Esto ya que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha conseguido el permiso diplomático que se requiere de Guatemala para ejecutar dicha orden de captura. Esto es necesario ya que dicha nación extraditó originalmente a Duarte por delitos distintos y, de acuerdo con los tratados de extradición, para presentar nuevos cargos se necesita el aval del país que lo entregó.
El retraso en el procedimiento, según la última versión oficial que proporcionó a Animal Político la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la tiene la pandemia sanitaria que ha complicado la gestión de este tipo de trámites. Es el mismo argumento que también expuso la FGR sobre el retraso en la extradición de la que fuera su esposa Karime Macías.
Si México no consigue dicho permiso diplomático Javier Duarte podría quedar en libertad este mismo año. Ello debido a un beneficio de libertad condicional que contempla la ley para las personas sentencias que han cumplido la mitad de su condena, que han mostrado buen comportamiento y que han reparado el daño causado.
La defensa del exgobernador confirmó a este medio que comenzarán las gestiones para tramitar dicha libertad a partir de septiembre.
En contra del exgobernador de Veracruz existen otros dos procesos penales abiertos por presuntos delitos de corrupción, pero ninguno de ellos amerita como medida cautelar la prisión preventiva. Hay además indagatorias federales abiertas en su contra, pero están inconclusas.
Mientras tanto sigue sin esclarecerse el destino de más de 60 mil millones de pesos de recursos públicos desviados y desaparecidos durante la gestión de Duarte en Veracruz. Es el mayor desfalco registrado al erario en la historia moderna del país, pero el exgobernador no está procesado por ello.
Las desapariciones…
De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, Veracruz se encuentra entre los diez estados del país con más personas desaparecidas. Hasta 2018 se contabilizaban más de 200 víctimas de casos de posible desaparición forzada en la entidad ocurridas en el periodo de Duarte en el gobierno (2010-2016).
En ese mismo año la Fiscalía estatal concluyó una investigación en la que probó inicialmente que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local habían participado sistemáticamente en el secuestro y desaparición forzada de al menos 13 jóvenes. Las víctimas, presuntamente, fueron asesinadas y enterradas en fosas clandestinas.
Como parte de dicha indagatoria la fiscalía determinó que el exgobernador era corresponsable de estos hechos pues, pese a tener presunto conocimiento de las desapariciones, no hizo nada para que se detuvieran o se indagaran a fondo. Incluso la Fiscalía estatal presume que los hechos fueron ocultados de forma dolosa.
A finales de mayo de 2018 una jueza penal del estado encontró que había elementos suficientes en la carpeta de investigación para girar una orden de aprehensión en contra de Duarte por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada. Se trata de un ilícito considerado de lesa humanidad y el más grave que se le haya pretendido imputar a un exmandatario estatal en México.
Para el momento en que se giró la orden de captura Duarte ya se encontraba preso en el Reclusorio Norte enfrentando procesos penales por lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos de corrupción, por lo que cumplimentar la nueva orden debería ser, en el papel, un mero trámite
Sin embargo, cuando México solicitó a Guatemala la extradición del exgobernador – país donde fue detenido tras haberse huido del país – no lo hizo por desaparición forzada ya que dicha orden de captura aun no estaba lista. Y, por regla general, una persona extraditada solo puede ser procesada en el país de destino por los delitos por los cuales se pidió su entrega.
Lo anterior no significa una exoneración para Duarte de cualquier otro delito, pero sí implica que México debe cumplir previamente un trámite diplomático que consiste en pedirle a Guatemala una excepción para que se autorice emprender procesos distintos. Especialistas consultados en su momento por este medio dijeron que debido a la gravedad del delito no debería haber mayores obstáculos para que el país centroamericano consintiera el nuevo proceso.
… y la impunidad
Pero a tres años de distancia el gobierno federal sigue sin conseguir la autorización de Guatemala para detener a Duarte.
Inicialmente las complicaciones estuvieron relacionadas con el trámite judicial y burocrático. Al gobierno de Veracruz y al federal les tomó un año integrar adecuadamente el expediente de la solicitud diplomática, la cual quedó lista en septiembre de 2019.
Pero desde ahí no ha habido avance. A lo largo de 2020 Animal Político envió hasta en tres ocasiones solicitudes de transparencia para conocer si ya se había autorizado o no la ejecución de la orden. En todas esas ocasiones la Cancillería dijo que estaban a la espera de la respuesta del Poder judicial de ese país y que no existía un plazo para ello.
Y en una nueva solicitud respondida este año por dicha dependencia, la SRE añadió que la pandemia sanitaria había complicado aun más la situación.
“Es pertinente destacar que la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), que en la actualidad se presente en todo el mundo, ha afectado la operatividad de diversos sectores y actividades – efectos que no son ajenos a México ni a Guatemala- generando retrasos importantes en el desarrollo de los mismos”, indicó la SRE.
Y la dependencia reiteró – sin dar mayores detalles de las gestiones que ha realizado o no – que no existe algún plazo para que se otorgue alguna respuesta de parte del gobierno guatemalteco.
En su momento tanto los abogados defensores de Duarte como el propio exgobernador desestimaron cualquier vínculo con casos de desaparición forzada en la entidad, y dijeron que no había pruebas que lo implicaran en los hechos.
Duarte ¿libre?
En octubre de 2021 el exgobernador de Veracruz cumplirá cuatro años y medio de haber sido detenido y posteriormente extraditado a México. Dicho tiempo equivale a la mitad de la condena de 9 años de prisión que un juez federal le impuso tras declararlo culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
Esta situación le abre la posibilidad al exmandatario de solicitar el beneficio de la libertad condicional, establecido en el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Consiste en que un interno que haya cumplido el 50 por ciento de su condena podrá requerir cumplo irla otra mitad fuera de prisión, pero bajo supervisión policial o con la colocación de un brazalete electrónico.
Para acceder a este beneficio se requiere haber presentado buena conducta en reclusión, haber cubierto el pago de multa y reparación del daño, que no existan otras condenas dictadas en contra del interno, ni que tampoco haya procesos penales el orden federal o estatal en curso que ameriten prisión preventiva automática.
De acuerdo con la defensa del exmandatario este cumple con todos esos requisitos por lo que, en la segunda mitad del año, comenzarán con las gestiones para solicitar a un juez federal este beneficio.
Si un juez avala esta situación significaría la libertad para el exgobernador de Veracruz, ya que la condena que se le impuso por el caso de pagos a empresas fantasma es la única razón que lo mantiene preso.
Inicialmente, otro juez de la ciudad de México había ordenado que se le mantuviera en prisión preventiva por dos procesos relacionados con cargos de corrupción: uno por el uso indebido de un helicóptero y otro por el presunto desvío de 200 millones de pesos para obras hidráulicas.
Pero a principios de 2020 la defensa consiguió que se le revocara la prisión preventiva por esos casos. Y a través de demandas de amparo ya consiguieron, además, que el caso del uso indebido de un helicóptero fuera desestimado.
Recientemente la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la FGR en contra de Duarte por su presunto vínculo con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el caso Odebrecht. Sin. Embargo, ese caso se encuentra aun en una fase de investigación inicial y no amerita, por si solo, una medida de prisión automática.
FUENTE: ANIMAL POLÍTIO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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