Documentación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la que tuvo acceso Animal Político señala que, el 26 de febrero de 2016, el bufete jurídico del panista Lozano Gracia hizo dos transferencias vía SPEI por 32 millones 564 mil 287 pesos a la razón social Despacho de Profesionistas Futura S.A. de C.V., clasificada por el SAT como empresa fantasma definitiva.
La Fiscalía de Chihuahua identificó que el Despacho de Profesionistas Futura es una de las cuatro empresas fachada mediante las que la administración del exgobernador Duarte desvió, en abril de ese mismo año, 246 millones de pesos de fondos federales para financiar campañas electorales del PRI, en el caso denominado “Operación Zafiro”.
El Instituto Nacional Electoral (INE) corroboró que Antonio Lozano Gracia y Asociados S.C. realizó los depósitos a la empresa duartista e inició una investigación desde la Unidad Técnica de Fiscalización. El pasado 8 de marzo, el árbitro electoral envió al bufete jurídico de Lozano Gracia un requerimiento para esclarecer su relación con el Despacho Futura y el motivo por el cual le transfirió 32.5 millones de pesos dos meses antes de que se registraran los desvíos del gobierno de Chihuahua, de acuerdo con el oficio INE/JLE-CM/937/2021.
Actualmente, un grupo de integrantes y exmiembros del despacho de Lozano Gracia y Asociados S.C., así como abogados panistas vinculados a ellos, son los principales defensores jurídicos de Maru Campos en el proceso penal por el que la candidata del PAN fue vinculada a proceso por el delito de cohecho.
La Fiscalía de Chihuahua la acusa de haber cobrado sobornos por más de 9 millones de pesos de parte de César Duarte desde febrero de 2014 y hasta abril de 2016, mes en el que se consumaron los desvíos de la “Operación Zafiro”. Este medio posee copia de los recibos de pago que, según la Fiscalía, confirmarían que Maru Campos era beneficiaria de la “nómina secreta” del exgobernador Duarte.
Para su defensa jurídica, la alcaldesa con licencia contrató a Antonio Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez, ambos extitulares de la extinta PGR, el primero durante la administración de Ernesto Zedillo, el segundo con Felipe Calderón. Chávez Chávez fue durante años socio en el despacho Lozano Gracia y Asociados S.C., y actualmente dirige su propio bufete jurídico.
Otro defensor de Maru Campos es Jorge Joaquín Díaz López, extitular de la Unidad de Delitos Contra la Salud y excoordinador de Investigaciones de la SEIDO (PGR), y miembro activo del despacho de Lozano Gracia.
Francisco Molina Ruiz, otro integrante de la defensa, aunque no forma parte del bufete jurídico, fue subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo cuando Chávez Chávez era titular de la PGR.
Este medio se puso en contacto con la coordinación de la campaña de Maru Campos para cuestionarle si considera perjudicial la implicación de sus abogados con una empresa de la “Operación Zafiro”. El coordinador, Luis Serrato, afirmó que los litigantes son quienes deben emitir una respuesta, pues la candidata está dedicada a “construir una alianza con los chihuahuenses”.
“Sobre esos temas, creo que deberán ser los abogados de ese despacho quienes hablen al respecto, porque acá en la campaña estamos ocupados en los temas que le interesan a los ciudadanos y sumando voluntades”, refirió.
El nexo fue Daewoo, dice Lozano Gracia
El exprocurador Lozano Gracia reconoció las transferencias efectuadas por su firma de abogados al Despacho de Profesionistas Futura y aclaró que fue un pago por prestación de servicios profesionales; además, aseguró, al momento de los depósitos no estaba enterado de la participación de la empresa fantasma en la trama de corrupción del caso “Zafiro”.
En entrevista, el litigante refirió que está al tanto de la investigación del INE, y dijo que el representante legal de su despacho dio respuesta al requerimiento de investigación del árbitro electoral, misma que se reproduce íntegramente a continuación.
En el oficio INE/JLE-CM/937/2021, el Instituto notificó a Antonio Lozano Gracia y Asociados S.C. que el requerimiento forma parte de un proceso sancionador iniciado por la Unidad Técnica de Fiscalización a raíz de quejas interpuestas por Morena, el PAN y el PRD en contra del PRI por los desvíos de recursos de la “Operación Zafiro” en el marco del proceso electoral 2015-2016.
“Se tiene certeza de que su representada realizó operaciones con la persona moral denominada Despacho de Profesionistas Futura S.A. de C.V., misma que se encuentra sujeta a investigación por ser parte fundamental en la resolución del procedimiento administrativo sancionador en comento”, señala el oficio del INE.
Tanto en la contestación dada al Instituto como en la entrevista concedida a este medio, Lozano Gracia señaló que el pago de su firma jurídica a Despacho Futura se dio por petición del corporativo de electrodomésticos de origen coreano Daewoo Electronics Corporation México S.A. de C.V. y de su filial DDCAM México S.A. de C.V.
Conforme el escrito, Daewoo era cliente de Lozano Gracia y Asociados S.C. desde 2010. En 2014, el corporativo lo contrató nuevamente para que lo asesorara a fin de participar en la licitación de televisores para el “apagón analógico”.
En el transcurso del trabajo, se expuso, Daewoo le pidió al despacho de Lozano Gracia que contratara específicamente a una persona identificada como María de Lourdes Gallardo Carrillo, a quien el corporativo coreano encargó hacer el estudio de mercado que sería entregado en la licitación, así como gestionar financiamientos en la banca para poder concursar.
Aunque, en efecto, se firmó un contrato de prestación de servicios profesionales entre el despacho jurídico y Gallardo Carrillo, Lozano Gracia aseguró que nunca la conoció personalmente.
Finalmente, Daewoo, a través de su filial DDCAM, ganó una partida de la licitación por 405.4 millones de pesos. Una vez que Lozano Gracia y Asociados S.C. recibió el pago del corporativo coreano, se dispuso a transferir a Gallardo Carrillo sus honorarios. Pero, de acuerdo con el relato, ésta le solicitó el 17 de agosto de 2015 que se le depositara su pago, no a ella, sino a la razón social Despacho de Profesionistas Futura S.A. de C.V., de la que era representante legal. Sus honorarios eran por 32 millones 564 mil 287 pesos, se aseguró.
La empresa Despacho Futura había sido constituida apenas cuatro días antes del pago, el 13 de agosto, junto con otras cinco compañías que participarían en la trama corrupta de la “Operación Zafiro”. Otras 13 empresas fachada fueron creadas el 18 de agosto, de acuerdo con documentación en poder de Animal Político.
El abogado Lozano Gracia sostiene que, para hacer el depósito de sus honorarios, se solicitó a Gallardo Carrillo el acta constitutiva de su empresa y comprobante de que estaba al corriente de sus obligaciones fiscales. Luego, se hizo la transferencia de 32.5 millones de pesos el 26 de febrero de 2016, seis meses después de la constitución del Despacho Futura. Incluso, tras los depósitos, Gallardo Carrillo entregó un comprobante del pago de impuestos por esos ingresos.
Lozano Gracia destaca que, mientras que Futura y otras empresas fachada recibieron recursos públicos del gobierno de Chihuahua, los recursos que su despacho pagó a dicha razón social eran privados y provenían de Daewoo.
“En mi caso, los recursos que yo recibo provienen de esa empresa (Daewoo), no de ninguna entidad pública. Y yo cuando los recibo, recibo mis honorarios, que declaro y de los cuales pago los impuestos correspondientes, y pago a quien había prestado un servicio que me habían indicado (Gallardo Carrillo). Entonces, es un dato diferenciador muy contundente”, sostiene en entrevista.
Una familia blanquea 547 millones de pesos
María de Lourdes Gallardo Carrillo fue una pieza clave en la creación de empresas de papel utilizadas por la Secretaría de Hacienda y el gobierno de César Duarte para orquestar el desvío de 246 millones de pesos en 2016, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Chihuahua.
Mediante cuatro contratos por adjudicación directa, todos esos recursos fueron transferidos el 7 de abril de 2016 a cuatro razones sociales, que después los dispersaron a decenas de personas físicas y morales para que posteriormente llegaran a las campañas del PRI.
Se trata de Servicios y Asesorías Sisas S.A. de C.V. (que recibió 46 millones de pesos), Servicios y Asesorías Sinnax S.A. de C.V. (55 millones), Servicios y Asesorías Samex S.C. (55 millones) y el Despacho de Profesionistas Futura S.A. de C.V. (90 millones), todas creadas entre el 13 y el 18 de agosto de 2015.
Gallardo Carrillo y sus parientes figuran como socios y representantes legales de las cuatro compañías, que en conjunto recibieron los 246 millones de pesos malversados por el gobierno de Chihuahua.
Uno de los familiares involucrados es José Juan Saliano González, un policía del Estado de México que fue detenido en octubre de 2016 -meses después de los desvíos- por intentar robar 3 millones de pesos de una empresa que él custodiaba junto con otros dos agentes en Jardines del Pedregal, Coyoacán, según dio a conocer Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
La familia de Gallardo Carrillo también aparece como prestanombres en los documentos constitutivos de otras 13 compañías de papel de la red “Zafiro”, según documentación consultada por Animal Político: Comercializadora Fing, Constructora y Abastecedora Cofex, Network Securiti Advisor, Novanight, Publicidad Icon, Servicios Empresariales Parley, Constructora y Abastecedora Casmex, Comercializadora Vezcu, Constructora Invelco, Despacho de Profesionistas Faga, Constructora Franfeca, Publicidad Recrea y Comercializadora Sinex.
Así, los parientes de Gallardo Carrillo formaron al menos 17 empresas de la red “Zafiro”. De ese total, el SAT boletinó a nueve como empresas fantasma definitivas que simularon operaciones. MCCI documentó que la mayoría tiene domicilios fiscales en casas particulares de colonias populares de la Ciudad de México y el Edomex.
Una investigación de la UIF, a la que este medio tuvo acceso, señala que 11 compañías del grupo recibieron transferencias millonarias en 2016, no sólo de Chihuahua, sino también de Durango, Morelos, Sonora, Colima, Michoacán y el Estado de México.
Así, además de los 246 millones provenientes del gobierno de César Duarte, esas compañías recibieron otros 301 millones 092 mil 171 pesos de los otros estados, para un total de 547 millones 092 mil 171 pesos desviados.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL.
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