La vinculación a proceso de la candidata panista a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, detuvo la avalancha de apoyo social que logró mientras el caso permaneció en pugna política y sumó a su favor los liderazgos nacionales de la oposición.
Campos atrajo a líderes de la extrema derecha del PAN con el lema #HastaDondeTope y la consigna de no dejar llegar a Morena al poder en Chihuahua. A ellos se agregaron el PRD y priistas allegados al exgobernador César Duarte Jáquez, actualmente preso en Miami, sujeto a un proceso de extradición.
La panista es candidata de la alianza Nos Une Chihuahua (PAN y PRD). El PRI se unió a esta alianza con otras candidaturas, pero por la gubernatura postuló a Graciela Ortiz González.
Tres de los abogados panistas defensores de Campos son exprocuradores: Francisco Molina Ruiz lo fue del estado con el gobernador Francisco Barrio Terrazas y después el presidente Ernesto Zedillo lo nombró comisionado del Instituto Nacional de Combate a las Drogas; Arturo Chávez Chávez fue procurador de Chihuahua y de la República en el gobierno de Felipe Calderón, y Arturo Lozano Gracia lo fue de la República en el gobierno de Zedillo.
A su vez, en las redes sociales convergen los mensajes de militantes de Morena, de Movimiento Ciudadano (MC), así como de activistas y funcionarios allegados al gobierno de Javier Corral Jurado.
Morena y MC abrieron espacios a activistas y panistas del gobierno de Corral que no fueron tomados en cuenta por Acción Nacional en Chihuahua. Miguel Riggs, uno de los principales colaboradores del gobernador y exsíndico de Chihuahua, será el candidato a la alcaldía capitalina por MC; Carlos Borruel Baquera, exdirector de la Comisión Estatal de Sustentabilidad y Vivienda, será candidato a diputado por Morena.
Esos dos partidos junto con el del Trabajo, el PRI local y Redes Sociales Progresistas pidieron al Instituto Estatal Electoral (IEE) analizar la candidatura, porque el artículo 23 de la Constitución local impide que sea candidata una persona con un auto de vinculación o vinculada a proceso. El artículo 12 de la misma legislación, añaden, pide comprobar que la persona candidata tenga un modo honesto de vivir y lo mismo establece el artículo 24 de la Constitución federal.
El IEE sólo tomó en cuenta que las candidatas y candidatos cumplieran los requisitos que les pide esa institución. Morena y MC impugnaron la candidatura y la decisión está en manos del Tribunal Estatal Electoral. Al respecto, la defensa de Campos Galván presentó ante el Tribunal Superior una queja contra el acto de vinculación a proceso.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2319 del semanario Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario