Se la pasó hablando con su compañera Ericka Arrendondo, madre de Julio César Viramontes Arredondo, también desaparecido. Ambas compartieron una jornada de sentimientos encontrados. Por un lado, alegría al saber que los elementos que pudieron llevarse a sus familiares están encarcelados y enfrentando un proceso judicial. Por otro, el dolor diario de los últimos tres años. Ni el esposo de una ni el hijo de otra han aparecido todavía.
Por eso su prioridad es saber qué ocurrió. Qué hicieron con sus seres queridos. Dónde los dejaron.
“Espero que hablen, que digan qué hicieron, si lo asesinaron o algo, cualquier cosa que nos diera información de ellos”, dice Castro en entrevista telefónica con Animal Político.
“Quiero que paguen lo que hicieron. Espero que estando en prisión se sientan culpables, empiecen a hablar, a querer negociar, decir qué le hicieron o dónde lo dejaron”.
“Que alguno de ellos se compadezca y diga voy a hablar, lo que hicimos, dónde lo dejé. Que por salvarse alguno diga ‘voy a cooperar’, ‘está en tal lugar’, ‘no lo quise hacer’. Yo lo que quiero es que digan donde están”, añade Arredondo.
El jueves fue una jornada muy importante para ambas. Un juez federal en Reynosa, Tamaulipas, vinculó a proceso a los marinos que, presuntamente, se llevaron a sus familiares. En total son 30 elementos de la Armada de México acusados de cuatro desapariciones.
Seis están en la causa penal 308/2020, la de Bautista Carrillo; otros 11, en la 155/2020, la de Viramontes Arredondo. Por último, están 13 más en la causa 397/2020, acusados de desaparecer a Jorge Antonio Hernández Domínguez, que tenia 18 años cuando fue visto por última vez y es ciudadano norteamericano, y a Juan Carlos Zaragoza González, de 40 años y nacido en Piedras Negras, Coahuila. Ambos están en paradero desconocido desde abril de 2018.
Este último caso es relevante por los vínculos de la marina con los Estados Unidos. En el momento en el que ocurrieron las desapariciones de Nuevo Laredo el jefe de la Unidad de Operaciones Especiales (UOPES) de la Marina era el almirante Marco Antonio Ortega Siu, con fuertes vínculos con Washington.
No en vano, se le atribuye estar al frente de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en 2016. La relación entre Marina y Estados Unidos siempre ha sido estrecha, sobre todo en fondos y capacitación. Que la Armada fuese acusada de desaparecer a un ciudadano estadounidense no cambió nada para la administración de Donald Trump ni tampoco parece que lo haga con la de Joe Biden.
En prisión militar
La gran esperanza para los familiares de los desaparecidos es que la cárcel pueda ablandar a alguno de los presuntos perpetradores. Han transcurrido tres años desde las desapariciones y nada, ni una pista.
“Estos tres años han sido fatal. Ahora me encuentro más animada, con más fuerzas para esperar algo mejor”, dice Arredondo. La detención, explica, fue un primer alivio. Pero ahora falta lo importante. “Quiero que digan dónde está. Es mi esperanza, que se vean detenidos y se les ocurra hablar. Que se compadezcan, que por no estar tanto tiempo en la cárcel, que cooperen”, argumenta.
La confianza de esta mujer está en que alguno de los uniformados se voltee y testifique contra sus compañeros para obtener beneficios. Habrá que ver en qué condiciones se mantienen los marinos durante los próximos seis meses, que es el plazo abierto para la investigación complementaria. Esto quiere decir que la Fiscalía General de la República (FGR) debe buscar pruebas y que los acusados también pueden armar su defensa. Arredondo dice que la experiencia le ha llevado a no confiar en la justicia, así que apela a la compasión de los detenidos.
En la misma línea, su compañera Ericka Castro dice que espera que hablen y que haya una sentencia. “Estoy confiada en dios en que pronto hablarán”, asegura. Para ella las detenciones fueron un primer alivio, pero asegura que sus hijos no lo entienden así. “Es necesario que hablen. Mis hijos me preguntan que cuándo liberan a su papá. No entienden que no es así de sencillo”, dice, sobre dos pequeños de 11 y 9 años que llevan tres sin ver a su padre. Cuando les notificaron la prisión para los marinos se cumplieron 1,065 días desde la desaparición forzada.
“Confrontaciones violentas”
No hay información sobre cuál será la estrategia de defensa que utilicen los marinos, de los que tampoco se conoce la identidad. No ha trascendido qué declararon ante el juez y el arresto o puesta a disposición tiene muchas incógnitas.
Fue la propia secretaría de Marina (Semar) la que anuncio que los había entregado ante los requerimientos de la FGR. Y hoy la institución que dirige Alejandro Gertz Manero emitió un comunicado en el que felicitaba al secretario de Semar, el almirante José Rafael Ojeda Durán, por cooperar con la justicia.
Por el momento los marinos se encuentran la prisión militar del campo número 1, en la Ciudad de México. Animal Político consultó a la Semar si había puesto abogados a disposición de sus elementos, pero no obtuvo respuesta.
La actitud de las autoridades ha cambiado desde aquellos primeros meses de 2018 en los que negaron una y otra vez que los uniformados pudiesen participar en violaciones a los derechos humanos. A pesar de las denuncias de Castro, Arredondo y el resto de sus compañeras, la respuesta oficial fue cerrar la puerta. De hecho, durante ese tiempo se multiplicaron los mensajes que culpabilizaban a las víctimas, acusándoles de ser parte del crimen organizado.
La FGR no llegó a tanto, pero emitió un confuso comunicado en el que señalaba que “durante la administración anterior, de febrero a mayo de 2018, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se dieron una serie de confrontaciones violentas, de donde resultaron diversas denuncias por desaparición forzada, vinculadas con elementos de la Marina-Armada de México”.
Pero ninguno de estos desaparecidos participó en confrontación violenta alguna. A José Luis Bautista Carrillo se lo llevaron cuando pasaba la tarde en una fiesta en un deshuesadero, a la vista de todo el mundo. Ahí estaba su esposa y su cuñada, que vio perfectamente cómo se lo llevaban. “Las pruebas han sido las mismas desde el minuto uno”, insiste Castro.
Tampoco Viramontes Arredondo empuñaba arma alguna en el momento en el que un vehículo de la Marina con las placas modificadas lo embistió en Nuevo Laredo. Durante tres días su madre lo buscó en los cuarteles, pero ellos le negaron que estuviese allí. Según el rastro de su celular, que es una prueba incluida en la investigación, sí que estaba. Y eso es algo en lo que Ericka Arredondo no deja de pensar: estaba al otro lado y no pudo verle.
Los últimos tres años han sido difíciles para estas mujeres valientes. Que los presuntos captores de sus familiares hayan sido detenidos no les tranquiliza. Dice Castro que teme que las autoridades busquen algún truco para liberar a los marinos y que teme también posibles represalias. En 2018, cuando se registraron las desapariciones, las víctimas fueron hostigadas hasta el punto de que una testigo fue secuestrada y amenazada para que no declarase.
Que 30 marinos estén en prisión acusados en firme de desaparición forzosa es un hecho sin precedentes. Pero todavía queda mucho camino por delante para que lo ocurrido no quede impune.
La FGR tiene abiertas 34 carpetas de investigación sobre 47 desapariciones, dentro de las cuales habría al menos 12 ejecuciones extrajudiciales atribuibles a elementos de la Armada. A falta de conocer la identidad de los detenidos, falta por saber si la acusación queda a nivel de la tropa o escala hacia la cadena de mando. Y, sobre todo, falta saber dónde están José Luis, Julio César, Jorge Antonio y Juan Carlos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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