Bernardino Sánchez Luna, consejero de esa policía comunitaria, exige que el Presidente vaya a sus comunidades: “No conviene que nomás de lejos esté diciendo que no está bien, queremos que venga a la comunidad y que nos muestre dónde están sus guardias nacionales”. Advierte que continuarán reclutando menores hasta que al menos se resuelva el apoyo a las nueve viudas y 14 huérfanos de los músicos de Alcozacán asesinados el año pasado y a los 34 desplazados de la comunidad de Acojtapachtlán por Los Ardillos.
Luego de que el Presidente reprobó en la conferencia de prensa matutina de ayer la presentación de niños armados por la CRAC-PF, Sánchez Luna dijo que el mandatario está mal informado.
Vía telefónica, declaró que el Gobernador Héctor Astudillo Flores y el obispo Salvador Rangel Mendoza (de quienes, según López Obrador, ha escuchado sus opiniones), han declarado y asumido una actitud parcial a favor del grupo delictivo de Los Ardillos, que lo ha venido atacando y hostigando a las comunidades indígenas.
Dijo también que no es verdad que la Guardia Nacional se esté haciendo cargo de la seguridad, como lo aseguró el Presidente, puesto que, incluso, ya retiraron el campamento que tenía en el crucero de Rincón de Chautla, en la carretera Chilapa-Hueycantenango y que a veces hasta se alternan con la gente del grupo delictivo de Los Ardillos en otros lugares donde instalan puestos de revisión.
“Entonces está mintiendo el Presidente que está diciendo que la Guardia Nacional es la que se está haciendo cargo de la seguridad”, sostuvo.
El líder comunitario señaló que el acuerdo con los gobiernos federal y estatal fue que los elementos de la Guardia Nacional se mantendrían en la zona hasta que se controlara el problema de violencia que viene generando el grupo delictivo, “pero resulta que lleva como dos meses que ya no aparecen en el crucero de Rincón de Chautla”.
Aseguró que, mientras tanto, los integrantes del grupo delictivo siguen posicionados en el Crucero del Jagüey y en el Panteón de Tula, desde donde han seguido amenazando y hostigando a las comunidades indígenas del territorio comunitario.
Incluso aseguró que ya se ampliaron a la Escuela Secundaria de Atzacoaloya, “ya son tres grupos a orillas de la carretera Chilapa-Hueycantenango, no nada más dos”, denunció el promotor comunitario.
Por eso insistió que la CRAC-PF está exigiendo que el Presidente vaya a sus comunidades, “no conviene que nomás de lejos esté diciendo que no está bien, queremos que venga a la comunidad y que nos muestre dónde están sus guardias nacionales”.
Denunció que, de hecho, en la escuela de Atzacoaloya, a unos metros de donde están Los Ardillos, están también los elementos de la Guardia Nacional, “o sea que están con ellos, “¿dónde está la seguridad que nos van a dar, si al fin de cuentas se cruzan entre ellos y no les dicen nada?”.
Bernardino Sánchez rechazó que la CRAC-PF esté vinculada con algún grupo de la delincuencia organizada, dijo que, en todo caso, hay dudas de los elementos federales, “porque en el Crucero de Colotepec (otro punto de la carretera Chilapa Hueycantenango) está la Guardia Nacional y en el cerrito, como a 300 metros, están Los Ardillos”.
Expuso que, mientras tanto, en el Crucero del Jagüey, se van alternando, “a veces se pone la Guardia Nacional y a veces Los Ardillos. Ellos (la Guardia Nacional) saben dónde están pero no los quitan, no los desalojan, y allí en el Crucero del Jagüey es donde han levantado a muchos compañeros”.
Añadió que si el Presidente dice que lo tienen informado el Gobernador Héctor Astudillo y el obispo Salvador Rangel, “lo están engañando, porque los dos, con sus declaraciones y actitudes han demostrado que están parcialmente a favor de Los Ardillos”.
“Nosotros no tenemos contacto con el obispo, y el Gobernador, hasta ahorita, no ha venido ni nos hemos entrevistado con él”. Insistió que es totalmente falso todo lo que le han informado al Presidente, “por eso estamos presionando para que venga a Ayahualtempa”.
Sánchez Luna advirtió que mientras no acuda a informarse bien de cómo está la situación “la comunidad ya decidió que va a seguir presionando hasta él que venga”.
Anunció que van a seguir con el proyecto de incorporar niños a la Policía Comunitaria hasta que los gobiernos federal y estatal les resuelvan cuando menos el apoyo a las nueve viudas de los músicos de Alcozacán asesinados el año pasado, a los 14 huérfanos y a los 34 desplazados de la comunidad de Acojtapachtlán por Los Ardillos.
Además, el envío de maestros para la Escuela Secundaria y la Preparatoria de Ayahualtempa para que los niños estudien, “porque no pueden ir a Hueycantenango debido a que ahí está la gente del grupo delictivo”.
Recordó que los gobiernos federal y estatal se comprometieron a mandarles cuando menos tres maestros y la comunidad a conseguir el local, “pero ya llevamos 15 meses y no nos han mandado los maestros”.
AUTOR: REDACCIÓN/ZACARÍAS CERVANTES.
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