Desde el 2018, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tratado de vender el avión presidencial TP-01 que permanece resguardado por la Fuerza Aérea Mexicana en el 6º Grupo Aéreo, antiguo Hangar Presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, su conservación y labores de mantenimiento les ha representado una erogación superior a los 420 millones de pesos.
Durante este gobierno se ha intentado vender sin éxito el Boeing 787-8 que se encuentra bajo un esquema de arrendamiento financiero vigente firmado por Banobras con el Ejército con duración de 15 años por un valor superior a los 6 mil millones de pesos.
Incluso se vendieron piezas o “cachitos” de la Lotería Nacional para tratar de recuperar lo que en los últimos nueve años la Secretaría de la Defensa ha erogado y que se estima en más de 2 mil 250 millones de pesos en arrendamiento.
En este nuevo intento a partir del Acuerdo Específico de Colaboración que firmó en 2019 el gobierno de México, a través de Banobras, con la UNOPS bajo la referencia ITB/2021/19079, se establece que el piso mínimo de venta de la aeronave será de $2,286,017,512.15 (2 mil 286 millones 17 mil 512 pesos con 15 centavos) y la “comisión de éxito” será propuesta por la empresa que esté interesada en llevar a cabo este servicio.
Se prevé que recibirá un “monto de reconocimiento” el cual no deberá exceder del 0.03 por ciento del valor mínimo de venta del avión (685 mil 800 pesos), que sería descontado de la comisión de éxito si es que concreta el objetivo.
El proceso de licitación de la UNOPS abrió el pasado 14 de mayo y se encuentra vigente hasta el próximo 4 de junio a las 20 horas.
En esta licitación para la contratación de un servicio especializado que apoye al proceso de comercialización y enajenación de la aeronave Boeing 787-8 VVIP, se prevé también que una vez determinada la propuesta ganadora, el contratista será responsable de llevar a cabo una investigación de mercado con el objetivo de encontrar y recomendar potenciales compradores con las mejores condiciones para el gobierno mexicano.
También, tendrá que realizar actividades de promoción y publicidad de la aeronave, nacional e internacional, como también la identificación de las alternativas viables para su enajenación.
La UNOPS establece que ninguno de los posibles compradores del avión presidencial deberá estar incluido en la lista de vendedores suspendidos de Naciones Unidas (List of Suspended Vendors) ni en la lista 1267 de empresas involucradas con el financiamiento de actividades vinculadas con el terrorismo; lista de proveedores suspendidos de UNOPS; lista de proveedores no responsables, lista de firmas o individuos inelegibles, ni en la lista de declarados inelegibles por el Banco Mundial.
De forma adicional en las bases de la licitación se establece que “se deberá verificar que la empresa interesada en la compra ni sus socios estén o hayan estado involucrados en procesos o demandas legales; que los recursos para la compra de la aeronave provengan de fuentes lícitas (sean recursos propios o financiamiento)”.
La empresa ganadora de este proceso de la UNOPS tendrá un plazo de 16 semanas (4 meses) a partir de la firma del convenio, prorrogables por otras 16 semanas, para lograr la venta del avión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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