En 2006 el líder minero Napoleón Gómez Urrutia acusó persecución política luego de no repartir entre los trabajadores los más de 54 millones de dólares del fideicomiso por la venta de Cananea (hoy Grupo México), y huyó a Canadá. Este abril, la Junta de Conciliación de la Secretaría del Trabajo resolvió en un laudo que el sindicato que el Senador de Morena dirige debe dar ese dinero.
La Unión Nacional de Sindicatos Mineros (UNASIM) tuiteó que la Junta de Conciliación actuó conforme a derecho a favor de la justicia laboral. Por su parte, el Sindicato Nacional de Mineros respondió que el laudo carece de validez jurídica y no es condenatorio, sino “una mera propuesta de cumplimiento” por lo que el Poder Judicial Federal determinará su legalidad.
“Como lo hizo en 2006, [Gómez Urrutia] vuelve a presentarse como víctima de una gran conspiración. Lo que no le gusta ni conviene, lo descalifica. Por supuesto que existe un laudo condenatorio y es válido. La resolución dice que el dinero no llegó a todos los trabajadores por lo que hay que preguntarse dónde quedó”, aseguró Rodrigo Olvera, abogado de la organización Pasta de Conchos, formada luego del accidente en la mina carbonera en Coahuila que causó la muerte de 65 mineros en los días que comenzó el conflicto sindical.
En un comunicado publicado este lunes, el Sindicato Nacional Minero consideró que esta resolución es porque el dirigente sindical impulsa la regulación de la subcontratación y dice que el más interesado es Grupo México de Germán Larrea Mota, el segundo empresario más rico de México con 27 mil 110 millones de dólares (Forbes, 2021).
“Grupo México de Germán Larrea –alegó esta mañana el SNTMMSRM– fue quien intentó dejar de pagar a los obreros las acciones del cinco por ciento por la privatización de Cananea y otras empresas. El Sindicato tuvo que ejecutar una huelga para lograr que Grupo México pagara los 55 millones de dólares en octubre del 2004 mediante un convenio celebrado en la Secretaría del Trabajo, por lo que el propietario de esos recursos es únicamente el Sindicato”.
Además, la organización sindical acusó “corrupción” al utilizar al abogado de Grupo México, Gary Pérez, exsecretario de Asuntos Colectivos del Partido Acción Nacional (PAN). Y, aseveró, “es una venganza” de la presidenta de la Junta de Conciliación, María Eugenia Navarrete Rodríguez, quien llegó al cargo por “la recomendación” de Arturo Alcalde Justiniani, padre de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, y “le hace el trabajo sucio” a la Secretaría de Trabajo.
“Eso de que es un perseguido político por los Alcalde y la presidenta de la Junta no es más que teatro y mentiras para ocultar que el sindicato recibió dinero que era para los trabajadores y no se entregó como confirmó el laudo”, dijo Olvera.
La Secretaría del Trabajo respondió en un comunicado que lamenta los señalamientos del sindicato minero y lo invitó a conducirse en un “plano de verdad y con apego a la legalidad”. La dependencia aclaró que de los 2 mil 998 trabajadores demandantes, 708 obtuvieron el pago completo, 389 el de las diferencias y sobre el resto se resolvió a favor del sindicato por no presentar pruebas o haber prescrito.
¿QUÉ DICE EL LAUDO?
A inicios de 2006, el líder sindical Napoleón Gómez Urrutia denunció persecución política y, al no conseguir ser Senador priista, se autoexilió a Canadá luego de ser acusado de no repartir entre los trabajadores los 54 millones 84 mil 470 dólares recibidos en marzo de 2005 mediante un fideicomiso por la venta de Mexicana de Cananea, hoy Grupo México del magnate Germán Larrea.
Desde Canadá, Urrutia estalló las huelgas de Cananea, Sombrerete, Zacatecas y Taxco contra Grupo México. La empresa no aceptó pagar 100 millones de dólares “por daño moral” y promovió la terminación de las relaciones colectivas por causa de fuerza mayor. Obtuvo una resolución favorable de la Junta Laboral misma que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia y la huelga de Cananea fue levantada en junio de 2010.
Este laudo emitido por la Junta Especial Diez de la Junta de Conciliación lo señala como “responsable solidario”, por lo que si la organización sindical no salda la deuda con los trabajadores, el legislador tendrá que hacerlo.
El Sindicato Nacional Minero aseguró que este laudo “va en contra” de la resolución emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el expediente DT 912/2018, por lo que señaló que es “un acto arbitrario y un abuso de autoridad al más puro estilo de los gobiernos pasados”.
“Insistir, como lo hace la JFCyA, en que se debe dividir la resolución en dos (una para 21 expedientes y otra para cuatro expedientes), es no solo violatorio de la Ley Federal de Trabajo, de la Ley de Amparo y de los derechos humanos del Sindicato y sus agremiados, sino también significa ir en contra de una autoridad superior como el Décimo Segundo Tribunal Colegiado y es un abierto acto de injusticia”, acusó este día.
El abogado de la organización Pasta de Conchos, Rodrigo Olvera, explicó que se trata de un laudo complejo, ya que responde a dos amparos y está conformado por varios juicios algunos condenatorios y otros absolutorios. Pero, enfatizó, el Sindicato sólo resaltó el expediente del amparo 912/2018 que salió a su favor y omitió el 910/2018 que favorece a los trabajadores.
“El laudo no integra grupos de expedientes como dicen. Está resolviendo los juicios y es cierto que el Sindicato tiene el derecho de pedirle al Tribunal que no se cumplió bien y el Poder Judicial resolverlo”, dijo. “Pero decir que es una mera propuesta es una ridiculez, ya que es una resolución”.
¿POR QUÉ SE ABSOLVIÓ A GRUPO MÉXICO?
La absolución del banco Scotia Bank y la empresa Grupo México —relacionada con la explosión en Pasta de Conchos y el derrame de tóxicos en ríos de Sonora— fue porque acreditaron que cumplieron con la entrega del dinero al Sindicato Nacional Minero a través del Fideicomiso 10964526, de acuerdo con la Junta de Conciliación.
“Tiene lógica porque, luego de la huelga del sindicato, las empresas [Grupo México y subsidiarias] dieron el dinero en el fideicomiso que pasaron al Sindicato, pero no llegó a los trabajadores”, afirmó el abogado Rodrigo Olvera.
Dentro del laudo se menciona que en el juicio 192/2005 se acreditó que los trabajadores demandantes recibieron 80 mil pesos, pero al alegar que les tocaba una mayor cantidad, la Junta de Conciliación condenó al Sindicato a justificar por qué les correspondía ese dinero y les ordenó el pago de más de 50 millones de dólares.
Luego de la entrega en 2005 del fideicomiso al Sindicato y no ser repartido, los trabajadores presentaron dos demandas (264/2005 y 267/2005) contra Gómez Urrutia, quien —pese a nunca haber sido minero— tomó la dirigencia sindical tras la muerte de su padre Napoleón Gómez Sada.
RELACIÓN CON PASTA DE CONCHOS
En el marco de los roces entre una fracción de mineros y el líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, el 19 de febrero de 2006 ocurrió la explosión de la mina de carbón Pasta de Conchos, ubicada en Nueva Rosita, Coahuila, donde quedaron atrapados 65 trabajadores, quienes estaban contratados por outsourcing
“Napoleón Gómez Urrutia y el Comité Ejecutivo del Sindicato firmaron con Grupo México un convenio para permitir la subcontratación en Pasta de Conchos, por lo que había trabajadores de Industria Minera México y subcontratados de General de Ulla. Que no venga con que es el gran defensor laboral”, afirmó el abogado Rodrigo Olvera.
A la mañana siguiente de la explosión, Gómez Urrutia señaló a Grupo México de estar detrás de la “persecución política” en su contra y de estar en complicidad con el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006). Se le vio en público, en aquella ocasión, por última vez el 23 de febrero de 2006.
El Presidente Fox en ese entonces participaba en el proceso de desafuero del Jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador. Doce años después, como candidato presidencial, López Obrador ofreció un cargo legislativo a Gómez Urrutia para que —con fuero constitucional— volviera del exilio.
Pese a las críticas de la opinión pública por su relación con el accidente de Pasta de Conchos y el desvío de 54 millones de dólares, arribó a México en agosto de ese año electoral. Desde su escaño en el Senado, ha impulsado la regulación del outsourcing, misma figura que avaló en la minera de carbón.
“Esta estrategia discursiva del Sindicato de presentar que es sólo culpa de los Alcalde puede causar un gran daño al Presidente Andrés Manuel López Obrador, responsable último de la Secretaría del Trabajo”, consideró el abogado Olvera.
En el último semestre de 2020, la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde comenzó el proceso de rescate de los cuerpos de los mineros, una demanda de décadas por parte de sus viudas e hijos.
AUTOR: DULCE OLVERA.
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