El 29 de marzo pasado, un grupo del 15 Regimiento de Caballería Motorizada de la 31 Zona Militar de Comitán se encontraba en un puesto de control a la altura del poblado Barrio San José Bacantum, municipio de Mazapa de Madera, entre Motozintla y Frontera Comalapa, en la región fronteriza de la Sierra Madre de Chiapas.
En esos rumbos abundan los ciudadanos guatemaltecos que compran abarrotes al mayoreo en las numerosas bodegas del lado mexicano. El favorable tipo de cambio –2.65 pesos por quetzal– hace que miles de chapines ingresen o se acerquen a México para comprar todo lo que pueden.
Ese lunes 29 se encontraban en el destacamento los sargentos segundos de caballería Valentín Prado Quinto y Martín Mar Alonzo, el soldado de sanidad José Alexander Pineda Nulitagua y los soldados de caballería Ronay Alejandro Vázquez Gómez, Ariel Ruiz López y Pedro Carrión Rivera.
Ellos pretendieron detener una camioneta Mitsubishi gris que provenía de Motozintla rumbo a territorio guatemalteco, a fin de revisarla, pero –en la versión de los militares– los ocupantes del vehículo con placas de Guatemala intentaron evadir el retén y tuvieron que dispararles. Dos tiros atravesaron el parabrisas.
En el asiento del copiloto quedó muerto Elvin Mazariegos Pérez, de 30 años, con un impacto en el cuello y otro en el pecho. El conductor, Dylan López, logró bajarse y cubrirse. Un tercer ocupante, de quien no se dijo su nombre y que había pedido “un aventón” e iba en la góndola de la camioneta, logró escapar de ahí.
En una entrevista de Radio Única Tacaná, trasmitida en redes sociales, Dylan López dijo que efectivamente él y su amigo Mazariegos venían de Motozintla y le dieron aventón a otra persona para ingresar a Guatemala, pero asegura que al aproximarse al retén los militares empezaron a dispararles. Ahí vio morir a su amigo. Al revisar la camioneta los militares no encontraron armas ni drogas.
En la entrevista López señaló que la familia de Mazariegos exige pensión para sus hijos.
El oficial de sanidad José Alexander Pineda intentó darle los primeros auxilios a Elvin, pero ya era demasiado tarde. El sonido de los balazos hizo que se reuniera en el lugar la gente de las casas y parajes cercanos.
En la zona casi no llega la señal de telefonía celular e internet. Muchas personas operan con equipo de radiocomunicación: los comerciantes y sus clientes, pero también los halcones de los grupos delictivos que trafican migrantes, combustible, azúcar, ganado, armas, drogas y otras mercancías ilícitas.
Los uniformados fueron rebasados por la multitud, que de inmediato les exigió cuentas, los sometió, desarmó y videograbó con celulares, además de humillarlos. Después, el gentío se llevó a 14 soldados hacia los límites del territorio guatemalteco como rehenes, para exigir la llegada de las autoridades y negociar su liberación a cambio de que se hiciera justicia y se indemnizara a la familia del fallecido.
Esa misma tarde fueron liberados varios soldados, pero seis se quedaron en manos de sus captores, quienes también retuvieron 17 fusiles de uso exclusivo del Ejército y tres vehículos militares.
Tropas de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y policías del estado se movilizaron para intentar rescatar al personal detenido, pero ya estaban en una intrincada zona montañosa cerca de la frontera.
Durante casi 10 horas las autoridades mexicanas perdieron la pista de los militares plagiados, a quienes les había tocado vigilar precisamente ese paso casi clandestino, porque ahí no hay autoridad aduanal que supervise el tráfico entre ambos países.
A las 03:00 horas del martes 30, tras varias horas de negociación, un alto mando militar llegó para negociar la liberación de sus elementos, donde pedía insistentemente la entrega de los fusiles. “Ni siquiera son nuestros, son del gobierno mexicano”, alegaba ante la encolerizada multitud.
El cuerpo de Mazariegos Pérez había sido llevado al Servicio Médico Forense de Motozintla y después entregado a la funeraria Jardín Los Olivos para su traslado en una carroza Hummer negra hacia la municipalidad de Tacaná, en el Departamento de San Marcos, Guatemala.
Aunque no se hicieron públicos los acuerdos a los que se llegó, se supo que se trata de un pago a la familia de Mazariegos y el compromiso de llevar a prisión al responsable de esa muerte. Según el alto mando del Ejército que negoció la libertad de los soldados, “la justicia del fuero militar es de las más severas” y garantizó que el autor material del tiroteo sería procesado.
Olga Mazariegos, hermana de Elvin, pidió además de la indemnización un apoyo mensual para sus sobrinos Melany, de nueve años, Katherine, de cinco, y Christopher, de dos.
El martes 30, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, dijo que en este caso hubo “una reacción errónea por parte del personal militar, porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego ni agresión de ninguna manera, pero uno de nuestros elementos hace algunos disparos donde hiere a uno de los civiles que iban en el vehículo”.
Según Cresencio Sandoval, en la camioneta iban tres personas, se le dio atención médica al herido “y desafortunadamente pierde la vida. Ahí se asegura el vehículo, las dos personas, el cuerpo y al elemento que acciona su arma en contra del vehículo”.
Como los soldados retenidos no fueron internados en territorio guatemalteco, acotó el secretario de la Defensa, no hubo necesidad de que intervinieran las autoridades de ese país, cuyo ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, lamentó la muerte de Elvin Mazariegos.
Zona caliente
Pese a que el mando militar que encabezó la negociación se comprometió a llevar al responsable del homicidio al fuero militar, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó el 30 de marzo que atrajo el caso y turnó las investigaciones a su Fiscalía de Inmigrantes, con sede en Tapachula, donde se abrió la carpeta de investigación 003-084-1207-2021.
En la versión de la FGE, se encontró el cuerpo de Elvin “N”, de 30 años y nacionalidad guatemalteca, en un vehículo Mitsubishi color gris con placas de Guatemala. Presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego en el cuello y en el pecho.
El día 31 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció el inicio de una investigación de oficio “por la muerte de un joven guatemalteco que fue ultimado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”.
Según la CNDH, los hechos se produjeron “una vez que la camioneta en la que viajaba como copiloto tratara de evadir un retén que el Ejército Mexicano había establecido a pocos metros de la línea divisoria entre México y Guatemala, en el municipio de Mazapa de Madero, Chiapas”.
El organismo explicó que la investigación tiene el fin de indagar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos de la Sedena, que por su naturaleza pudieran resultar de especial gravedad y constituir violaciones a los derechos humanos.
Víctor Hugo López, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que agrupa a 86 organizaciones de 23 estados de la República, dice que son los riesgos que se corren cuando se saca al Ejército de los cuarteles y se le pone hacer labores policiacas y migratorias, sobre todo en regiones como la frontera sur.
Desde sexenios pasados, argumenta, se han denunciado los abusos y arbitrariedades cometidos por los cuerpos policiacos y militares, mismos que se agudizaron en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, al crear la Guardia Nacional con soldados y lanzarlos a las calles a hacer todo tipo de labores de seguridad pública, en una militarización plena.
López señala que el caso de Mazapa de Madero fue contra un ciudadano guatemalteco, pero en todo el país los organismos defensores de derechos humanos han documentado abusos, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos o abusos que han llegado a instancias internacionales.
En esa circunstancia, enfatiza, los defensores de derechos humanos siempre han pedido que estos casos sean juzgados por tribunales civiles y no por los militares, ya que éstos han dejado impunes los crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas.
La región donde ocurrieron los hechos es parte de la ruta de pasos informales o puntos ciegos, donde las autoridades federales mexicanas casi no tienen presencia y por consiguiente no se le pide documentación a nadie.
Daniel Villafuerte Solís, investigador del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, experto en asuntos de la frontera sur, dice que en la región conviven familias de forma binacional desde antaño.
Esto implica también un fuerte intercambio comercial a través de la frontera, pero Villafuerte señala que en los últimos ocho o 10 años se ha incrementado la presencia de las Fuerzas Armadas ante el trasiego de armas y de drogas por el crimen organizado.
Además, a decir del investigador, en esta zona se localiza la ruta central de los migrantes, que pasan por la presa de La Angostura para salir por la región central del estado, en Tuxtla Gutiérrez.
En varias ocasiones reporteros mexicanos han intentado entrar en esa “zona caliente” para documentar el tráfico ilegal de mercadería, pero de inmediato son reportados por los halcones y hostigados por civiles armados hasta que se van del lugar.
Este reportaje forma parte del número 2318 de la edición impresa de Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
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