El pretendido Registro de Usuarios repite los errores cometidos en regulaciones previas con las mismas características, que lejos de combatir la inseguridad y la extorsión telefónica, generaron más riesgos para la ciudanía y derivaron en el aumento de esos y otros delitos nuevos derivados de las disposiciones del Registro, añadió el organismo empresarial.
El martes, la Cámara de Diputados aprobó por mínima diferencia reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, una base de datos biométricos que incluirá la huella facial, digital e iris que estará disponible para las agencias gubernamentales de seguridad sin necesidad de que éstas cuenten con una orden judicial.
“Estamos convencidos de que México necesita medidas efectivas e inteligentes para combatir la inseguridad que afecta a toda la ciudadanía. Este Registro no es un ejemplo de éstas y pone en riesgo la privacidad y el patrimonio mismo de los ciudadanos”, dijo el organismo local en un comunicado formado por su presidente Armando Salinas Zúñiga.
Añadió que la propia experiencia mexicana muestra cómo un registro de esta naturaleza no sirve para combatir la inseguridad y genera nuevas amenazas para la ciudadanía.
De acuerdo con la Coparmex CDMX, el Registro viola el principio de presunción de inocencia al asumir que el usuario responsable de una línea registrada automáticamente será responsable por cualquier delito asociado a un número que podría ser utilizado por cualquier persona.
Destacó que cualquier filtración o acceso no autorizado a un registro cuyo manejo será altamente sensible por la naturaleza de los datos que contendrá, representaría una seria violación a la privacidad de la ciudadanía de forma irreversible y pondría en riesgo incluso su patrimonio pues la información biométrica es utilizada para proteger el acceso a cuentas bancarias.
El Registro también atenta contra el mandato constitucional de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin una orden judicial, y viola los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Comunicaciones que obliga a las empresas de telecomunicaciones a colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia y proporcionar información de sus usuarios, previo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente.
El organismo señaló que la adopción de las medidas autorizadas por los legisladores no es digna de un gobierno democrático y plural, y constituye una nueva señal del riesgo para los valores democráticos, además de que violan la irretroactividad de la Ley, sancionando a usuarios a acatar normas que no estaban vigentes en la fecha de la contratación de su servicio bajo la pena de cancelar su línea telefónica.
Las nuevas disposiciones limitan también el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, al limitar su capacidad de comunicarse por tratase de una política orientada al control y vigilancia de la población, e incrementa la brecha digital y limita el acceso a la comunicación de grupos vulnerables y marginados, al imponer nuevas barreras al acceso de líneas telefónicas y ordenar la cancelación de las líneas cuyos usuarios no se registren.
“En Coparmex CDMX lamentamos que la mayoría de las y los senadores desatendieran las razones técnicas, jurídicas y económicas expuestas por los especialistas y sus compañeros legisladores, quienes han señalado reiteradamente que el Registro de Usuarios de Telefonía en los términos en los que fue planteado viola los derechos humanos de los usuarios”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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