Esto, con la finalidad de proceder legalmente contra el mandatario, luego de que el pasado 14 de mayo, la Corte consideró que la decisión sobre el desafuero de un gobernador corresponde al Congreso local.
El documento de la Fiscalía refiere que está de acuerdo con el desechamiento, pero impugna los argumentos expresados por el ministro, y solicita que se desestimen.
El Congreso de Tamaulipas aseguró que la Corte no entró al estudio de fondo, sino que “invariablemente” sostuvo que debe prevalecer la decisión que tomó el Poder Legislativo local.
“El gobernador de Tamaulipas no ha sido separado de su cargo, mantiene la protección constitucional que le brindan las constituciones federal y local y no puede ser sujeto de ningún procedimiento de naturaleza penal. Esto es, ninguna autoridad ministerial o judicial puede generar actos de molestia o privativos en su contra que obstaculicen el desarrollo de sus facultades constitucionales”, sostuvo en un pronunciamiento.
También citó una parte de la resolución emitida por la Corte, donde señala que el Congreso del Estado de Tamaulipas, “en ejercicio de sus atribuciones, tal y como dispone el quinto párrafo del artículo 111 constitucional, decidió no homologar la declaración de procedencia que emitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que estima que la determinación impugnada no afecta materialmente la decisión tomada por el Poder Legislativo de la entidad federativa. Ello es así, sobre todo, considerando que el propio Poder actor argumenta no impugnar la declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, sino únicamente los efectos supuestamente pretendidos por la misma, que ya se señaló no se desprenden de ésta.
Esto es, el Poder Legislativo local en acatamiento del artículo 111 constitucional, en ejercicio pleno de su autonomía, procedió como consideró que correspondía. Decidió no retirar ‘la protección o inmunidad procesal penal’ al gobernador estatal a quien se le imputa la probable comisión de un delito federal. Por el momento, determinó que no se pusiera a disposición de las autoridades federales al titular del Poder Ejecutivo local”.
Entre las acusaciones que motivaron el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, se encuentran la simulación de la venta de un departamento en Santa Fe, adquirido por prestanombres y pagado en tres partes: con recursos públicos federales, transferencias hechas por empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y con pagos de una compañía que participó en el esquema de desvío de recursos, mejor conocido como La Estafa Maestra.
El gobernador ha acusado en diversas ocasiones al gobierno federal de orquestar una estrategia en su contra, calificando el hecho como un linchamiento político.
Señaló que el gobierno de López Obrador está usando a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para falsificar y manipular pruebas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 17 MAYO 2021
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