“Urgimos a la Suprema Corte de Justicia a pronunciarse sobre el conflicto constitucional trabado entre la Federación y las entidades federativas en relación con la interpretación del párrafo quinto del artículo 11 de la Constitución Federal”, dijeron los mandatarios estatales en un documento dirigido a la opinión pública.
Según los gobernadores, la definición respecto a la competencia de los órganos nacionales y locales en el procedimiento de desafuero, es fundamental para el futuro del pacto federal y no puede ser una cuestión exclusiva de la decisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Los integrantes de la Alianza Federalista dijeron que este deber ser un proceso colaborativo entre la Federación y las entidades federativas, en el que debe delimitarse la participación de cada uno de los ámbitos de gobierno que intervienen.
“Si bien hay una parte de la decisión de la Cámara federal, que es soberana e inatacable, constitucionalmente las entidades federativas participan teniendo la última palabra en lo que se refiere al fuero con el que cuentan los servidores públicos locales”, mencionaron los gobernadores.
Tras señalar que ya se había desterrado el uso faccioso de los procedimientos constitucionales como herramientas para la subordinación de las entidades federativas a la Federación, los mandatarios estatales estimaron que no debía permitirse que se configure un nuevo instrumento que pueda utilizarse para esta finalidad.
“El único órgano que es responsable de delimitar las facultades de los ámbitos de competencia es la Suprema Corte de la Nación, la instamos a que se haga responsable de su función en el ordenamiento jurídico mexicano para abonar al fortalecimiento del federalismo, de la división de poderes y alcanzar el objetivo de consolidar el Estado de Derecho que todos buscamos”, expresaron.
El pasado 12 de mayo, Juan Luis González Alcántara, ministro de la SCJN, ordenó al Congreso de Tamaulipas a acreditar que el presidente de su Mesa Directiva es quien presentó la controversia constitucional para impugnar los efectos de la declaración de procedencia contra el gobernador García Cabeza de Vaca, aprobado en San Lázaro el 30 de abril.
Por otra parte, luego de que un día antes la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó información respecto a posibles delitos cometidos por García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas señaló, el pasado 12 de mayo, que no se le ha permitido acceder a la información y agregó que no tiene cuentas bancarias en dicho país.
Los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista son: Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas); Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León); Miguel Riquelme Solís (Coahuila); José Rosas Aispuro (Durango); Silvano Aureoles Conejo (Michoacán); José Ignacio Peralta Sánchez (Colima); Enrique Alfaro Ramírez (Jalisco); Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes); Javier Corral Jurado (Chihuahua); y, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (Guanajuato).
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ.
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