Pobladores de la comunidad indígena de Nahuatzen, Michoacán, se manifestaron a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigirle al alto tribunal una resolución a favor de sus concejales José Luis Jiménez Meza y José Antonio Arreola Jiménez, quienes interpusieron un recurso de reclamación con el fin de examinar el proceso judicial que los mantiene en prisión presuntamente injusta desde 2018. El caso se discutirá mañana.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández, integrante de la Primera Sala de la Corte, es la encarga de estudiar el caso –atraído en enero de 2021–, el cual se discutirá en la sesión del miércoles 7 de abril.
Jiménez Meza y Arreola Jiménez, miembros del CCIN, fueron acusados de liderar un grupo de entre 60 y 70 personas que habría ocasionado disturbios con armas de fuego en el ayuntamiento de Nahuatzen, amenazado a autoridades municipales y robado dos vehículos. Por ello, la policía michoacana los detuvo y encarceló –como medida cautelar– en noviembre de 2018. A finales de 2019 los condenaron a siete años de prisión por el delito de sabotaje, robo calificado y robo de vehículo automotor.
Sin embargo, el CCIN denunció que la detención y el enjuiciamiento fueron de manera arbitraria y con violaciones a los derechos humanos, además señalan que el hecho es utilizado como represalia por su activismo en defensa del territorio y los derechos de los pueblos indígenas de Michoacán. En diciembre del 2020 presentaron ante la Corte un recurso de reclamación para que se revise el procedimiento legal y se repare el daño causado a José Luis y José Antonio.
“Desde las locales hasta el Estado, las autoridades han sido apáticas, represoras, criminalizadoras, no han hecho nada. Lo que han hecho es hostigar y sobre todo enjuiciar a unos compañeros injustamente. Cuando fueron detenidos no hubo una orden de aprehensión. Todo lo hicieron ilegalmente. Incluso los torturaron”, asevera Huerta Espino.
Por su parte, el vocero del CCIN, Efraín Avilés, señala en entrevista que dicho proceso judicial ha sido irregular y que los concejales fueron juzgados sin perspectiva intercultural, pues en ningún momento intervino alguna autoridad competente en materia indígena. Asimismo, califica el encarcelamiento como un acto para desalentar a las comunidades con intención de buscar su autodeterminación.
Agrega que para el CCIN la justicia se dará sólo si la Corte reconoce a sus compañeros como no culpables, porque únicamente se han dedicado a buscar una mejor condición de vida para su comunidad. De no fallar a favor de Arreola Jiménez y Jiménez Meza acudirán a instancias internacionales, por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La tortura hacia José Luis y José Antonio persistió aun en el Centro de Readaptación Social Licenciado Noé Galván Carrillo de Uruapan, Michoacán: “Nos han referido que han recibido tratos inhumanos: tortura, son alimentados con comida en restado de putrefacción. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo que hacer una visita, lo que permitió que tuvieran mejores tratos”, dice Efraín Avilés.
Todo el activismo efectuado por el CCIN trajo consigo amenazas de muerte, de desaparición y actos de intimidación, “pero aun así no tenemos miedo y vamos a seguir luchando por la libertad de nuestros compañeros y sobre todo por la tranquilidad de nuestra comunidad”, remarca América Huerta Espino.
Cerca de 50 habitantes de Nahuatzen fueron los que se movilizaron pacíficamente en la entrada principal de la SCJN, donde entonaron consignas como “Libertad, libertad, libertad, a los presos por luchar”, “viva la libre autodeterminación de Nahuatzen” y “los inocentes no se venden, los inocentes se defienden”.
AUTOR: LENIN PATIÑO.
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