En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón contrató a dos personas clave en el caso de presunta corrupción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (que el pasado 3 de mayo sufriera el colapso de una trabe, causando un accidente en el que perdieron la vida 25 personas y otras 79 resultaron gravemente heridas), y los colocó en áreas estratégicas donde se opera el millonario presupuesto de la dependencia federal.
Se trata de Juan Carlos Mercado Sánchez, subdirector general de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo Metro de enero de 2009 a diciembre de 2012 –cuando Ebrard era el jefe de gobierno capitalino–, y quien fuera inhabilitado por 10 años para desempeñar cargos públicos y multado con 2.5 millones de dólares por su presunta responsabilidad en diversas anomalías de la también llamada línea dorada; y del abogado José Antonio Domínguez Carballo, quien encabezara –entre 2013 y 2016– la defensa legal de Ebrard por las investigaciones en su contra que siguió la Contraloría capitalina en torno a este caso y que lo llevaron a un autoexilio en Francia durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Ambos funcionarios fueron colocados en áreas sensibles de la SRE: Mercado Sánchez se desempeña actualmente como director general de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales, y se encarga de todas las licitaciones y contrataciones de la Secretaría; mientras que Domínguez Carballo es el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, único responsable del manejo presupuestal.
Caso de Mercado Sánchez
Luego de que el 12 de marzo de 2014 el Metro anunció la suspensión del servicio en 11 estaciones de la línea dorada por “problemas de construcción”, la Contraloría General de la Ciudad de México inició cuatro auditorías –17G, 18G, 20G y 21G– para determinar responsabilidades contra los servidores públicos que, por acción u omisión, provocaron dicha suspensión, así como el incremento del costo original del proyecto.
En ese contexto se abrió el expediente CI/STC/D/0079/2014 contra Mercado Sánchez, a quien se le atribuyó “firmar el contrato número STC-CNCS-009/2010 de prestación de Servicios de Largo Plazo, para poner a disposición del STC un lote de 30 trenes de rodadura férrea que circulan en la Línea 12, con las empresas CAF México, SA de CV, y PROVETREN, SA de CV, sin que previamente contara con lo que al efecto se establece en el punto 5.8.2 de la Circular Uno de la Oficialía Mayor, en el que se establece que en los procedimientos de adjudicación directa se deberán invitar a cuando menos tres proveedores”. Por ello, el 23 de septiembre de 2015 el Órgano Interno de Control en el Metro lo inhabilitó por 10 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Asimismo, meses antes se le habría impuesto una sanción económica por 2 millones 552 mil dólares, una inhabilitación por 20 años y se habría dado vista a la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por la posible comisión de delitos, según el diario Milenio (“Quienes son los sancionados por las fallas de L-12”, 9 de septiembre de 2014).
No obstante, Mercado Sánchez interpuso el juicio de nulidad 11-68306/15 en la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mismo que declaró a su favor la nulidad lisa y llana en el caso de la inhabilitación por 10 años, “por considerar que la facultad sancionadora de la autoridad administrativa se encontraba prescrita”, de acuerdo con el oficio CGCDMX/0941/2017 de la Contraloría General, emitido el 11 de agosto de 2017. Al respecto, el Órgano Interno de Control en el Metro apeló el fallo, pero el 8 de febrero de 2018 perdió el juicio.
Actualmente, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Mercado Sánchez se desempeña como director general de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales, plaza 1764 de estructura, nivel K22, con un sueldo neto mensual de 96 mil 516 pesos. Desde ahí opera cada una de las licitaciones públicas nacionales e internacionales, las contrataciones por invitación a cuando menos tres y las adjudicaciones directas.
El cargo lo ocupa desde el 1 de marzo de 2019, cuando ingresó como interino. Para ello, el servidor público manifestó ante la Dirección General del Servicio Exterior y Recursos Humanos, por escrito, la inexistencia de conflictos de intereses; que no es parte en algún juicio, de cualquier naturaleza, en contra de esa u otra institución; y que no está inhabilitado en el ámbito federal.
Textualmente escribió: “no existe alguna situación o supuesto que pudiera generar conflicto de interés entre el suscrito y la Secretaría de Relaciones Exteriores. No soy parte en un juicio de cualquier naturaleza en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de cualquier otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. No desempeño otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y, en caso de hacerlo, cuento con el dictamen de compatibilidad de empleos respectivo. No me encuentro inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público. No he sido beneficiado por algún programa de compensación económica por la conclusión de servicios en la Administración Pública Federal o por algún esquema de retiro voluntario similar en esta u otra dependencia o entidad.”
Asimismo, entregó dos constancias de no inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión del ingreso en abril de 2019 y en abril de 2020 –cuando dejó de ser interino– expedidas por la Secretaría de la Función Pública.
Desde su cargo, este funcionario cercano a Ebrard fue el responsable de la licitación del multimillonario contrato de servicio de pasaportes, asignado en julio de 2020 al Grupo de Tecnología Cibernética, SA de CV, en participación conjunta con Informática el Corte Inglés, SA; IECISA México, SA de CV; Thales dis México, SA de CV; AB Svenka Pass; Thales dis Findland, Oy; Thales dis Danmark, A/S; Thales dis France, SA; y Thales dis (Singapore) PTE, LTD. Según la SRE, con un costo de 2 mil 328 millones 196 mil 416 pesos más IVA, pagadero a cinco años. No obstante, en el contrato el precio máximo se estableció en 3 mil 325 millones 994 mil 880 pesos más IVA, es decir 3 mil 858 millones 154 mil 61 pesos.
En este caso como en el resto de contrataciones, Mercado Sánchez opera de la mano –a través de acuerdos de asesoría técnica– con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por su sigla en inglés).
Entre abril y octubre de 2020, este servidor público firmó de puño y letra una veintena de notificaciones de adjudicación de contrataciones; además de signar diversos nombramientos del personal adscrito a su área, respuestas al Órgano Interno de Control, un convenio de colaboración entre la SRE y la Universidad Nacional Autónoma de México, documentos para clasificar como confidenciales o reservados, y también informes circunstanciados por diversas inconformidades. En total, 194 documentos llevan su rúbrica.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con Mercado Sánchez para conocer su versión. No obstante, sólo accedió a entregar una copia del oficio con el cual el Órgano Interno de Control en el Metro le restituye sus derechos, girado el 9 de abril de 2018 tras la resolución de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Caso Domínguez Carballo
Otro hombre cercano a Marcelo Ebrard es su abogado de confianza, José Antonio Domínguez Carballo, quien encabezó su defensa jurídica entre 2014 y 2018, cuando el gobierno de Miguel Ángel Mancera emprendió una persecución contra el exjefe de gobierno por el presunto desfalco millonario en la Línea 12 del Metro, por el sobrecosto de la obra que en 2015 se calculaba en más de 3 mil millones de pesos.
En el momento más álgido de las investigaciones por ese caso de corrupción, el ahora titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Relaciones Exteriores le recomendó a su cliente abandonar el país –Marcelo eligió exiliarse en París– para evadir cualquier acción de la justicia, misma que nunca se concretó.
En la administración marcelista en la capital, Domínguez Carballo fue director general de Asuntos Políticos en la Secretaría de Gobierno y luego auditor general del gobierno del Distrito Federal. Y tras la entrega de la administración capitalina a Mancera, el abogado se encargó de todos los asuntos legales de Ebrard Casaubón, incluida la fallida defensa de la candidatura a diputado plurinominal en el proceso electoral 2014-2015.
Ahora, desde la Unidad de Administración y Finanzas, éste es el “responsable de administrar y controlar, con estricto apego a la normatividad aplicable, los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos de que dispone” la dependencia. Además, “opera el Sistema Nacional de Delegaciones y la emisión de pasaportes a nivel global. Promueve la innovación y la calidad en el servicio, para hacer más eficaces las actividades de la SRE, tanto en México como en el exterior”. Contralínea también solicitó entrevista con el abogado para conocer su versión, pero hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Las auditorías a la Línea 12 del Metro
De acuerdo con el oficio CGCDMX/0941/2017, en 2014 se realizaron cuatro auditorías a la Línea 12 del Metro de las que 49 exfuncionarios de la administración de Ebrard resultaron sancionados. Dichas auditorías fueron las siguientes:
-Auditoría 17G, en la cual se realizó la comprobación de la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación, así como la ejecución del Proyecto Integral, su pago y supervisión. Por ésta se instrumentaron procedimientos administrativos disciplinarios en contra de 27 servidores públicos, que se resolvieron así: 14 destituciones, 11 inhabilitaciones, dos sin responsabilidad por prescripción de facultad sancionadora de la autoridad.
-Auditoría 18G, con la que se verificó la calidad de los componentes que conforman el sistema de vías relativas al proyecto electromecánico; compatibilidad del sistema de rodamiento rueda-riel; y el acta entrega-recepción de finiquito y liquidación de obra. De ésta se derivaron procedimientos administrativos disciplinarios en contra de 30 servidores públicos, y se resolvieron: 27 inhabilitaciones, dos suspensiones en sueldo y funciones, 23 sanciones económicas, y uno sin responsabilidad por prescripción de facultad sancionadora de la autoridad.
-Auditoría 20G, para verificar las especificaciones técnicas de los componentes que conforman los sistemas de obra electromecánica y obra civil, prioritariamente el sistema de vías; la compatibilidad del sistema de rodamiento rueda-riel en los trenes definitivos; y el mantenimiento, liquidación y finiquito de la obra. De ésta se abrieron procedimientos administrativos disciplinarios contra 22 servidores públicos y se emitieron: 17 inhabilitaciones, una suspensión en sueldo y funciones, tres sin responsabilidad por prescripción; y una ya no se resolvió porque la persona falleció.
-Auditoría 21G, que tuvo como objetivo revisar los pagos del Proyecto Integral de la Línea 12, contratos y convenios de obra, apoyo técnico, colaboración, proyecto y mantenimiento de vías; así como la entrega recepción y finiquito. Y por ésta se generaron 24 observaciones, de las cuales 21 no se solventaron. Al respecto se entablaron procedimientos administrativos disciplinarios en contra de 34 servidores públicos, y se emitieron 32 resoluciones: 17 suspensiones en sueldo y funciones, 10 inhabilitaciones, tres sin sanción por prescripción, uno sin sanción por inexistencia de responsabilidad, y un acuerdo de sobreseimiento por defunción.
AUTOR: NANCY FLORES.
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