La moratoria de las aprobaciones a nuevas granjas porcícolas debe extenderse «hasta que se resuelvan los problemas de los derechos del pueblo maya y el daño a la calidad del aire y el agua, la biodiversidad y la salud humana» que los complejos existentes provocaron en la región, aseguraron el Centro para la Diversidad Biológica y Greenpeace México en una solicitud respaldada por Equipo Indignación.
Explicaron que su solicitud es un respaldo a la denuncia regional que interpusieron 21 comunidades mayas de la Península de Yucatán ante «la omisión del gobierno de consultar a los grupos indígenas antes de aprobar las granjas de cerdos industriales ambientalmente destructivas en la región».
De acuerdo con Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, “la aprobación unilateral del gobierno mexicano de la cría industrial de cerdos en territorio indígena ignoró los derechos y la salud de las comunidades locales”, lo qu ha contribuido a la pérdida de vida silvestre en la región y a alimentar la crisis de extinción global.
Los colectivos firmantes de la solicitud recordaron también que el crecimiento «desenfrenado» de la cría de cerdos industrial en la Península «ha degradado el aire, el suelo y el agua», vulnerando la salud de las comunidades Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
Por ello, instaron a los funcionarios mexicanos a responder los reclamos de las comunidades mayas cuyos derechos fueron violados por la construcción de granjas industriales porcinas en sus territorios.
El comunicado completo:
El Centro para la Diversidad Biológica y Greenpeace México presentaron una solicitud formal respaldada por Indignación AC instando al gobierno mexicano a respetar el derecho soberano de las comunidades indígenas, según la ley mexicana, a los derechos humanos básicos, incluida la autodeterminación y la consulta sobre la concesión de permisos y el funcionamiento de las granjas industriales en expansión en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como atender la solicitud de los pueblos mayas de una moratoria sobre todas las aprobaciones de nuevas de granjas industriales porcinas y ampliaciones hasta que se resuelvan los problemas de los derechos del pueblo maya y el daño a la calidad del aire y el agua, la biodiversidad y la salud humana.
Esta solicitud es en respaldo al grupo de 21 comunidades mayas que interpusieron una denuncia regional dirigida a los titulares de la Procuraduría Federal De Protección al Ambiente del Gobierno Federal (PROFEPA) Blanca Alicia Mendoza Vera; la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Blanca Jiménez Cisneros; y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (SEMARNAT), María Luisa Albores González con una serie de preocupaciones respecto a la omisión del gobierno de consultar a los grupos indígenas antes de aprobar las granjas de cerdos industriales ambientalmente destructivas en la región. Dicha denuncia fue preparada y presentada por la organización de derechos humanos Indignación.
“La aprobación unilateral del gobierno mexicano de la cría industrial de cerdos en territorio indígena ignoró los derechos y la salud de las comunidades locales”, dijo Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica. “Las plantas y animales de la selva maya constituyen uno de los puntos de biodiversidad más impresionantes del mundo. El crecimiento desenfrenado de las granjas industriales destructivas está acelerando la pérdida de vida silvestre en la región y ayudando a alimentar la crisis de extinción global”.
La selva maya de la península de Yucatán proporciona numerosos recursos animales y vegetales para la alimentación y la medicina. También proporciona un hábitat crítico para innumerables especies de plantas y animales, incluidos los monos araña y jaguares en peligro, así como hongos y microorganismos.
La península de Yucatán cuenta actualmente con aproximadamente 257 granjas industriales de cerdos registradas que producen más de 1 millón de animales al año para el sacrificio, el 14% de la capacidad de producción de México. De las operaciones registradas, el 86% están ubicadas en el estado de Yucatán y el resto en los estados de Quintana Roo y Campeche. La distribución de operaciones en el estado de Yucatán se concentra mayoritariamente en los municipios aledaños a la ciudad de Mérida.
Como se documenta en el informe de Greenpeace La carne que está consumiendo el planeta, el crecimiento desenfrenado de la cría de cerdos industrial ha degradado el aire, el suelo y el agua de la península de Yucatán.
“Es crucial regular la industria porcina existente en la Península de Yucatán para evitar una catástrofe ecosistémica y luego transformar el modelo de producción de carne porcina a nivel industrial desde las raíces”, dijo Viridiana Lázaro, especialista en Agricultura y cambio climático de Greenpeace México.
Desde 2018 niños del pueblo maya de Homún también han estado luchando en tribunales federales y administrativos en México para defender los vastos recursos naturales del área y sus derechos indígenas contra el desarrollo y operación de una granja industrial de 49 mil cerdos propiedad de Producción Alimentaria Porcícola. El caso, que ha resultado en suspensión de las operaciones de la finca, está programado para ser escuchado por la Corte Suprema de México a finales de este año.
La Península de Yucatán alberga cuatro sitios protegidos por la Convención de Ramsar, un tratado internacional que protege humedales espectaculares como Laguna de Términos, la Reserva Geohidrológica Anillo de Cenotes, el Parque Estatal Laguna de Yalahau y la Reserva de la Biosfera Ría Celestún. La Reserva Geohidrológica Anillo de Cenotes, ubicada en Homún en un sitio de importancia mundial donde Chicxulub golpeó la Tierra hace 65 millones de años y provocó la extinción de dinosaurios no aviares, es la que más se pone en riesgo con estas operaciones.
«La contaminación de Yucatán por las operaciones porcinas industriales recae desproporcionadamente sobre los indígenas mayas», dijo Hannah Connor, abogada senior del Centro para la Diversidad Biológica, “ha llegado el momento para que las autoridades ambientales de México respondan a los reclamos soberanos hechos por estas comunidades y aborden con prontitud la graves daños que esta industria representa para los derechos indígenas, el medio ambiente y el agua de la que dependen”, concluyó.
AUTOR: REDACCIÓN.
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