Los ejidatarios de División del Norte y Don Samuel, municipio de Escárcega, así como del ejido Miguel Alemán, municipio de Candelaria, en el estado de Campeche, expusieron en un comunicado que esta forma de actuar del despacho “ha sido un patrón sistemático y reiterado” y que, durante meses, se ha repetido en distintos ejidos del estado de Campeche y también de Yucatán.
Expresaron que la comunidad del ejido Candelaria «ya se encontraba en ese territorio antes de la construcción de vías», contrario a lo que han señalado autoridades federales, Fonatur y ONU-Hábitat. “Nosotros no invadimos las vías, las vías nos invadieron a nosotros”, aseguraron que esas vías operan desde hace más de 70 años, y que ahora el gobierno los acusa de «invasores».
Ante estos hechos, los representantes de los diferentes ejidos presentaron denuncias penales ante la Fiscalía de Campeche, las cuales no fueron admitidas. Exigieron que se garantice su derecho a la justicia, pues la fiscalía local y federal “han obstaculizado” la presentación de las denuncias correspondientes y no han tenido ningún avance en las investigaciones.
El comunicado íntegro:
Exigen comunidades ejidales, JUSTICIA frente a extorsiones y fraude, relacionados con el “Tren Maya”
2 de mayo de 2021
Denuncian que la empresa Barrientos y Asociados, contratada por Fonatur para negociar el “pago histórico” por derechos de vía, ha cometido delitos y violaciones a derechos humanos en contra de personas de los ejidos que se encuentran en el tramo número 1 del trayecto del Tren Maya. Piden que la Fiscalía General de la República dé entrada a las denuncias penales correspondientes.
Los abajo firmantes, representantes de los ejidos División del Norte y Don Samuel, en el municipio de Escárcega, así como el ejido Miguel Alemán, en el municipio de Candelaria, estado de Campeche, hemos decidido denunciar públicamente este día una serie de fraudes y extorsiones, así como violaciones a derechos humanos por parte de la empresa Barrientos y Asociados, S.A. de C.V, contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para llevar a cabo la negociación para la liberación de los derechos de vía para el proyecto “Tren Maya”.
La forma de operar ha sido la misma en cada caso. Se presenta en las comunidades una persona, identificándose como representante legal de Barrientos y Asociados con una actitud amable y de apoyo al ejido para ganar la confianza de los representantes, después nos informa que puede incrementar el monto de la indemnización a través de inventariar árboles o instalaciones inexistentes, con la premura, dado que pronto iniciarían los trabajos del Tren Maya. Después busca recabar nuestra autorización. Dicha persona -la misma en todos los casos- levantó un acta donde se daba por otorgada la autorización, a pesar de NO contar con la mayoría de las firmas de la Asamblea y de la cual no ha entregado copia hasta el momento a los ejidatarios.
Los representantes de estos tres ejidos, fuimos citados por Barrientos y Asociados en el Palacio Federal de Campeche para otorgarnos cheques -sin especificar a qué correspondían dichos pagos-, por cantidades muy superiores a las acordadas, e inmediatamente nos exigieron la devolución en efectivo de la mayor parte del dinero a cuentas indicadas por la empresa Barrientos, aludiendo que dicha cantidad correspondía al pago por servicios profesionales y amenazando con que, de no acceder, se nos denunciaría ante las Asambleas ejidales, acusándonos de habernos quedado con la cantidad excedente.
Esta forma de actuar ha sido un patrón sistemático y reiterado que se ha repetido por meses en diversos ejidos del estado de Campeche e incluso de Yucatán donde se negocia el pago por los derechos de vía del proyecto “Tren Maya”, y cuyo común denominador es el Despacho Barrientos y Asociados, que en todos los casos ha incurrido en acciones como manipulación, engaño, omisión de información, chantaje e incluso extorsión hacia las autoridades ejidales.
Los representantes de los diferentes ejidos presentamos ante la Fiscalía del estado de Campeche denuncias penales, la respuesta que nos hemos encontrado es una tajante negativa por parte de la Fiscalía General de la República para admitir nuestras denuncia.
Del mismo modo, señalamos que ni la Procuraduría Agraria, ni Fonatur nos acompañaron en este proceso, aludiendo las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia por COVID-19, pero sí fuimos citados en las oficinas de la Procuraduría Agraria para que firmáramos el Convenio de Ocupación previa a Título Gratuito, a lo cual nos negamos. Es importante señalar que en todo este tiempo, los representantes de los ejidos siempre hemos solicitado la información y alcances del proyecto, y nunca nos han entregado los documentos técnicos, jurídicos, ambientales de los impactos a generar, solamente nos presionan a otorgar la ocupación temporal.
En el caso del ejido Candelaria, queremos expresar que nuestra comunidad ya se encontraba en este territorio antes de que se construyeran las vías, CONTRARIO a lo que han señalado Fonatur, ONU-Hábitat y otras autoridades del Gobierno Federal. Nosotros no invadimos las vías, las vías nos invadieron a nosotros. Han pasado más de 70 años desde que esas vías operan y el Gobierno Federal nunca nos ha cuestionado nuestras viviendas. Ahora con el Tren Maya, buscan sacarnos argumentando que somos invasores.
Al respecto, presentamos el año pasado dos demandas de amparo. La primera en contra del mal llamado “Proceso de reubicación consensuada” por medio del cual pretenden desalojarnos, y la segunda en contra de las vías del tren, por el riesgo a nuestra seguridad que implicará para nosotros el paso del Tren a alta velocidad. En ambos casos, no hemos obtenido respuesta de los juzgados sobre el estado de nuestras demandas.
A nombre de nuestras comunidades, como representantes ejidales, solicitamos por este medio recibir garantías de protección y seguridad por parte del Estado mexicano, en tanto somos personas defensoras de derechos humanos ambientales. Tememos por nuestra seguridad; el punto donde nos encontramos geográficamente se encuentra en foco rojo por la delincuencia y sabemos que este tipo de denuncias se deben presentar pero también sabemos que nosotros corremos peligro”.
En la zona se ha incrementado la situación de violencia, produciéndose en los últimos meses agresiones como amenazas, hostigamiento, desaparición e incluso dos ejecuciones; todo ello, debe ser investigado por las autoridades correspondientes, lo cual, al día de hoy, por razones aún desconocidas, no han hecho.
Exigimos que se garantice nuestro derecho a la justicia, puesto que, tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía del estado de Campeche han obstaculizado la presentación de las denuncias correspondientes, y aun presentadas no ha tenido ningún avance en las investigaciones.
Como signante del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), México se ha comprometido a nivel internacional a “facilitar la implementación completa de los derechos al acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales”, así como a “propiciar un entorno seguro a personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, para que éstos puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
Exigimos en este caso al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que actúe en favor de la legalidad y el Estado de derecho que al día de hoy se ha violado sistemáticamente.
Atentamente.
Representantes de los ejidos División del Norte, Miguel Alemán y Don Samuel, en el municipio de Escárcega, y Candelaria, Campeche; representantes del Derecho de vía de Candelaria, Campeche.
En respaldo:
Armando Soto Baeza, Mexicanos Unidos; Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo-Guerrero; Centro Comunitario de Canicab; Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on; Centro de Derechos Humanos-Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario, A.C.; Centro de Lengua y Cultura Zoque de Chiapas; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); CNI-TOTONACAPAN; Colectivo IngeniumMex (Xalapa, Ver); Comité Nacional para la defensa y Conservación de los Chimalapas; Concejo de Mujeres Autónomas (COMA); Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX); Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN); Desmi, A.C.; Dr. Gilberto López y Rivas, INAH, Morelos; Francisco Ayala, Fundador Huerto Roma Verde; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (DFPDTA-MPT); Frente Peninsular de Resistencia Popular; Historiador Felipe I. Echenique March, investigador de la DEH-INAH; Ikbalam, Agencia Virtual de Noticias Ambientales; Indignación A.C; Ka Kuxtal Much Meyaj; La Red de Resistencia y Rebeldía Vallarta; León Enrique Ávila; Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.; MAIZ; MANOS, A.C., de Siho, Yucatán; Organización Política Partido Comunista de México; POBLADORES OAXACA; Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta; Red de Ejidos Productores de Servicios Ambientales Ya ax Sot’ Ot’ Yook’ol Kaab, A.C. (Repseram); Red de Resistencia y Rebeldía, La Otra Tuxtla; Red Digna Rabia Coyoacán; Resiste Civil de Candelaria; Revolución Feminista Acámbaro; Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz); Sur Replicante Colectiva Feminista; TZK’AT, Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Territorial desde Iximulew-Guatemala; U Yich Luum; Ucizoni
AUTOR: REDACCIÓN.
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