jueves, 6 de mayo de 2021

Exigen justicia para defensores asesinados en El Bajío, Sonora

José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, ejidatarios y opositores a la minera Penmont en el estado de Sonora, fueron asesinados el pasado 29 de abril.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), de la cual formaban parte los ejidatarios de El Bajío que fueron asesinados, denunció el crimen cometido contra los defensores territoriales que ocurrió en el marco de su exigencia para que la minera Penmont repare los daños causados por la ocupación «ilegal» de las tierras, el saqueo minero y el daño ambiental.

La organización agregó que Robledo Cruz encabezó la defensa de sus tierras en contra del despojo minero, lucha que emprendió El Bajío desde hace más de 18 años. Declararó que el asesinato de los integrantes de la Red tiene un precedente cuando en 2017 los esposos José Robledo y María Gómez fueron detenidos, desaparecidos y torturados por hombres que portaban chalecos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), afirmó la REMA.

La REMA explicó que los ejidatarios fueron víctimas de violencia dentro de los proyectos mineros desde el 2002, cuando ingresó la empresa Penmont, subsidiaria del grupo Peñoles, a su territorio en Sonora. Afirmaron que a pesar de las denuncias interpuestas por el ejido se acrecentaron los actos de violencia contra los defensores, que han sufrido intimidaciones, detenciones arbitrarias, homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, amedrentamiento y despojo.

La red de opositores a los proyectos mineros enfatizó que “en los tiempos de la 4T todo sigue igual”, y que el Modelo Extractivo opera junto con el gobierno, los empresarios mineros y las fuerzas armadas -como la policía minera, creada por un aspirante a gobernación del partido de Morena-, que son utilizados para “castigar a quienes se atreven a defender el territorio”.

Se dirigió directamente al presidente y al gobierno federal para exigir que “asuma su responsabilidad histórica y proteja a sus ciudadanos” y que implemente de manera urgente las acciones necesarias para garantizar la protección de los ejidatarios de El Bajío y sus familias, así como que se lleve a cabo un proceso de justicia por los defensores asesinados José Robledo y María Gómez.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

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