Con 50 carpetas de investigación iniciadas entre septiembre de 2020 y marzo de 2021, los candidatos, miembros y/o colaboradores del partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador son señalados e investigados por incurrir en conductas que podrían vulnerar el proceso democrático en curso, de acuerdo con cifras de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).
Aparte de Morena, ocho partidos nacionales y cuatro locales, así como algunas de sus coaliciones y algunos candidatos independientes, también figuran entre los acusados.
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y de la Revolución Democrática (PRD) son los grupos políticos con más denuncias después de Morena, con un total de 26 carpetas de investigación en conjunto.
El hecho de ser denunciado no implica la comisión de un delito probable, sobre todo si se considera que en lo que va de los comicios, menos del uno por ciento de las carpetas de investigación y de las averiguaciones previas que se encuentran en activo han derivado en una sentencia judicial.
De acuerdo con la FEDE, entre septiembre del año pasado y marzo del año en curso hubo un total de 86 denuncias, “en las que se registraron como principales personas imputadas a candidatos y candidatas, dirigentes y/o militantes de partidos políticos con registro nacional y/o local, así como a personas candidatas independientes y colaboradoras de éstas”. Dicha cantidad de expedientes activos equivale a la tercera parte (30.6 por ciento) de las denuncias (281) interpuestas ante la FEDE durante el periodo referido.
La información disponible también indica que el 44.5 por ciento de todas las denuncias recibidas (125) por la Fiscalía fueron tramitadas por ciudadanos, mientras que otra parte de ellas (82) fue interpuesta por autoridades electorales (14.9 por ciento) e instituciones gubernamentales (14.2 por ciento). El resto de las carpetas de investigación (74) fue abierto por delación de militantes y/o integrantes de partidos políticos (8.9 por ciento) y de actores no especificados (17.4 por ciento).
En cuanto a los hechos denunciados, las cifras oficiales refieren que la tercera parte (35.9 por ciento) correspondió a presuntos actos de alteración del Registro Federal de Electores (101 casos). A ello siguieron ilícitos como recoger credenciales para votar (29 casos), condicionar la prestación de servicios públicos (23 casos), compra de votos (17 casos), proporcionar apoyo en horario laboral (17 casos) y hacer mal uso de material electoral (16 casos).
La siguiente tabla contiene la información utilizada para la elaboración de este texto, incluida la cantidad de denuncias por ilícito en el apartado “Carpetas iniciadas por delito”.
DENUNCIAS EN LOS ESTADOS
En los comicios intermedios de este año han habido importantes polémicas electorales. Unas, por ejemplo, nacieron de partidos que acusan “mano negra” de instituciones electorales, como sucedió cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) anuló la candidatura por la gubernatura de Guerrero al morenista José Félix Salgado Macedonio, no por las acusaciones que enfrenta por abuso sexual, sino porque omitió presentar un informe de ingresos y gastos en tiempos de precampaña política.
Otras polémicas están centradas en el abuso de poder por parte de los gobernantes en turno. Una de las más notorias es quizá la del Presidente López Obrador, quien admitió haber intervenido en el proceso electoral con una denuncia pública en contra del candidato priista a la gubernatura de Nuevo León, Adrián Emilio de la Garza Santos, a quien acusó de entregar tarjetas rosas con la finalidad de comprar votos femeninos.
Asimismo, existen denuncias entre candidatos, entre ellas, aquella que de la Garza Santos interpuso en contra de su oponente en Nuevo León, el candidato emecista Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien fue acusado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por supuesto lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita, para financiar su campaña política.
En un contexto electoral como el actual, la mayor parte de las denuncias entre actores políticos no pasará de los señalamientos a una acusación formal, toda vez que si lo hiciere, en la mayoría de los casos hay desistimiento de las autoridades judiciales, ya sea por falta de pruebas para integrar carpetas de investigación, o por falta de competencia para resolver los señalamientos, e incluso por la abstención de los ministerios públicos en casos que no constituyen un delito, o cuya responsabilidad imputable ha prescrito.
Por ejemplo, entre septiembre de 2020 y marzo de 2021, una de cada ocho capetas (12.6 por ciento) de investigación y averiguaciones previas activas fue judicializada, lo que implica que la denuncia pudo ser admitida a proceso penal y ser presentada ante un juez. De las carpetas judicializadas, el 2.6 por ciento implicó una sentencia, lo que supone que en el periodo referido, sólo el 0.3 por ciento de los expedientes activos tuvo resolución o fallo legal.
Más allá de las posibilidades de que una denuncia termine en una acusación formal por parte de instancias judiciales, la situación en los estados no es la misma.
De acuerdo con las cifras de la FEDE, el 45.2 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas en lo que va del proceso electoral está concentrado en la Zona Metropolitana del Valle de México, específicamente en la Ciudad de México (65) y en los estados de México (37) e Hidalgo (25).
Sin embargo, las entidades federativas con más expedientes iniciados per cápita son Hidalgo, Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo y Nuevo León. En contraste, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Guanajuato y Morelos tienen los menores índices por cada 100 mil habitantes.
DENUNCIAS EN LA CDMX
Además de las 65 carpetas de investigación iniciadas por la FEDE a partir de denuncias admitidas en la capital del país, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) “ha recibido en el presente proceso electoral 166 quejas, denuncias y vistas relacionadas con el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, que fueron radicadas como procedimientos especiales sancionadores”, se lee en un informe presentado el 26 de febrero de este año.
De acuerdo con el IECM, los procedimientos especiales sancionadores son procesos de investigación que “se inician por conductas relacionadas con el proceso comicial, así como por propaganda política o electoral que calumnie a las personas, por actos anticipados de precampaña o campaña, por violaciones al párrafo séptimo [sobre uso imparcial de recursos públicos] y octavo [sobre propaganda y comunicación social oficial] del artículo 134 de Constitucional Federal, por violencia política en razón de género, violencia política contra las mujeres en razón de género y violencia política”.
La información disponible indica que hasta febrero de este año, en la Ciudad de México hubo dos denuncias en contra del Presidente de la República, así como seis en contra de la Jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo. Además hubo delaciones en contra de legisladores federales (13) y locales (44), como también en contra de funcionarios de alcaldías (33), del Gobierno capitalino (cuatro) y de la Federación (una).
Por otro lado, hubo tres partidos denunciados: el PAN, el PVEM y el PRI, con tres, dos y una carpetas de investigación iniciadas en cada caso.
El resto de las denuncias fueron en contra de personas físicas y/o jurídicas (32), precandidatos a alcaldías (20) y a diputaciones locales (una), aparte de aquellas en contra de quien resulte responsable (cuatro).
La mayor parte (78.3 por ciento) de las carpetas de investigación iniciadas por el IECM están relacionadas con presuntos actos anticipados de precampañas y/o campaña (87 expedientes) y de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos (43 expedientes).
El resto de las quejas y denuncias admitidas incluye supuestos delitos por calumnia y/o violencia política (11), incumplimiento a las reglas para la difusión y rendición de informes de labores (nueve), violencia política de género (cuatro), e incumplimientos en materia de colocación y retiro de propaganda (cinco), entre otros.
De las 166 carpetas de investigación por presuntos delitos electorales, el IECM dio inicio a 41 procedimientos especiales. Y salvo por un caso adicional que fue remitido al tribunal electoral capitalino, el resto de los casos fue desechado, supuso incompetencia de funciones, no fue interpuesto o está detenido por la necesidad de realizar diligencias previas.
En cuanto a los denunciantes se refiere, la información disponible del IECM al primer bimestre de 2021 indica que el 71.7 por ciento, 119 quejas y denuncias, provino de la ciudadanía. El resto de las delaciones fueron interpuestas por funcionarios públicos locales (19), partidos políticos y militantes (16), instancias públicas y candidatos (cuatro en cada caso), denunciantes anónimos (cuatro) y por procedimientos de oficio (una).
Como consecuencia de los 41 procedimientos especiales, las autoridades electorales locales decretaron 17 medidas cautelares por cuestiones relacionadas con actos de promoción personalizada, violencia política en razón de género y violencia política contra las mujeres en razón de género, así como a favor del interés superior de un menor y por incumplimiento a las reglas de difusión de informe de labores o de gestión.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: EFRÉN FLORES.
No hay comentarios:
Publicar un comentario