Ello es resultado, sin duda, de la inoperancia en este tema por parte de la Secretaría de Gobernación, que ha mostrado no sólo ser absolutamente incapaz e insensible ante los casos que analiza, sino, peor, negligente ante una de las promesas de campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. A quien, por cierto, no le gusta que fracasen sus proyectos.
La realidad es que, aunque la Comisión de Amnistía de la Segob ha recibido más de 1 mil solicitudes, sólo ha resuelto positivamente 38 –al cierre de marzo pasado– pero para que los jueces determinen si proceden o no. Y ni siquiera ha atendido aquellas presentadas por el Instituto Federal de Defensoría Pública, que incluyen un análisis detallado de cada caso y en los que se demuestra plenamente, con argumentos legales, que las personas susceptibles del beneficio fueron víctimas del sistema, son inocentes, no se tenían elementos suficientes para encarcelarlos o se violentó el debido proceso.
En los hechos, la Comisión ha venido negando, sin presentar argumentos apegados a las leyes, el valor probatorio a documentales públicas elaboradas por la Defensoría e incluso por los propios Centros Federales de Readaptación Social.
Al 15 de febrero de 2021, la Defensoría ya había presentado 278 solicitudes de amnistía (50 corresponden a mujeres y 228 a hombres), mismas que han sido desoídas por el personal de la Segob, al grado de que durante la segunda sesión de la Comisión de Amnistía, realizada el 21 de diciembre de 2020, la Defensoría fue convocada con derecho a voz pero sin voto.
En esa reunión, la Comisión sólo presentó una lista de 193 casos –de las centenas que ha recibido– y en todos propuso desecharlos sin analizar el fondo de los mismos. De éstos, 36 eran de los 278 que promovió el Instituto Federal de Defensoría Pública, por lo cual los abogados del pueblo tuvieron que insistir en que al menos 12 de ellos fueran revisados a profundidad, por tratarse de personas con discapacidad, migrantes, adultos mayores e indígenas. Pero la Comisión, caracterizada por su insensibilidad, se negó.
Encabezada por Paulina Tellez Martínez Straffon Lambarry, la Comisión de la Segob se maneja igual con el resto de peticionarios, exponen a Contralínea algunos de los afectados: no acusa de recibido las solicitudes, no elabora los dictámenes en el tiempo que le marca la Ley, y tampoco notifica los dictámenes negativos a los solicitantes ni a su representación legal.
Así, de nada sirve que el personal bilingüe del Instituto Federal de Defensoría haya traducido la Ley de Amnistía a 12 variantes lingüísticas –zapoteco, maya, mixe bajo, triqui de San Juan Copala, mixteco, otomí del centro, tlapaneco, chatino, yaqui, chontal, ch’ol y chinanteco– para promoverla, si en los hechos quienes se encargan de ejercer esa legislación la entorpecen.
Y es que no sólo se trata de los resultados a todas luces ineficientes, sino a la abierta negligencia con la que se ha conducido la Segob en este tema. Como cabeza de la Comisión de Amnistía, la secretaria Olga Sánchez Cordero permitió a ese órgano que se auto-ampliara el plazo para tardarse más en dictaminar. Es decir, para incumplir con los tiempos que le marca la Ley. Lo que claramente afecta aún más a los posibles beneficiarios.
Nunca ha presentado análisis individuales de los casos que justifiquen su decisión de incluirlos en las listas que rechaza; además del hecho de no responder con acuse las solicitudes, ni de las de organizaciones de la sociedad civil, los propios presos o la Defensoría.
Así las cosas, es momento de que se replante en la Segob quién está al frente de este noble proyecto que busca hacer un poco de justicia a aquellos que no merecen estar en prisión.
Para esta columna se solicitó conocer la versión de la Segob, pero indicaron en Comunicación Social que no darían una postura al respecto. Sin duda, sería bueno que el presidente sepa de estas omisiones y negligencias.
AUTOR: NANCY FLORES.
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