Hallaron los investigadores, entre la documentación revisada en la casa del exgobernador, información que los llevó a una cuenta de cheques de una asociación civil cuya presidenta era su esposa, la señora Brenda Lucila Ruacho Bernal, con un total acumulado de 6 millones 811 mil 505 pesos. Dos meses atrás, el mismo gobierno de Morena había interpuesto una denuncia contra la exprimera dama de Baja California, por negociaciones ilícitas y coalición de servidores públicos.
La esposa del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid, y el gobierno de este, establecieron las negociaciones con la fundación Teletón de Televisa para la construcción de un Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil, conocido como CRIT. En el 2015 lo inauguraron.
Como supone la construcción de un centro de rehabilitación infantil, la llegada de los pacientes fue copiosa. Las familias se trasladaban hasta Tijuana, donde se construyó la unidad del Teletón, desde los distintos municipios del Estado, lo que les exigía gastos adicionales como hospedaje, alimentación, transporte.
En un afán de “ayudar” a las familias de otros municipios, la señora Ruacho tuvo la idea de construir unas villas, estancias para los niños en rehabilitación y sus acompañantes, de manera que evitaran el gasto de hospedaje. Entonces inició un periodo de solicitud de donaciones a empresarios y sociedad en general. Entre mayo y septiembre de 2017, la entonces primera dama logró recaudar 6 millones 811 mil 505 pesos, que fueron depositados a la cuenta de su fundación “Cree en tus sueños A.C.”, en la cual ella aparece como presidenta del patronato.
El dinero, que solicitó a nombre del DIF de Baja California, para ser utilizado en la construcción de las estancias del CRIT, nunca fue transferido a las arcas del gobierno del Estado, o del Desarrollo Integral para la Familia. La señora Brenda Ruacho, se quedó con él desde entonces.
El esposo de Ruacho Bernal gobernó Baja California hasta noviembre de 2019. Durante dos años, transcurridos entre el tiempo que solicitó las donaciones y el fin del periodo gubernamental de Vega, Ruacho no transfirió el dinero de su asociación civil personal, al gobierno estatal o el DIF. Se lo quedó.
Fue hasta la documentación localizada en el cateo a la casa de la pareja panista, que se obtuvo información y se localizó la cuenta de cheques. La señora, conforme lo denunciaron los morenistas y lo dedujeron los investigadores ministeriales, había incurrido en negociaciones ilícitas y coalición de servidores públicos, pues en el entramado para quedarse con el dinero, participaron también Jorge Alberto Vargas Bernal como Director General del DIF, y María del Rosario Beltrán Bueno, quien era entonces Directora de Recursos Financieros del DIF.
El artículo 216 del Código Penal Federal, dice que “al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de dos años a siete años de prisión, y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo vigente… y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Pero Brenda Raucho llegó a un acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Baja California, para salir impune y no ser procesada por delitos de corrupción, que a partir de esta administración federal, son considerados graves.
A la exprimera dama y sus negociaciones ilícitas, les permitieron reparar el daño para extinguir la acción penal, y con ello vitar ser juzgados o terminar en prisión. La señora de Vega de Lamadrid se comprometió a regresar el dinero, así como instalaciones. Pues una parte de las villas sí se construyeron, pero con dinero del DIF, no con lo recaudado or Raucho.
La Fiscalía General del Estado tenía congeladas las cuentas donde fueron a parar los casi siete millones de pesos con los que Brenda Raucho defraudó a la sociedad bajacaliforniana, al DIF y al CRIT. La Fiscalía ya ha notificado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la liberación de las cuentas, para que la señora exprimera dama pueda tener acceso a las mismas y realizar la transferencia del dinero a las arcas del Desarrollo Integral para la Familia, y con ello haber cumplido el acuerdo de reparación del daño, y quedar libre de culpa.
El proceso de regreso del dinero estiman se llevará unas dos semanas.
Brenda Lucila Raucho Bernal, se quedó por más de dos años con casi siete millones de pesos que pidió a la población para una obra benéfica, pero saldrá impune al regresar lo hurtado. Las negociaciones ilícitas de la exprimera dama no la llevarán tras las rejas. Hace unos días, protegida por el Estado, acudió a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, para firmar el convenio de reparación del daño.
El caso de su esposo, el exgobernador Vega, sigue pendiente.
La exprimera dama de Baja California, como la de Veracruz, Karime Lozano, utilizaron su posición para defraudar a la sociedad. La primera ya la libró, mientras la segunda esta a la espera de ser extraditada a México.
En Baja California, siempre comparamos el gobierno de Vega con el de Javier Duarte de Ochoa, actualmente en prisión, pero poco se ha investigado al panista. Falta eso, que la Fiscalía General del Estado de Baja California, vaya por el marido de Brenda Raucho, a ver si también regresa el dinero, o revela donde está.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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