En un foro virtual, defensores y académicos advirtieron que la influencia de los militares ya no sólo está en asuntos de seguridad pública, sino que también se encuentra en la construcción de megaproyectos, control de puertos y aduanas y la administración de vacunas.
“Los gobiernos pasarán, pero el andamiaje legal que profundiza la participación de las fuerzas armadas va a permanecer, y esa es la nota más preocupante en el presente”, señaló director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, durante el foro convocado por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).
Aguirre denunció que si bien la militarización en México se originó décadas atrás, “en el presente gobierno vemos una profundización preocupante de esa inercia, porque se presenta con una especial intensidad y tiene una profundidad jurídica muy honda”.
Añadió que incluso se han registrado mayores “retrocesos” en el control y supervisión del ejército y la marina, como lo demuestran los abusos y “atrocidades” cometidas por los militares en estados como Tamaulipas, Chiapas y Sonora. A esto se suma, indicó, el “espíritu de cuerpo” en las fuerzas armadas que bloquea cualquier tipo de investigación y reparación integral, y que está presente incluso entre los organismos civiles como la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por su parte, la directora de la organización feminista Intersecta, Estefanía Vela, señaló que otra prueba de que “se ha intensificado” la militarización en México es el aumento constante de presupuesto para el ejército y la marina, así como que el índice de letalidad en los enfrentamientos de militares con civiles es cada vez mayor.
En su participación, el director del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Sam Storr, recordó que la Guardia Nacional creada por AMLO, aunque formalmente tenga un control civil, en los hechos está formada, entrenada y dirigida por militares. Esto, explicó, forma parte de una dinámica en la que los soldados y marinos se encargan de la seguridad pública en 24 de los 32 estados del país o definen el entrenamiento y los modos de operación de las policías supuestamente civiles, mediante esquemas como el de la “policía estatal acreditable”.
Finalmente, Storr denunció que desde 2012 ha habido un “enorme incremento” de las quejas por violaciones de derechos humanos cometidas por militares, lo que demuestra el “fracaso” del modelo de seguridad.
AUTOR: REDACCIÓN.
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