Autoridades judiciales y fuentes de la defensa del exfuncionario confirmaron a Animal Político lo anterior, y señalaron que el nuevo aplazamiento obedece a que continúa en marcha el proceso de negociación del criterio de oportunidad que busca el exfuncionario para suspender sus procesos.
Esta es la tercera vez que se aplazan las referidas audiencias, luego de que el pasado 10 de marzo ya se había hecho por segunda ocasión.
Lozoya se encuentra vinculado a proceso penal por dos casos desde julio del año pasado. Uno de ellos, que corresponde a la causa penal 211/2019, es por el delito de lavado de dinero y está relacionado con los presuntos sobornos por más de 3 millones de dólares que Lozoya habría recibido de la empresa Altos Hornos, y que a la postre derivó en la compra de la planta Agronitrogenados por parte de Pemex.
El otro proceso abierto en su contra, radicado en la causa penal 261/2019, es por el tema de Odebrecht. La FGR acusó a Lozoya de haber aceptado más de 9 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña. Los delitos que aquí se le imputan son lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
Pese a enfrentar ambos casos el exdirector de Pemex no ha puesto hasta ahora un pie en la cárcel. La colaboración que le ofreció a la FGR para revelar lo que sus abogados denominaron como un “aparato organizado de corrupción al mas alto nivel del gobierno” le ha facilitado hasta ahora un trato preferencial en comparación con otros imputados por casos de corrupción.
Para sorpresa de los jueces que vincularon a proceso a Lozoya, la fiscalía no solicitó desde que se le sometiera a prisión preventiva de manera justiciada, situación que era procedente luego de que éste escapó durante varios meses y tuvo que ser buscado y capturado en Europa. Tampoco solicitaron una prisión o arraigo domiciliario.
En su lugar, los fiscales solo requirieron que se le colocara un localizador electrónico para monitorear su posición, permitiendo su desplazamiento de manera libre en todo el Valle de México. Los jueces agregaron a esa medida la obligación de firmar una hoja de control cada 15 días, situación que Lozoya a hecho en muchos casos a distancia.
El criterio… aun por cerrarse
Hasta la fecha la Fiscalía General de la República (FGR) no ha oficializado el otorgamiento del criterio de oportunidad a Lozoya, aunque las negociaciones continúan.
Un punto a favor del exdirector de Pemex es que la Fiscalía ya consiguió judicializar el primer caso a partir de su denuncia y los datos que proporcionó. Se trata de la vinculación a proceso del exsenador Jorge Luis Lavalle Mauri, quien fue imputado de recibir sobornos del gobierno del expresidente Peña Nieto para apoyar la reforma energética
Sin embargo, autoridades ministeriales indicaron que aun hay temas pendientes por completar, entre ellos una comparecencia de Lozoya ante un tribunal, antes de que se tome una decisión.
De acuerdo con lo que han informado autoridades de la Fiscalía a Animal Político, la posible concesión del criterio de oportunidad a Lozoya no significaría la cancelación definitiva de su proceso. Lo que procedería es una suspensión temporal de sus dos causas penales a la espera de si los casos que se han iniciado a partir de su denuncian concluyen de manera exitosa con sentencias condenatorias.
Esta fórmula dejaría a la FGR con la posibilidad de proceder penalmente en contra de Lozoya en cualquier momento, si considera que la información que ha aportado no resulta suficientemente efectiva. Además, el funcionario está obligado a cubrir el pago de una reparación del daño causado.
Se prevé que la situación legal de Lozoya y la determinación de si se le concede o no el criterio de oportunidad se tome antes de que sus procesos cumplan un año de haber sido abiertos.
Exfuncionarios y gobernadores en la mira
De forma paralela al proceso iniciado en contra de Lozoya, la FGR continúa con la investigación de la presunta red de corrupción denunciada por el exfuncionario para sobornar a legisladores en el sexenio pasado. Esto con la finalidad de que avalaran las reformas estructurales que el presidente proponía.
De acuerdo con la Fiscalía se conformó una asociación delictiva en la que están implicados tanto exfuncionarios federales como legisladores. El primero de ellos, Jorge Luis Lavalle, ya fue vinculado a proceso.
Otros integrantes de dicha asociación para delinquir y que siguen bajo investigación son los exsenadores Francisco Javier Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, quienes actualmente son gobernadores de Tamaulipas y Querétaro respectivamente. También se indaga al exsenador panista Salvador Vega Casillas, y al exdiputado y excandidato presidencial Ricardo Anaya.
Del lado del entonces gobierno federal, la FGR investiga la participación del propio expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.
En la fiscalía indicaron que se prevé proceder en contra de más probables responsables de este caso en mayo y junio.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
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