” entre la compañía Cuzcatlán y el Gobierno estatal, ya que, mientras la minera contamina la región y vulnera los derechos al agua, al medio ambiente sano y a la salud de los habitantes, el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa la hace patrocinadora oficial de la Feria del Mezcal y la Guelaguetza.
Los habitantes del Valle de Ocotlán consultados por SinEmbargo coincidieron en este señalamiento. “El Gobierno estatal no se compromete a dar un ultimátum para que se vaya, al contrario, se reúne con ellos y a los pueblos –a 45 minutos de la capital oaxaqueña– no los visita”, recriminó una de las vecinas.
AUTOR: DULCE OLVERA.
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