Y junto con ello se ha continuado deteriorando la posibilidad de ejercer el periodismo de forma libre y sin temor a censura o represalias.
Así lo advierte el informe Índice de Estado de Derecho México 2020 – 2021 elaborado por la organización no gubernamental World Justice Project (WJP), que por tercer año consecutivo evalúa a través de distintos indicadores el funcionamiento del Estado de Derecho en México. Ello siguiendo una metodología similar a la que se utiliza a nivel internacional para evaluar a los países desde hace más de una década.
Se trata de la primera evaluación que analiza e identifica el impacto negativo que tuvieron las restricciones adoptadas por la pandemia en distintos mecanismos que conforman el Estado de Derecho, desde el acceso a los mecanismos de justicia, hasta los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción y el respeto a los derechos humanos.
“La emergencia sanitaria iniciada en el año 2020 y aún en curso, ha trastocado toda dimensión posible de nuestra vida en las esferas privada y pública, y el Estado de Derecho no ha sido la excepción. Destaca la parálisis mostrada por los servicios de justicia que, en ausencia de previsiones de Justicia Abierta y Digital se vieron forzados a suspender su funcionamiento por un largo periodo de tiempo, a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial” alerta el informe.
Sumado a ello, la evaluación destaca retrocesos que desde antes de la pandemia ya venían presentándose en el país, entre ellos lo que denomina un “continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico”.
El informe revela que ni una de las 32 entidades federativas alcanza al menos la mitad del puntaje que el índice establece para medir el funcionamiento del Estado de Derecho; hay estados con mayores retrocesos en ciertos ejes. Por ejemplo, Veracruz, Puebla y Ciudad de México son las peor evaluadas en el eje de acceso a la justicia penal.
La Ciudad de México también es identificada en el informe como la peor en cuanto a ausencia de corrupción.
A continuación, Animal Político destaca algunos de los puntos clave del informe y los estados mejor y peor evaluados en el índice.
Estado de Derecho… estancado
De acuerdo con el informe, vivir en un Estado de Derecho significa estar en un sitio donde todas las personas e instituciones están sujetas a leyes respetuosas de los derechos humanos y que se aplican de forma equitativa, justa y eficiente. Y en caso de que existan alteraciones, que existan mecanismos eficientes y expeditos para atender el problema y reparar el daño.
En México dichas condiciones existen, pero no plenamente. Así lo concluye el estudio tras adaptar y calcular en los 32 estados del país un índice que evalúa ocho grandes temas divididos a su vez en 42 subtemas o factores. Es una metodología que se usa también internacionalmente.
“Los resultados evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición”, destaca el informe.
Para construir esta medición, el informe estudia temas como los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, la justicia penal, el orden y la seguridad, la apertura gubernamental, los derechos fundamentales y la justicia civil.
A partir de ahí se elabora una medición que arroja un índice en una escala del 0 al 1 donde 1 significa una máxima adhesión o cumplimiento pleno de un Estado de Derecho
El resultado a nivel nacional es un índice de Estado de Derecho de apenas 0.40, por debajo de la mitad de la escala. A nivel estatal, ninguna de las entidades llega al menos a la mitad de la escala. Los estados mejor evaluados son Yucarán con 0.47; Coahuila con 0.45; y Campeche, Querétaro, Zacatecas y Aguascalientes con 0.44.
En cambio, los estados peor evaluados al promediar todos los temas son Quintana Roo con un índice de apenas 0.34, Puebla con 0.35, y Morelos, Guerrero, estado de México y Ciudad de México empatados con 0.36.
“Los resultados de la edición 2020-2021 del Índice muestran retos persistentes en casi todas las dimensiones del Estado de Derecho, aunque las principales brechas se continúan registrando en las áreas de justicia, seguridad, corrupción y cumplimiento regulatorio”, señala el informe.
Justicia… ni rápida ni expedita
De acuerdo con el análisis, la parálisis y confinamiento que trajo consigo la pandemia sanitaria por el COVID-19 afectó el funcionamiento de diversas instituciones, pero golpeó con particular fuerza a las instituciones responsables de impartir y procurar justicia ante la comisión de un delito.
En total 16 estados retrocedieron en el adecuado funcionamiento de estas instituciones y sus procesos respecto a 2019: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas
Entre los indicadores que registraron mayores caídas en este campo se encuentran los relacionados con la velocidad para recibir y procesar denuncias adecuadamente, así como los respetos a los tiempos y formas en que se deben llevar a cabo los procesos judiciales a las personas detenidas.
Una de las principales causas, advierten los especialistas en el informe, es que México carece de suficientes sistemas de justicia digital o alternos que faciliten el mantener los servicios aun cuando las visitas o trámites cara a cara estén restringidos.
Lo anterior terminó por afectar el funcionamiento de agencias, fiscalías y juzgados aun cuando estos fueron considerados actividades esenciales durante la pandemia.
“Los datos sugieren que los sistemas de justicia penal se vieron afectados por la falta de medidas oportunas y propicias de Justicia Abierta y Digital que facilitaran el acceso a la ciudadanía por medios remotos y colaborativos. De hecho, la mayoría de los órganos jurisdiccionales del país se vieron forzados a suspender su funcionamiento por un largo periodo de tiempo, a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias”, detalla el informe.
Con independencia de la pandemia, México acarrea por tercer año consecutivo un pésimo desempeño en el esclarecimiento de casos denunciados, siendo este el indicador con el desempeño más bajo en todos los estados. Ello como resultado de que más del 90 por ciento de las investigaciones no se resuelven, y quedan en la impunidad.
Las cinco entidades con los peores resultados en justicia penal son: Veracruz con un índice de apenas 0.27; Puebla y Ciudad de México empatados con solo 0.29; y el estado de México y Quintana Roo empatados con 0.31.
Por el contrario, los cinco estados con el desempeño más aceptable – sin que alguno llegue a la mitad de la escala – son Querétaro con 0.49, así como Zacatecas, Yucatán, Aguascalientes y Coahuila, todos empatados con 0.42.
Debilitamiento de la libertad de prensa
Otro foco rojo que el informe identifica se ubica en la libertad de prensa. Se trata de un área en la que México registra un “continuo debilitamiento” que no tiene que ver con la pandemia sino con un fenómeno estructural que afecta al país al menos en los últimos tres años.
En total 16 entidades federativas retrocedieron en el indicador que mide la libertad de los periodistas y activistas de reportar y comentar sobre políticas gubernamentales sin temor a alguna represalia verbal, física, o de cualquier índole. Se trata de uno de cada dos estados en promedio.
Este mismo indicador también mide la posibilidad de las personas de manifestarse libremente y protestar de forma pacífica, por lo que su disminución es doblemente preocupante.
“A pesar de esta disminución, la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los contrapesos más efectivos del poder ejecutivo estatal por tercer año consecutivo, por encima del poder legislativo, el poder judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos”, puntualiza el informe.
Los estados que presentan los índices más bajos en materia de libertad de prensa y límites al poder gubernamental son Veracruz con un índice de 0.34; Chiapas y Quintana Roo con 0.37; Puebla con 0.38; Guerrero con 0.39 y Michoacán y Ciudad de México con 0.40.
En contrasentido se ubica Nuevo León con 0.51, siendo la entidad con el mejor indicador en este apartado del país. Le sigue Sinaloa con 0.49; y Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro con 0.48.
Los más corruptos: CDMX a la cabeza
Respecto al tema de ausencia de corrupción, el informe no advierte mayores avances respecto a años anteriores. De hecho, en 20 entidades federativas se registra un retroceso en el apartado que mide específicamente la ausencia de prácticas irregulares o ilegales en fuerzas de seguridad y policías.
Ninguno de los estados llega a la mitad del índice en este apartado. Querétaro es quien se queda más cerca con un resultado de 0.46. Dicho de otra forma: es la entidad donde se percibe en menor medida corrupción, aunque también existe. Le siguen en la escala Guanajuato y Zacatecas con 0.43, y Campeche, Yucatán, Aguascalientes y Nuevo León con 0.41.
En tanto, la Ciudad de México es la entidad donde se percibe mayor corrupción de todo el país: su índice apenas alcanza un 0.30, que no es ni la tercera parte de la escala. El gobierno y las policías es donde el estudio registra la mayor presencia de actividades irregulares en la capital.
Después le siguen como las entidades más corruptas el estado México y Durango con un índice de 0.31, y Jalisco, Tlaxcala y Chiapas con 0.32.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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