La nota firmada por Zorayda Gallegos señala que las compras se hicieron bajo la partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional, por lo que los contratos no fueron transparentados por la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero. “En el sexenio anterior la compra del programa Pegasus con el que se espió a activistas y periodistas también se realizó con cargo a esta bolsa del presupuesto que se usa de forma discrecional y es poco transparente”.
El texto explica que diversos informes del órgano interno de control de la FGR muestran que se celebraron al menos cuatro contratos para servicios de consulta y análisis de datos masivos, así como para localización geográfica. El País afirmó que buscó a la institución para tener su versión del uso que se le está dando al software, pero que no obtuvo respuesta.
El primer contrato estuvo a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y se firmó el 30 de mayo de 2019 por un monto de 2.4 millones de dólares. “El servicio descrito en el contrato es conocido en el mercado del ciberespionaje como Geomatrix y es el mismo que había adquirido la Fiscalía en el sexenio anterior y que era usado sin controles”, según detalla la reportera. Con este programa se obtiene la ubicación y el movimiento de los objetivos de interés, desde cualquier lugar en tiempo real.
Otro de los contratos fue para la adquisición en 2019 del servicio “Echo-Plataforma de consulta y análisis de datos masivos”, a cargo de la Policía Federal Ministerial, que pagó 1.1 millón de dólares en 2019, mientras que la FGR erogó 1.7 millones de dólares en 2020. “Es una plataforma que permite a los usuarios (como la FGR) obtener información sobre un punto de interés en particular o la recolección masiva de información de todos los usuarios de internet en el país. No requiere preinstalación de ningún equipo físico y opera de forma silenciosa y encubierta”, explica el diario español.
“La adquisición de estos programas no es ilegal y son usados, según justifican las autoridades, para el combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, también pueden ser utilizados de forma arbitraria, violando el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia”, resalta el medio. Sin embargo, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) dijo al medio que la operación de estos sistemas puede violar los derechos humanos.
Luis Fernando García Muñoz, director de la R3D, apuntó que cuando la FGR firmó el contrato con Neolinx para el servicio de localización geográfica en tiempo real en 2019, la FGR reportó en la Plataforma Nacional de Transparencia que solicitó 124 veces autorización judicial para localización geográfica, pero el contrato es por 135 mil búsquedas “por lo que de nuevo se presume enormemente su uso ilegal”.
Justo este miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tocó el tema del espionaje ante las críticas por la reforma aprobada en el Senado que obligará a los usuarios de telefonía móvil a compartir sus datos biométricos con las compañías.
Con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM) que contendrá el número de línea, fecha y hora de activación, nombre completo del usuario, su Clave Única de Registro de Población (CURP) y sus datos biométricos, entre otra información. La iniciativa fue propuesta por Morena, que justificó su necesidad para combatir las extorsiones telefónicas, secuestros y el crimen organizado.
López Obrador argumentó en su rueda de prensa matutina este miércoles que “está de por medio la seguridad y no puede haber ningún negocio por encima de la seguridad del pueblo”.
“Unos que no quieren dar información porque piensan que el Estado va invadir lo que tiene que ver con la libertad y lo individual, decirles que tengan confianza. Nosotros no vamos nunca a llevar a cabo acciones de espionaje”, manifestó.
Pese a que el Presidente ha reiterado en diversas ocasiones que su Gobierno no espía, no es la primer vez que se presenta un caso al respecto. En octubre de 2019, Whatsapp reveló que NSO Group, la empresa israelí que vendió el software de espionaje Pagasus al Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, continuó implementando este código malicioso a través. La plataforma de mensajería informó que tras una investigación realizada en conjunto con Citizen Lab encontró una forma más sofisticada de malware vendido al Gobierno mexicano en 2017 que afectó a mil 400 usuarios de 20 países, entre ellos México, quienes fueron espiados entre abril y mayo de 2019.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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