Además, agregó en un comunicado, este recuento arroja también un total de 67 heridos.
Entre marzo y abril, destaca Integralia, fueron asesinados 28 funcionarios municipales, 26 aspirantes a elección popular, 17 exfuncionarios, 14 funcionarios federales o estatales, 10 activistas, cinco excandidatos, cuatro periodistas, cuatro líderes partidistas, cuatro militantes de partidos políticos, tres jueces y tres alcaldes, así como 25 personas a las que coloca en la clasificación de “Otros”.
El reporte destaca la muerte de la exregidora de Cuquío Analuci Martínez Saldívar, del PAN, asesinada el 1 de marzo, en Zapopan, Jalisco; del alcalde con licencia de Casimiro Castillo, también en Jalisco, Carlos Alfredo Sevilla Cuevas, de Movimiento Ciudadano, quien fue secuestrado y asesinado el 10 de marzo; del priista Gonzalo Elías Zopiyactle Colohua, exalcalde y esposo de la candidata a la alcaldía de Mixtla de Altamirano, que fue asesinado en Veracruz el 2 de abril; y de Francisco Gerardo Rocha Chávez, candidato a diputado local por el Partido Verde, asesinado en su domicilio en Tamaulipas, el 24 de abril.
De los 26 asesinatos de aspirantes o candidatos, seis fueron en Veracruz; cinco, en Jalisco; tres, en Oaxaca y Guerrero; dos, en Quintana Roo y Guanajuato; mientras que los estados de Nuevo León, Chiapas, Tamaulipas, Baja California y Chihuahua figuran en la lista con uno.
En cuanto a partidos, la lista de aspirantes fallecidos está encabezada por Morena, con ocho; seguido del PRI, con cinco, y el PAN, con cuatro. PRD y PVEM aparecen con dos, mientras que con uno figuran RSP, FM y MC. Los restantes dos se atribuyen a otros partidos sin especificar.
El estado que lidera en violencia es Veracruz, con 33 hechos, en los que resultaron 17 personas fallecidas y 16 heridas; mientras que en Oaxaca fueron 25 los incidentes, en los que se reportaron 19 muertos y seis heridos.
“La violencia política se enmarca en el contexto general de violencia homicida e inseguridad que aqueja al país. Buena parte de los incidentes los llevan a cabo miembros del crimen organizado que buscan coludirse o controlar a gobiernos locales para dominar mercados ilícitos (huachicoleo, tráfico de drogas, extorsión, etcétera)”, explica el organismo.
Un alto porcentaje de estos incidentes se ha registrado en municipios de menos de 100 mil habitantes, alejados de los centros urbanos y con poca presencia de fuerzas federales, dice.
En marzo, recuerda, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, anunció que el gobierno federal ofrecería protección a candidatos amenazados durante el proceso electoral de 2020-2021.
Sin embargo, se aclaró que la Guardia Nacional sólo resguardará a aspirantes a gubernaturas y diputaciones federales, mientras que las policías locales estarán a cargo de la protección de candidatos a sindicaturas, regidurías, diputaciones locales y presidencias municipales.
Rodríguez dijo que ya se había brindado protección a 117 candidatos, en marzo y abril; pero la estrategia no logró una disminución significativa en el número de asesinatos de actores políticos.
“Además, no se han anunciado medidas específicas para capacitar a los elementos de las policías locales y de la Guardia Nacional que participarán en estas tareas, ni para reducir los altos niveles de impunidad que imperan en torno a estos fenómenos delictivos”, señala Integralia, una empresa de análisis de riesgo político, conflictividad social y planeación estratégica.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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