El Instituto Mexicano para la Competitividad detalló que el Gobierno federal dio contratos por 205 mil 195 millones de pesos en adjudicaciones a lo largo de 2020, lo que representó el 43 por ciento de lo asignado en ese año a contrataciones. Un año antes había sido el 39 por ciento.
El análisis del think thank a los datos de Compranet señalan que el Gobierno federal realizó adjudicaciones directas por más de 205 mil 195 millones de pesos, lo que representa el 43 por ciento del monto contratado en todo el año, mientras que las compras realizadas por licitación pública alcanzaron apenas el 40 por ciento.
“Esta es la primera vez que los recursos destinados a adjudicaciones directas por el Gobierno federal son mayores a los contratados mediante licitaciones públicas”, destaca el estudio.
El IMCO resalta que en un análisis previo documentó que el porcentaje del monto adjudicado directamente en 2019, primer año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue cuatro puntos porcentuales mayor que en 2018, pasó del 35 por ciento al 39 por ciento. “En el segundo año de esta Administración, esta cifra rompió un récord histórico, superando cualquier otro tipo de contratación”.
Aunque la Constitución establece que las compras públicas deben priorizar la competencia, los procesos de excepción como las adjudicaciones directas se volvieron la regla de contratación en el Gobierno federal. pic.twitter.com/UT2vlFLBeP
— IMCO (@imcomx) April 29, 2021
El centro explicó que las licitaciones públicas son el procedimiento que más promueve la competencia, ya que al ser concursos con convocatorias abiertas permiten más participantes para encontrar mejor calidad a precios más bajos, en contraste con los procesos donde se limita el número de participantes, como las invitaciones restringidas o las adjudicaciones directas.
“La tendencia creciente de adjudicaciones directas es un foco rojo para la competencia y, además, representa un riesgo de corrupción, ya que la ausencia de criterios objetivos para seleccionar contratistas abre espacios a que la decisión pudiera estar influida por acuerdos ilícitos”, alertó.
Apuntó que la Constitución y las leyes de adquisiciones establecen que las compras públicas deben de ser realizadas mediante licitaciones públicas, salvo en casos excepcionales, pero que a pesar de esto, “casi 1 de cada 2 pesos gastados por el Gobierno federal fue contratado mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Los procedimientos establecidos como la excepción se han convertido en la regla de contratación del Gobierno federal”.
El IMCO agrega que si sólo se considera el número de contratos asignados mediante adjudicaciones directas, sin considerar su valor, queda n evidencia que el porcentaje de contratos por adjudicación directa mantuvo una proporción alta y constante de 2013 a 2020.
“Tanto en el gobierno de Enrique Peña Nieto como en el de Andrés Manuel López Obrador, el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 70 por ciento. En los últimos cinco años, de 2015 a 2019, este porcentaje fue mayor al 80 por ciento”, sostiene.
El análisis alerta que a partir de 2019 hay un cambio importante: “no sólo 8 de cada 10 contratos son realizados mediante procesos sin concursos, sino que estos también representan una mayor cantidad de recursos”.
El Gobierno federal ha argumentado que la entrega de este tipo de contratos se hace para acelerar los procesos en medio de la pandemia por la COVID-19.
Además ha señalado que los procesos de licitación era simulados en pasados gobiernos.
“Tenemos que cuidar mucho lo de la entrega de contratos. Yo prefiero que se cuide a quién se le van a dar los contratos porque uno de los problemas que se presentan, que eran común en las pasadas administraciones, es que se abrían las pasadas licitaciones, en apariencia, se descalificaban a los que no convenían y se le daban al que querían el contrato”, criticó el mandatario en octubre de 2019.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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