Clasificada como una asociación civil “sin fines de lucro”, Mexicanos Contra la Corrupción ha sido muy “generosa”, pero sólo con sus directivos, pues de los ingresos recibidos en 3 años (2018-2020), su presidente fundador Claudio X González se asignó un salario de 7 millones 520 mil pesos, mientras que su presidenta ejecutiva María Amparo Casar Pérez cobró un sueldo por 11 millones 100 mil pesos, en el mismo periodo.
De acuerdo con las leyes fiscales, las asociaciones civiles “sin fines de lucro”, autorizadas para recibir donaciones, no pueden gastar más del 10 por ciento de sus ingresos en salarios, pero esto nunca lo ha cumplido Mexicanos Contra la Corrupción: cada año gasta un porcentaje mucho mayor. Así, las autoridades tienen elementos legales para retirarle su autorización y con ello perdería su millonario patrimonio.
Ello porque a partir del 1 de enero de este año hubo modificaciones en materia fiscal para las asociaciones civiles que viven de las donaciones, las cuales están obligadas a tener un código fiscal digital por internet (CFDI) por cada uno de los gastos que realizan, lo que permite al Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizar una vigilancia más eficaz del gasto que hacen organizaciones como MCCI, la cual utiliza los donativos como si fueran un patrimonio propio y que, sin pagar impuestos, emplean el dinero donado en lo que quieren.
Esta asociación civil supuestamente dedicada a defender el estado de derecho es utilizada por sus directivos como un instrumento político y mediático en contra del gobierno federal, y en su página de internet afirma ser subsidiada por más de 1 mil 50 donantes, de los cuales destacan organismos extranjeros, como son el Departamento de Estado a través de la United States Agency International Development (USAID) y el Congreso estadunidense por conducto de la National Endowment for Democracy (NED); así como las asociaciones privadas MacArthur Foundation y Ford Foundation, además de la suiza Schweizerische Eidgenossenschaft.
Documentos internos de MCCI revelan que para el presidente fundador de esta organización ha sido un buen negocio la creación de asociaciones civiles para obtener dividendos de los “donativos” que aportan empresarios, organismos nacionales y extranjeros, gobiernos estatales y hasta el propio gobierno federal en administraciones priístas y panistas.
Por ejemplo, en 2018, el hijo de Claudio X González Laporte –presidente de Kimberly Clark México– recibió de Mexicanos Contra la Corrupción 4.6 millones de pesos; es decir que ese año cobró mensualmente 383 mil 333 pesos por presidir esa asociación civil que él mismo fundó; en 2019 el ingreso se redujo a 1 millón 900 mil pesos, equivalentes a 158 mil 333 pesos cada mes, y para 2020 obtuvo 1 millón 20 mil pesos, equivalentes a 170 mil pesos por mes, pues el salario correspondió sólo al primer semestre de ese año porque dejó la presidencia de esa asociación civil en julio y fue sustituido por María Amparo Casar, quien fuera coordinadora de asesores del secretario de Gobernación panista Santiago Creel Miranda durante la presidencia de Vicente Fox.
Desde antes de asumir la presidencia de MCCI, que dice operar “sin fines de lucro”, María Amparo Casar Pérez cobró en 2018 un salario de esa asociación civil por 3.5 millones de pesos, que corresponden a 291 mil 666 pesos al mes; en 2019 su ingreso fue de 4 millones 100 mil pesos, por lo que mensualmente se elevó a 341 mil 666 pesos, y en 2020 su sueldo regresó a los 3.5 millones, lo que hace un total en esos 3 años de 11 millones 100 mil pesos.
En 3 años, MCCI recibió ingresos por 208.4 millones de pesos
En los últimos 3 años (2018-2020), MCCI recibió ingresos por 208 millones 400 mil pesos, un promedio de 70 millones de pesos anuales, y además de su principal donante que fue la Embajada de Estados Unidos en México con 27.7 millones; también destacan el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, AC (SOS), que fundó su presidente Alejandro Joaquín Martí García, quien aportó 22 millones 900 mil pesos; la Fundación Maelva, cuyo presidente es el empresario Valentín Diez Morodo, con 15 millones de pesos; Fundación Kaluz, de Antonio del Valle Perochena, con 10 millones, y Claudio Xavier González Laporte, presidente de Kimberly Clark y padre de Claudio X, con 6 millones de pesos.
Ante las auditorías e investigaciones de los órganos de inteligencia que el entonces presidente Enrique Peña Nieto autorizó en 2016 en contra de la organización Mexicanos Contra la Corrupción, su presidente fundador Claudio X González Guajardo planeó en ese año que se diera de baja el Registro Federal de Contribuyentes de esa asociación civil y ordenó dar de alta otro RFC con el propósito de borrar cualquier huella de delito de evasión fiscal o lavado de dinero que el SAT pudiera imputarles, por lo que desaparecieron todos los registros de movimientos financieros, transferencias internacionales, el pago de onerosos salarios y el origen de los donativos que recibió MCCI antes de 2017.
La respuesta de Claudio X fue presionar mediáticamente. Sólo para medir fuerzas contra su antiguo aliado, el presidente Peña Nieto, empezó a atacarlo en la prensa con reportajes a modo que tenían como única línea acusaciones de corrupción a todos los miembros del gabinete.
El entonces secretario de Hacienda (7 de septiembre 2016 al 27 de noviembre 2018) y posterior candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade Kuribeña, se reunió con Ricardo Monreal, en ese momento jefe delegacional en Cuauhtémoc, para entregarle el expediente fiscal de Mexicanos Contra la Corrupción, lo que le sirvió al delegado para acusar en 2017 al empresario Claudio X González Guajardo de lavado de dinero, desvío de recursos públicos y peculado, por utilizar maliciosamente las asociaciones y fundaciones que presidía.
Preocupado, de inmediato intervino el presidente de Kimberly Clark, Claudio X González Laporte para mediar con el presidente Enrique Peña y prometerle que su junior lo dejaría de atacar, lo que momentáneamente cesó las acusaciones cruzadas y, preventivamente, abrieron un nuevo RFC para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, con lo cual logró desaparecer todo registro del intrincado y comprometido expediente fiscal.
Cuentan quienes vivieron aquel episodio que la negociación en Los Pinos entre el presidente de Kimberly Clark y Peña Nieto enojó mucho a Ricardo Monreal, actual senador de la República, quien se sintió traicionado y utilizado por el secretario de Hacienda para sólo frenar los ataques en contra del entonces presidente de la República, por lo que ya no insistió más con su denuncia contra MCCI y su presidente Claudio X.
El expediente utilizado por Monreal se archivó en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, actualmente bajo la responsabilidad de Rosalinda López Hernández; sin embargo, en esa área fiscal aseguran que no aparece por ningún lado.
En las actividades económicas inscritas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, están la investigación científica o tecnológica que esa asociación civil presta únicamente a los socios: Claudio X González Guajardo, María Amparo Casar Pérez, María Teresa Aguilar Álvarez Castro, Esteban Patricio González Guajardo, Max Kaiser Aranda –quien fuera subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas con Felipe Calderón, actual opositor del gobierno federal e integrante del proyecto La Lista News, que se nutre con información de The Guardian–, Antonio Mario Prida Peón Del Valle y Ana Macarena Velázquez López. El apoderado legal es Santiago Noriega Farres.
Revisan fiscalmente a MCCI y a Kimberly Clark
Con el pasado fiscal borrado, las autoridades hacendarias han empezado a revisar la operación de Mexicanos Contra la Corrupción para determinar si opera de acuerdo con las normas que rigen a las asociaciones civiles en cuanto a donativos y su cumplimiento fiscal, en donde fuentes confiables aseguran que esa asociación civil ya entregó varias cajas al SAT con información correspondiente al ejercicio de 2017, por lo que estarían pendientes 2018, 2019 y 2020.
Esto ha causado preocupación entre socios de MCCI, pues la confrontación abierta que mantiene esa organización con el presidente Andrés Manuel López Obrador podría provocar auditorías fiscales a todos sus aliados para conocer el origen y destino de los donativos que le entregan y que en los últimos 3 años ascendieron a 208.4 millones de pesos.
El gasto en salarios a directivos de MCCI sólo se conoce parcialmente, porque se sabe que hay pagos importantes por servicios prestados, como son los casos de un despacho de abogados y otras consultorías y asesorías que reciben dinero por fuera de esa asociación civil, y de allí se reparte el dinero, todo eso tendrán que investigarlo los auditores y analistas del SAT. En este mecanismo estarían incluidos los periodistas que decidieron colaborar con esa organización.
Al quedarse sin padrinos políticos, el consorcio empresarial Kimberly Clark, del magnate Claudio X González Laporte también está en auditoría fiscal, igual que los otros grandes contribuyentes, a fin de que paguen impuestos que antes no les cobraban por su “buena relación” con gobiernos priístas y panistas. En el caso de Kimberly Clark, este grupo ha suministrado cualquier cantidad de papeles para complicar el trabajo de los auditores hacendarios.
Asimismo el presidente fundador de Mexicanos Contra la Corrupción, Claudio X González Guajardo, enfrenta un juicio que viene desde 2014 por presunta evasión fiscal de 19 millones de pesos como persona física, pero igual como hacen otros empresarios ha conseguido el amparo de la justicia federal en contra de las resoluciones del SAT [juicio de nulidad 15836/19-17-08-3 ante la Octava Sala Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa].
Al consultar el proceso en ese Tribunal, se supo que los jueces mandaron al SAT a reponer el acto, por lo que González Guajardo está en nuevo periodo de pruebas en busca de la nulidad lisa y llana del adeudo, pero fuentes judiciales consideran que el empresario tendrá que pagar y lo único que ha logrado hasta ahora es ganar bastante tiempo al retrasar la resolución final mediante amparos.
La lista de donadores de MCCI
En la lista de donadores de esa asociación civil, que durante 2018 recibió 77.4 millones de pesos, aparecen el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, con 6.9 millones; Fundación Maelva, 5 millones, y Grupo México, 5 millones. En los estados contables de esa asociación civil están también los gastos que hizo en ese mismo año: CIBanco, 7.5 millones de pesos; Consorcio Metropolitano Inmobiliaria, 5.7 millones, y para María Amparo Casar Pérez, 3.5 millones.
En 2019, los ingresos de MCCI ascendieron a 73.8 millones de pesos, recibidos de la siguiente manera: Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, 12.3 millones de pesos; Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, 7.2 millones; Fundación Maelva, 5 millones. Los gastos en ese año: CIBanco, 7.6 millones de pesos, Estrategias de Acompañamiento y Servicios Educativos, 7.6 millones, y Consorcio Metropolitano Inmobiliario, 5.8 millones.
En 2020, el monto fue de 60.2 millones de pesos: Embajada de Estados Unidos de Norteamérica: 13.4 millones; Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, 8.8 millones; Fundación Maelva, 5 millones. Los gastos en 2020: María Amparo Casar Pérez, 3.5 millones; IMSS, 3.1 millones, y Estrategias de Acompañamiento y Servicios Educativos, 2.9 millones de pesos.
Entre las asociaciones relacionadas directamente con Claudio X González Guajardo, destacan cinco:
- Mexicanos Primero, que en 2019 obtuvo ingresos de Servicios Estatales de Salud por 13.6 millones de pesos, del Instituto del Deporte de Guerrero 8 millones y de la Secretaría de Educación de Guerrero 5.6 millones de pesos, institución que para 2020 le entregó 445 mil pesos.
- Mexicanos Primero Sinaloa recibió entre 2018 y 2020 ingresos de la empresa Coppel por 2.6 millones de pesos, de Banco Coppel 2.9 millones y de Adrián Coppel Calvo 200 mil pesos. En 2018, Juan Alfonso Mejía López, exdirector general de Mexicanos Primero Sinaloa, fue designado como secretario de Educación Pública y Cultura por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.
- Mexicanos Primero Jalisco había recibido ingresos de la empresa Pisa por 2.1 millones de pesos en el periodo 2018-2020, pero ante los problemas que enfrenta esa farmacéutica por la cancelación de contratos con el gobierno federal, canceló una de las donaciones por 600 mil pesos.
- Mexicanos Primero Michoacán tiene como representante legal a Alejandro Ramírez Magaña, director general de Cinépolis y presidente del Consejo de Mexicanos de Negocios hasta 2019, quien es uno de los principales opositores al gobierno de López Obrador.
- Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete) consiguió entre 2019 y 2020 contratos sin licitar por 17.5 millones de pesos con el gobierno federal. Esta asociación civil también obtuvo ingresos en 2018 con el gobierno de Puebla por 60 millones y en 2019 con el gobierno de la Ciudad de México por 11.7 millones de pesos.
FUENTE: CONTRALÍNEA.
AUTOR: MIGUEL BADILLO.
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