Las pruebas efectuadas por el Ministerio Público desmintieron esta versión. A pesar de que han transcurrido más de un mes desde aquel homicidio los uniformados siguen en libertad y sin que se haya formalizado una acusación en su contra.
“No puede ser que sigan libres. Estamos pidiendo justicia para que paguen por lo que hicieron. Yo antes pensaba que el ejército estaba para protegernos”, dice su viuda, Angélica, de 26 años.
En los últimos meses se han registrado al menos diez muertes a manos del Ejército en Nuevo Laredo, según datos de Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos del municipio tamaulipeco. Los últimos casos son el asesinato de Javier, ocurrido en febrero, y la de Jacob Rodríguez, de 21 años, tiroteado el 10 marzo cuando acudía con su esposa embarazada para realizar una ecografía, según reveló El Universal. No hay un solo militar detenido ni encausado por estos hechos.
A esta serie de asesinatos se le suma la muerte de dos personas tras recibir disparos de la Guardia Nacional el pasado 8 de abril.
Javier era comerciante, trabajaba con su hermano en una boutique donde vendían ropa y zapatos. Le gustaba el fútbol, era seguidor del América y pasaba los fines de semana viendo películas y series con su esposa Angélica. Apenas hace ocho meses habían sido padres y su plan era ver crecer a la familia. Todo se vino abajo el 27 de febrero, cuando los soldados dispararon contra el vehículo en el que viajaba el joven y acabaron con su vida.
“Este es un dolor muy fuerte. Él siempre fue responsable con su familia. Teníamos el anhelo de ver crecer a nuestro niño y nos lo arrebataron”, dice Angélica.
El relato de los hechos según el parte de los militares fue que alguien les atacó desde el vehículo en el que viajaba la víctima con otros tres amigos y que ellos se limitaron a repeler la agresión. Según esta narrativa, que quedó por escrito en el parte adjunto a la carpeta de investigación, en el coche se incautó un arma larga y varios cargadores. Sin embargo, el MP realizó pruebas de radizonato de sodio, que determinan si alguien disparó un arma por los restos de pólvora que quedan en las manos, y dieron negativo. Es decir, ahí solo apretaron el gatillo los militares.
En su declaración, el cabo Ranulfo Citlalan Martínez y el soldado José María Ortiz reconocieron haber disparado hacia las llantas del coche, aunque siempre argumentando que fue en defensa propia. El teniente Alejandro González Leyva, que estaba al frente del operativo, negó haber usado su arma.
Tras probarse que nadie les había agredido habrá que determinar de dónde salió el arma que dicen los soldados que incautaron en el coche. Los tres sobrevivientes aseguran que se la sembraron y, de hecho, uno de ellos fue detenido y posteriormente puesto en libertad ya que el juez no creyó en la versión del ejército.
“Le sembraron un arma y no quisieron ayudarle cuando estaba herido. ¿No tienen sentimientos?”, dice Angélica. Su esposo estuvo 35 minutos con constantes vitales después de recibir dos balazos. Ella cree que si la hubieran conducido rápidamente al hospital quizás hubiese logrado salvar la vida.
Además de las pruebas realizadas por el MP que descartan la agresión previa existe otro dato relevante que muestra la responsabilidad del Ejército. Días después de los hechos, una delegación castrense visitó a Angélica y le ofreció una indemnización y hacerse cargo de los gastos funerarios. Según le dijeron, aceptar la ayuda no implicaba desistir del proceso penal. Pero ella no se fía y rechazó el ofrecimiento.
Animal Político se puso en contacto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para recabar su versión de los hechos, pero al cierre de la edición todavía no había recibido respuesta. No obstante, este es un procedimiento habitual cuando el ejército provoca víctimas civiles. Al menos en 187 casos se firmaron acuerdos de confidencialidad a cambio de indemnizaciones. Angélica no sabe qué le hubiesen ofrecido firmar, porque dijo que no desde el principio y ni siquiera llegó a ver los documentos.
La FGR ha abierto una carpeta de investigación por la muerte de Javier. Pero Angélica no comprende cómo cuando dos militares ya han reconocido que dispararon todavía no han sido formalmente acusados.
“No buscamos venganza, sino que se haga justicia. No hubo motivo para la agresión que sufrieron”, dice Carlos Aguilar.
Está previsto que los dos militares que apretaron el gatillo testifiquen esta semana ante la FGR. Esta será una oportunidad para que se formalice la acusación. El miedo de los allegados de la víctima es que, como en otros casos, la muerte de Javier quede impune.
Es un temor que comparte Paulina González, madre de Jacob, de 20 años, muerto a tiros el 10 de marzo, también en Nuevo Laredo. El joven viajaba en una camioneta junto a su esposa Elena, embarazada de seis meses cuando recibieron varios disparos. A pesar de que se encontraban a tres cuadras de la Cruz Roja, la víctima fue trasladada al Hospital General, mucho más lejos, donde falleció horas después. Al igual que en el caso de Javier, el relato de los hechos de los militares habla de una agresión previa de la que la familia de Jacob no tiene conocimiento.
Jacob era un joven dedicado al transporte. Durante años había trabajado en Estados Unidos y su sueño era cumplir los 21 años para sacar el permiso que le permitiese trabajar como trailero, siguiendo la tradición familiar. El cierre de frontera decretado por la pandemia de COVID-19 le impidió seguir cruzando al norte así que en los últimos meses trabajaba con su madre en un negocio de compraventa de coches.
“Vivía para trabajar. Le gustaba mucho la mecánica, tenía muchos sueños e ilusiones”, dice Paulina, que todavía no asume la muerte de su hijo.
La mujer sigue dando vueltas a los últimos minutos de vida de Jacob. En el hospital, dice, estaba siendo muy bien atendido. De hecho, los doctores le dijeron que habían conseguido estabilizarlo y que iban a llevarlo a quirófano. Sin embargo, llegó una patrulla de la Guardia Nacional y, según su relato, todo cambió. “Dejaron de atenderle y murió”, asegura.
La investigación tampoco ha dado resultados hasta el momento. Y eso que, según dice Paulina, el MP que la atendió le dijo que ya tenían identificado al soldado que había apretado el gatillo. Sin embargo, le hizo una oferta que la dejó descolocada. “Me preguntó si me daba 300 mil pesos o le mandaba a la cárcel al soldado”, recuerda. “Tráeme al soldado, le mato un hijo y no me lo metes a la cárcel”, respondió, destrozada, la mujer. El agente de la FGR le respondió que eso era un delito. Y Paulina, rota, le dijo: “¿Y qué acaban de hacer? Mi hijo iba a hacer una eco a su señora”.
La oferta era clara: si acepta los 300 mil pesos se comunicarían con ella los oficiales de la Sedena, pero tenía que renunciar a que el asesino de su hijo fuese castigado.
Paulina lo que quiere es un imposible, que le devuelvan a su hijo. “Pensaba que al pasar los días me iba a ir tranquilizando, pero es al revés. Cada vez lo extraño más. Quiero a mi hijo conmigo. Lo extraño mucho. Pero eso nadie lo entiende”, dice entre lágrimas.
En Nuevo Laredo hay muchos antecedentes de impunidad entre cuerpos de seguridad. Por ejemplo, quedan pendientes las carpetas de investigación abiertas por la desaparición y muerte de 47 personas entre enero y junio de 2018, que son atribuidas a la Marina. A pesar de las evidencias en contra de marinos identificados ninguno ha sido detenido.
Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el ejército no perpetraba violaciones a los Derechos Humanos. Y que estas, en caso de producirse, eran castigadas. Sin embargo, casos como los de Javier y Jacob mantienen el patrón de impunidad. A pesar de que los soldados que apretaron el gatillo están identificados todavía no hay sido detenidos ni vinculados a proceso.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario