Según informó el Poder Judicial, los elementos navales acusados seguirán en prisión al menos seis meses, mientras que se desarrolla el plazo de investigación complementaria.
Estos son los primeros militares que son formalmente acusados por la ola de desapariciones que tuvieron lugar en Nuevo Laredo en el primer semestre de 2018. Todavía hay 24 acusados de participar en la desaparición de otras tres personas, entre los que se encuentra Julio César Viramontes Arredondo, sobre los que el juez debe tomar una decisión.
Los 30 marinos fueron puestos a disposición de las autoridades el pasado 9 de abril, después de que la Fiscalía Especializada en Investigación de los delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara las órdenes de aprehensión.
Desde el miércoles, un juez federal en Reynosa analiza tres causas penales vinculadas a la desaparición forzada de cuatro personas en Nuevo Laredo: la 155/2020, 307/2020, y la 308/2020.
La FGR tiene abiertas 34 carpetas de investigación relacionadas con la desaparición de 47 personas en Nuevo Laredo entre enero y junio de 2018. De ellos, al menos 12 aparecieron muertos, por lo que los familiares también piden que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales. Las sospechas recaen sobre la Unidad de Operaciones Especiales de la secretaría de Marina, un grupo de élite encargado de los grandes operativos contra el crimen organizado.
Las familias han mantenido el silencio durante la última semana a la espera de conocer la decisión del juez. Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, insistió tras conocerse los arrestos que la clave está en que los marinos colaboren y permitan que se conozca el paradero de los desaparecidos, a quienes sus allegados buscan desde hace tres años.
Hasta ahora el único caso judicializado era el de Julio César Viramontes Arredondo. En julio de 2020 un juez de Reynosa acusó a nueve marinos de desaparición forzada pero no ordenó su detención. Entre los señalados se encontraba Salvador Gerónimo Ramírez, oficial al mando del operativo del día en el que el joven fue desaparecido.
Desde que las desapariciones se registraron los familiares acusaron a los marinos. En el caso de Viramontes Arredondo, su madre, Ericka Arredondo, asegura que fue capturado después de un supuesto choque vehicular, que ella considera premeditado. Hubo testigos que aseguraron que los elementos de la Armada se llevaron a un joven tras el accidente. Desde entonces no se volvió a saber nada del joven.
Algo similar ocurrió con Bautista Carrillo, de 32 años. Su esposa, Ericka Castro, fue testigo de cómo desapareció después de que varios marinos irrumpiesen en una fiesta en un yonque que tuvo lugar el 16 de mayo de 2018. Desde entonces no se volvió a saber del hombre y la Marina siempre negó habérselo llevado, a pesar de que hubo decenas de testigos que contradicen esta versión.
Hay todavía muchos interrogantes. El primero, conocer el paradero de los desaparecidos. Esa es la urgencia de mujeres como Arredondo o Castro, que llevan tres años denunciando la impunidad de los marinos. Ahora, después de la acusación formal, falta por saber qué han declarado los uniformados.
Las desapariciones de Nuevo Laredo tuvieron lugar entre enero y junio de 2018. Aunque la Semar negó las acusaciones, lo cierto es que 265 elementos fueron acuartelados en Ciudad de México después de que hasta la oficina del Alto Comisionado de la ONU en México señalase a la Armada y diese validez a los testimonios de las víctimas. Desde entonces las investigaciones no habían avanzado y tampoco las búsquedas, que fueron impulsadas por los propios allegados. Estos han denunciado que las autoridades no solo ignoraron sus denuncias, sino que también los criminalizaron, acusándoles de tener vínculos con el crimen organizado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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