Así lo da a conocer este martes el diario El Universal, que señala que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, dirigida por Santiago Nieto Castillo, hizo una revisión de “las finanzas de los expresidentes y otros funcionarios y exfuncionarios denunciados por Lozoya, a petición de la FGR, y entregó la información obtenida al Ministerio Público Federal para ser integrada a la investigación que está actualmente en curso”.
El rotativo señala que desde noviembre de 2020, la FGR solicitó información a la UIF sobre las 19 personas denunciadas por Lozoya. Además de los expresidentes, la lista está integrada por personajes como Luis Videgaray, José Antonio Meade, Miguel Barbosa, Roberto Gil Zuarth, Ricardo Anaya y los expresidentes Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
El diario destaca que a pesar de que en su denuncia Lozoya señaló al gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca como uno de los legisladores que lo extorsionaron para que les entregara recursos a cambio de votar a favor de la reforma energética, “las autoridades no han procedido en su contra por estos dichos”.
El reporte menciona que, de acuerdo con las fuentes consultadas, de los investigados por la UIF, el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social José Antonio Meade y el actual gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, “no registran irregularidades en sus finanzas”.
La Fiscalía también pidió información sobre Carlos Treviño Medina, David Penchyna Grub, Ernesto Cordero, Francisco Domínguez Servién, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Francisco Olascoaga Rodríguez. Asimismo, de Guillermo Gutiérrez Badillo, Jorge Luis Lavalle Maury, José Antonio González Anaya, Rafael Caraveo y Salvador Vega Casillas.
El exdirector de Pemex acusó al exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, de ser parte de la red que recibió recursos millonarios a cambio de aprobar la reforma energética impulsada por Peña Nieto.
El pasado 10 de mayo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la resolución de un juez de control de negar a Lavalle la suspensión provisional para enfrentar su caso en libertad.
El pasado 13 de abril el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia vinculó a proceso al exsenador panista, luego de que la FGR lo imputara por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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