El documento titulado “México militarizado: la guerra se perdió, pero la paz no llega” acusa al primer mandatario de profundizar la militarización tanto dentro como fuera del ámbito de la seguridad pública.
El análisis firmado por Stephanie Brewer recuerda que América Latina tiene un largo historial de golpes de Estado y dictaduras. Sin embargo, señala que en México el peso de los militares es ya tan grande, dentro y fuera del ámbito de la seguridad, que puede significar que un golpe no sea necesario para que ejerzan niveles de poder.
“Sin constituir un gobierno militar, tampoco hablan de una institucionalidad democrática saludable”, señala.
WOLA subraya que durante la administración lopezobradorista los militares se han convertido, además, en ejecutores de proyectos emblemáticos como la construcción de sucursales del Banco de Bienestar, aeropuertos, megaproyectos de turismo y transporte, la distribución de vacunas anti-Covid, y el control de puertos y aduanas, e incluso la migración.
“La desmilitarización no sólo no ha llegado, sino que López Obrador ha apostado por profundizar diversos aspectos del modelo militarizado”.
Brewer recuerda que este mes se cumple un año del acuerdo por el cual se aprobó que las Fuerzas Armadas participen en tareas policiales hasta 2024, y que hace dos años se creó la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad que, si bien depende de una institución civil -la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana-, es en realidad “una fuerza militarizada”, pues está bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)” y además está integrada mayoritariamente por militares.
“Con la seguridad en manos militares, y con las Fuerzas Armadas como ejecutoras de componentes importantes del proyecto de gobierno, es dable cuestionar qué margen de poder conserva el gobierno civil frente al estamento militar”.
Brewer concluye que en la guerra contra la delincuencia, quien ha sufrido las pérdidas más devastadoras ha sido la población, ya que el modelo militarizado ha detonado más violencia sin dar paso a estrategias efectivas de seguridad.
“Ningún despliegue de fuerzas será suficiente para revertir la violencia mientras actores del Estado se encuentren entre los cómplices de las redes criminales; mientras no se priorice la reforma de las corporaciones civiles de seguridad; mientras las instituciones del país no avancen de manera trascendental en la investigación de los fenómenos delictivos; y mientras se toleren violaciones de derechos humanos por parte de las instituciones encargadas de velar por el estado de derecho”, apunta.
“Abordar estos factores desde un enfoque de protección a la población debería constituir el norte de la estrategia contra la violencia. Tal estrategia requiere de voluntad política y seguimiento cercano para materializarse a nivel nacional; actualmente, preocupa que la apuesta del gobierno sea una creciente e indefinida dependencia de las Fuerzas Armadas”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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