Además, se materializa el peligro de dejar sin la sombra del empleo formal a miles de trabajadores en un mercado laboral muy castigado ya por la pandemia del covid-19.
El lunes 5, en una encerrona del presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su gabinete laboral con empresarios encabezados por Salazar Lomelín y el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, así como de representantes de las principales centrales obreras y los sindicatos más grandes del país, se firmó un acuerdo “histórico” en materia de subcontratación.
Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a cargo de Luisa María Alcalde Luján, los sectores pactaron la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante.
También negociaron el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.
De manera adicional se llegó a un acuerdo sobre el tema del reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto: con un límite de tres meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.
La dependencia que encabeza Alcalde Luján aseguró que con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento de 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.
El acuerdo alcanzado en Palacio Nacional, que se integró al paquete de reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ya fue aprobado sin cambios por la Cámara de Diputados con 284 votos a favor, 108 en contra y 17 abstenciones y ahora está en la cancha del Senado para su discusión, votación y visto bueno.
La reforma que regula a la subcontratación implica distorsiones; en el jaloneo el sector privado tuvo que ceder ante el gobierno, llevando a su paso efectos colaterales en el empleo formal.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2320 del semanario Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR. JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
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