El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, conformado por 12 organizaciones, criticó que la “narrativa de seguridad promovida” y el “falso discurso de derechos humanos” que emplea el gobierno federal desemboca en la criminalización y “tiene como resultados los lamentables hechos que han llevado a la muerte de dos personas migrantes por parte de fuerzas de seguridad en la última semana”.
Lo anterior, en referencia al asesinato de la refugiada salvadoreña Victoria Salazar por parte de agentes de la Policía Municipal de Tulum, en Quintana Roo, y la ejecución del ciudadano guatemalteco Elvis Mazariegos Pérez por parte de un soldado en Mazapá de Madero, Chiapas.
El colectivo denunció que, en el sureste, las autoridades mexicanas detienen y encarcelan a “mujeres con bebés, niñas, niños y adolescentes (NNA) no acompañados” –en violación a la Ley de Migración--, y que las personas detenidas en el centro de detención llamado La Mosca enfrentan “condiciones indignas de hacinamiento, falta de protocolos y medidas de bioseguridad ante el covid-19, espacios insalubres, falta de alimentación adecuada, nula atención médica y de espacios diferenciados de género”.
Aparte, señaló que personas con documentos de estancia regular son detenidas, y que los agentes del Estado impiden a los defensores de derechos humanos que realicen sus labores de monitoreo y de defensa, la cual es dificultada además por la política de deportación inmediata que implementa el gobierno mexicano.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador intensificó los operativos y el despliegue militar contra personas migrantes en el sureste en medio de un aumento del número de personas que huyen de Centroamérica para llegar a Estados Unidos; ante este incremento, Washington llevó a cabo campañas para desalentar la migración y emprendió negociaciones con países de la región para evitar que las personas lleguen a pedir asilo a su territorio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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