El listado de notificación de controversias y acciones de constitucionalidad indica que fue admitida a revisión la controversia en contra del Congreso de la Unión y Poder Ejecutivo Federal, presentada en abril pasado.
La Cofece considera inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, promulgada el 9 de marzo, porque viola la libre competencia al favorecer a la CFE, la empresa del Estado, en detrimento de las privadas, extranjeras y generadoras renovables.
“(Las medidas) eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico, lo que se traduciría en una perturbación en las condiciones de oferta de la electricidad, así como en daños al consumidor y a la economía en general”, argumentó la Cofece.
La reforma eléctrica, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Orador, elimina el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.
También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.
La reforma sí está frenada, jueces otorgaron suspensiones definitivas a empresas que solicitaron un amparo en contra de los cambios constitucionales, lo que genero el reclamo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en especial contra el Juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó primero los recursos de protección, a quien acusa de proteger los intereses de “minorías rapaces”.
El titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones ya acumula tres reformas del gobierno actual en las que falla en contra: la realizada a la Ley de la Industria Eléctrica, la del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía (Panaut) y la Ley de Hidrocarburos, las tres polémicas y consideradas por el Gobierno federal como prioridad.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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