Los retenes son dos y se instalaron desde finales de 2020. Los del primero, se presentan como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. En el segundo del Cártel de Sinaloa. Entre ambos hay una distancia de kilómetros, pero los pobladores temen que en la lucha de estos cárteles por apoderarse del territorio les roben, desaparezcan, violen, maten o los obliguen a hacer trabajo forzado.
El sitio es asediado por ambos grupos criminales pues es la única vía terrestre de paso del sitio para llegar desde la Zona Wixárika hacia Guadalajara y a su vez para llegar a los límites con Nayarit, Zacatecas y Durango.
Si controlan el camino, controlan la zona. Por eso el temor. Si los grupos criminales no les dejan pasar, no vuelven a regresar a sus casas. Si no les dejan salir, no tiene cómo surtir sus necesidades básicas.
“No hablamos de dos, tres, cuatro personas (en esos retenes), son de 20 a 25 vehículos, con gente armada, así parecido como al Ejército. Ahí si, pues ni como … te revisan el celular, te hacen preguntas, te dicen que si viste gente armada, pues uno por miedo dice que si, o no, no sabes que decir, y si ya no concuerda la información te intimidan”, comenta un testigo a quien llamaremos Luis por razones de seguridad.
Los pobladores cuentan a Animal Político que es una situación que conoce el gobierno. “En enero, vino un funcionario de gobierno con dos patrullas del Estado y obviamente vieron esto, pero no hicieron nada”, dice Luis.
También en febrero robaron el automóvil donde los médicos de la Secretaría de Salud se desplazaban para atender emergencias y llegar a la comunidad. Por eso, los médicos tienen semanas sin ir a San Andrés. “Este es el tercer vehículo que grupos criminales les quitan a los médicos, pero no se hace nada y obviamente sí se reporta”, detalla Luis.
Wixarikas temen denunciar
Cansados de la situación, los pobladores decidieron denunciar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco el pasado 18 de marzo.
La razón de porqué solo lo hicieron ante una comisión que sólo puede pronunciarse y recomendar, pero no ejercer acciones en concreto, fue porque temen exponer el caso ante las autoridades, y que estos, estén coludidos con los grupos criminales.
“No sabemos realmente lo que sucede, el gobierno (sabe y) no hace nada, y pues, en vez de denunciar a los delincuentes, nos vamos a ir a denunciar a nosotros mismos, es la inseguridad que tenemos hacia los municipales, hacia lo estatal, ¿por qué no fuimos directo a la Fiscalía o a la Secretaría General de Gobierno? Pues por miedo a que nos pase algo”, comenta Luis.
Una policía desarmada
La idea que tienen los pobladores sobre la posibilidad de que las autoridades están coludidas con grupos criminales no es fortuita.
El pasado 26 de febrero, la policía de Mezquitic -municipio a donde pertenece la comunidad de San Andrés Cohamiata- fue desarmada. La Fiscalía Estatal explicó que se debe a una presunta participación de sus elementos en diversos delitos.
El comisario y otros tres elementos están vinculados a proceso, pues se aportaron pruebas sobre su presunta partición en la desaparición forzada y homicidio de tres personas en septiembre de 2020.
También se les relaciona con la desaparición de Álvaro Madera, precandidato a la alcaldía de Mezquitic, que fue interceptado el pasado 4 de febrero, cuando se dirigía a Huejuquilla el Alto.
Además, hay otros tres elementos que están detenidos por su probable relación con el delito de secuestro agravado.
Una recomendación de la defensoría
El 18 de marzo la CEDHJ recibió el reporte de que estaban suspendidos los servicios médicos, de seguridad y de apoyo de programas sociales en la comunidad.
Un día después la defensoría hizo un llamado donde pedía seguridad para los pobladores por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, el regreso de personal médico de la Secretaría de Salud Jalisco a la comunidad, y alternativas de registro para que no se pierdan los apoyos de programas sociales.
Los pobladores reconocieron que tras el pronunciamiento de la defensoría llegó la Guardia Nacional al sitio, pero a los pocos días se fue y se quedaron solos.
La policía municipal solo va a San Andrés Cohamiata a solicitud expresa. Tienen que hacerles llegar un oficio para pedir rondines de vigilancia o llamar de un teléfono en caso de emergencia.
Los médicos siguen sin desplazarse a los centros de salud. En el lugar permanecen los enfermeros de la comunidad, pero no pueden atender a los pacientes que llegan con enfermedades o complicaciones médicas y desplazarse implicaría un traslado de hasta 7 horas.
Sobre los apoyos sociales federales, como el estímulo a personas de la tercera edad y la beca Benito Juárez están suspendidas de momento. En el caso de los apoyos locales y estatales se trabajan a través de internet, pero los pobladores aseguran que las ayudas no pueden llegar a todos.
Aldo Reynoso, tercer visitador de la Comisión explica que “también parte del problema es que, en la ruta, pueden iniciar enfrentamientos. Ese es el detalle, si logras pasar, te vas a quedar en San Andrés porque te va a dar miedo regresar”.
Una violencia más cercana
Los mismos pobladores reconocen que no es el primer retén que han sufrido a manos de grupos criminales. Entre los años 2010 y 2011 también lo vivieron por parte de los Zetas, pero reconocen que el grupo criminal nunca accedió a la comunidad como sucede ahora.
Incluso partícipes de proyectos sociales reconocieron que en 2013, camino a la comunidad tuvieron una revisión a manos de un grupo armado, lo que les desmotivó a llegar a su destino. Finalmente, por miedo a que sucediera lo mismo este mes, decidieron no dirigirse a la comunidad.
“Ahora tenemos conocimiento que en la noche se insertan en la comunidad (de San Andrés) para resguardarse cuando tienen enfrentamientos, y si bien no estamos con ninguno de ellos, no queremos que en una de esas pase un fuego atravesado” comenta otro de los testigos.
Para los grupos criminales es fácil insertarse, pues San Andrés Cohamiata está compuesto por 21 pequeñas comunidades, a las que llaman comisarías y que atraviesan largas distancias donde puede no existir ni luz.
Un territorio de amapola
Desde 2018, la Fuerza Única Regional reportó la presencia de sembrados de amapola en la Zona Wixárika, en concreto en la comunidad de San Andrés Cohamiata.
El aseguramiento fue uno de los más grandes de ese año y ocurrió en la Comisaría de Los Lobos. Ahí encontraron 13 sembradíos con 861 mil 800 plantas de amapola, que representaban más de la décima parte de todo lo hallado en lo que va del año.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: SIBONEY FLORES.
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