En los últimos dos años la Físcalía firmó al menos cuatro contratos por 5.6 millones de dólares con Neolinx, firma mexicana vinculada a la venta de equipos de espionaje desde 2015 por su intermediación con la empresa italiana Hacking Team, señalada de haber sido una de las principales proveedoras de ciberespionaje durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los programas vendidos por Neolinx, ahora como intermediaria de la empresa israelí Rayzone Group, al gobierno actual “pueden ser utilizados de forma arbitraria, violando el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia”, advirtió la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). Afirmó que “en México la utilización de estos sistemas de vigilancia es sumamente problemática porque otorgan un poder invasivo amplio”.
La FGR, al mando de Alejandro Gertz Manero, firmó un contrato por 2.4 millones de dólares el 30 de mayo de 2019 por un servicio conocido en el mercado del ciberespionaje como Geomatrix, mismo que la Fiscalía adquirió el sexenio anterior y usó “sin controles”, según la R3D. El producto comprado a través de Neolinx es desarrollado por Rayzone Group y descrito en su sitio web como “una solución que permite a las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley ubicar, rastrear y manipular” en tiempo real a los suscriptores de manera encubierta y virtualmente desde cualquier lugar del mundo.
Otro contrato firmado por la Fiscalía con Neolinx por 1.1 millón de dólares en 2019 y 1.7 millones de dólares en 2020 fue para adquirir el servicio “Echo-Plataforma de consulta y análisis de datos masivos”. El producto también es fabricado por la empresa israelí y definido como un sistema estratégico que proporciona a las agencias de inteligencia y policiales información amplia, diversa y en profundidad sobre usuarios globales de internet.
La R3D denunció la posible violación de derechos humanos por parte de la FGR por la compra de programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos. Las operaciones “pueden violar derechos humanos porque en algunos casos constituyen una vigilancia masiva que violenta los requisitos de necesidad, proporcionalidad y autorización judicial”, informó.
AUTOR: REDACCIÓN.
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