Orondo, el presidente confirmó así, que las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General de la República, contra candidatos y familiares de estos en Nuevo León, son gracias a su “denuncia ciudadana”.
Efectivamente, la FGR dio a conocer el lunes 10 de mayo, a través de redes sociales, que “en atención a numerosas denuncias, la FEDE (Fiscalía Especializada en Delitos Electorales) abrió carpeta de investigación en contra de Adrián “D”, Samuel “G”, Mariana “R” y el padre de esta Jorge “R”, por hechos electorales presuntamente delictivos en Nuevo León”.
Por Adrián “D” se refieren a Adrián de la Garza, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a gobernador en Nuevo León, a quien señala la FGR de estar “violentando el artículo 19 de la Constitución Mexicana, que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales”. En el boletín ex profeso detallan:
“…es el referido concretamente a ese ilícito, atribuido a Adrián “D”, por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada ‘tarjeta rosa’, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del Estado de Nuevo León”.
En el mismo boletín adelantaron: “La carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve ante la autoridad correspondiente”.
En referencia a Samuel “G”, se entiende se trata de Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano, también al gobierno del Estado de Nuevo León. A él lo señalan así: “se han recibido denuncias diversas, la ultima de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en contra de Samuel “G”, candidato a la gubernatura de Nuevo León, de su padre Samuel “G”, de su esposa Mariana “R”, y del padre de esta, Jorge “R”, por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15… que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados en forma ilegal, para fines electorales”.
Muy conveniente la participación directa de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pues hace unos días (uno antes de dar positivo a Covid19), su titular, Santiago Nieto, declaró públicamente que la UIF no presentaría denuncias durante el periodo de campaña, porque así lo había instruido el presidente de la República.
En esas condiciones, y teniendo una FGR omisa en lo general pero atenta y al pendiente, en lo particular, a las denuncias del presidente, las dos denuncias que presentó la candidata de Va por Baja California, Lupita Jones Garay contra Jaime Bonilla por lavado de dinero y uso recursos de procedencia ilícita, ante la FGR y en la UIF, permanecen sin movimiento.
Como tampoco se investiga al cercanísimo al presidente de la República, y ex súper delegado de Jalisco, Carlos Lomelí, quien hoy figura en la justa electoral como candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, y a quien señalan de prometer reactivar un programa social de apoyos económicos, en caso de ganar la elección el 6 de junio de 2021. Es decir, condicionado el voto.
Pero los casos como el de Bonilla y el de Lomelí, permanecen en la impunidad.
Las denuncias que sí se investigan, son las que fueron hechas públicamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que él mismo confirmó (tal cual como refiere de cuando en cuando que él dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán en un operativo para detenerlo en octubre de 2019) en una de sus conferencias matutinas, por lo menos la de Adrián de la Garza.
En la misma conferencia donde el presidente dijo que “claro que sí”, al hecho de tener metidas las manos en la elección, justificó: “si aquí lo di a conocer. Es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude”, y para rematar, pidió que se reflejara en la pantalla, la tarjeta que ofrece el candidato del PRI en Nuevo León.
Quien le respondió al presidente con una de sus cartas, fue el coordinador de Movimiento Ciudadano, y antiguo aliado de López Obrador, Dante Delgado Ranauro. Emulando las declaraciones del mandatario nacional, le pidió: “Andrés Manuel López Obrador, saca las manos del proceso electoral, porque lo que estás haciendo es abuso de poder, estás interviniendo en un campo que te está vedado. Abstente de seguir violando la legislación que te impide participar en los procesos electorales”.
Y amenazó Dante: “Movimiento Ciudadano valorará la conveniencia de presentar una denuncia de hechos contra ti, por tu abusiva intervención en el proceso electoral. No voy a permitir, ni como coordinador del grupo parlamentario, ni como senador de la República, ni como ciudadano de nuestra patria, tu intervención ni en este ni en ningún otro caso.
“Porque lo que obligaste a hacer a la Fiscalía General de la República es una violación a la ley, por varias razones. Primero, estamos en medio de un proceso electoral. Segundo, la presunción de inocencia es un mandato constitucional”.
Si alguien sabe de persecuciones políticas, es el presidente López Obrador, quien durante por lo menos doce años fue el principal opositor al gobierno de la República que en su momento encabezaron panistas y un priísta. López Obrador se defendió como pudo. Fue contra el sistema que hoy él encabeza. Acusaba la corrupción, a la mafia del poder, a los presidentes de la República, señalaba los errores del gabinete, pedía renuncias, exigía resultados en materia económica y en desarrollo social.
Y lo persiguieron, intentaron desaforarlo cuando fue Jefe del Distrito Federal, le cerraban espacios públicos, y medios de comunicación entonces en la vía oficial, le negaban la entrevista, la réplica.
Al final, López Obrador salió triunfante de esa persecución. En su calidad de perseguido político, de víctima del sistema, convocó a las masas, recibió espacios en medios independientes, señaló los homicidios que tenían y tienen consumido al país.
Pero de ser un perseguido político, se ha convertido el presidente en un perseguidor. No solo de políticos, también de organismos de la sociedad civil.
Cuando Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicaba reportajes para evidenciar la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, no tenían ningún problema a los ojos del hoy presidente. Su cadena de financiamiento no fue puesta en duda por el entonces candidato y líder de Morena. Cuando Artículo 19, defendió legalmente a la entonces periodista Sanjuana Martínez, tampoco puso en duda la honorabilidad, la credibilidad y la defensa del organismo.
Pero hoy día, esos dos organismos de la sociedad civil, son perseguidos del presidente López Obrador. Los ataca, los señala públicamente de, ahora, servir a otros intereses, de recibir fondos del extranjero, como si tal sistema de financiamiento fuese ilegal. Los ve como opositores, no les respeta su papel en la sociedad civil.
Al presidente le basta con sembrar la duda entre los suyos, con señalar y que alguien más investigue. Persigue a quienes no piensan como él, tal como en el pasado, y guardadas las proporciones, él fue perseguido.
Sin embargo se olvida o no quiere entrar a los causes legales. No respeta la veda, investiga a los de la oposición pero no a los de su partido (Lomelí en Jalisco, Bonilla en Baja California, por mencionar unos), es selectivo para someter aun en su muy personal juicio, a quienes considera sus adversarios. Mientras el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa es el objetivo de su encono, el ex presidente Enrique Peña Nieto, al que en tantísimas ocasiones señaló de corrupto, no lo toca ni con media oración en una mañanera cualquiera.
En la justicia del presidente, impera la palabra, no las denuncias formales. Ideal sería que todas las “denuncias ciudadanas”, llegaran a integrar una carpeta en la FGR, y no solo aquellas que elabora López Obrador. Que así como se investiga a los candidatos opositores a Morena en Nuevo León, se investigara a los de Morena en Jalisco, al gobernador de Baja California, al súper delegado de esta misma entidad, que de manera frecuente aparece en las primeras planas de los diarios, hablando de los logros de la 4T, de la vacunación, de la venta de terrenos a cien pesos.
Pero no, esas denuncias no llegan a buen término ni en la FGR, ni en la UIF, unidad esta que salió de su auto veda de impunidad, para presentar denuncias contra Samuel García, su esposa, y los padres de ambos.
Y cuando la justicia es selectiva, al modo que se está proyectando en el país, es persecución política.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario