De acuerdo con el informe, el año pasado, fueron asesinados en el país 524 policías, lo que representa un aumento del 17.5 por ciento con respecto al año 2019; en el mismo periodo, ocho periodistas fueron asesinados en relación con su trabajo, una de las cifras más altas a nivel mundial.
Mientras que entre septiembre de 2020 y marzo de 2021 asesinaron por lo menos a 139 políticos, funcionarios gubernamentales o candidatos.
Y, en general, los niveles de violencia fueron históricamente altos el año pasado; tan sólo en homicidio, aumentaron un 84.1 por ciento desde 2015.
En 2020, señala el informe, más de 35 mil personas fueron víctimas de homicidio, lo que representa una tasa de 27.8 muertes por cada 100 mil personas.
El índice revela que la paz en el país mejoró 3.5 por ciento en 2020, con una mejora en cuatro de los cinco indicadores, después de cuatro años de deterioro sucesivo y marca un cambio de tendencia que comenzó antes de la aparición del Covid-19.
“Desde julio de 2018, las tasas de homicidio y delitos cometidos con armas de fuego alcanzaron su punto máximo y desde entonces han ido disminuyendo gradualmente”, dice el IEP.
Otras tasas de criminalidad comenzaron a caer a mediados de 2019; sin embargo, las de criminalidad siguen siendo altas, lo que indica que México podría estar experimentando un cambio de tendencia luego de un fuerte aumento de la violencia.
Durante 2020, según el reporte, 22 estados registraron una mejora general, mientras que 10 sufrieron deterioros. Yucatán fue el estado más pacífico del país por cuarto año consecutivo, seguido de Tlaxcala, Campeche, Chiapas y Nayarit.
Pero Baja California, Colima, Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato se colocaron como los cinco estados menos pacíficos.
Esta es la primera vez en cinco años que la mayoría de los estados mejoraron sus niveles de paz.
El documento, sin embargo, destaca que México tiene la novena tasa de homicidios más alta a nivel mundial, y también alberga las cinco ciudades con las tasas de homicidio más altas del mundo: Tijuana, Ciudad Juárez, Uruapan, Irapuato y Ciudad Obregón.
Por ejemplo, la ciudad fronteriza de Tijuana registró en 2019 una tasa de homicidios de 134 muertes por cada 100 mil habitantes, 20 veces más alta que el promedio mundial, sostiene.
Incluso, el homicidio fue la principal causa de muerte entre los hombres de entre 10 y 54 años, mientras que las muertes de mujeres se relacionan comúnmente con la violencia de pareja.
“Los feminicidios han aumentado 116 por ciento desde 2015”, destaca el documento.
Y, aunque la tasa de crímenes violentos había comenzado a mostrar signos de una ligera disminución antes de 2020, disminuyó significativamente después de marzo de 2020, impulsada por las medidas de salud pública del gobierno y las recomendaciones de permanencia en el hogar debido a la pandemia de Covid-19.
La tasa de delincuencia organizada ha aumentado un 40.5 por ciento desde 2015, con el mayor deterioro observado en la tasa de narcomenudeo que aumentó en un 125 por ciento. Además, indica el IEP, la violencia armada casi se ha duplicado desde 2015, con el doble de crímenes cometidos con un arma de fuego.
“Construir la paz en México requiere estrategias integrales y bien articuladas para combatir la corrupción y la impunidad de manera decisiva. También es necesario el fortalecimiento de instituciones, y reconstruir la confianza de la gente en sus gobiernos para fomentar la colaboración”, dijo Carlos Juárez, director del IEP en México.
El costo de la violencia
“Además del sufrimiento personal, la violencia tiene un alto costo para nuestra economía”, explica Juárez.
El impacto económico total de la violencia en México fue de 4.71 billones de pesos en 2020, más del doble de las exportaciones anuales totales de la industria automotriz, el sector industrial más grande de México.
Los costos asociados con la violencia siguen siendo altos; sin embargo, el gasto público en contrarrestar la violencia ha disminuido. Desde 2015, el gasto en servicios de seguridad pública ha caído un 31.4 por ciento.
El gasto del gobierno en seguridad interna y el sistema judicial como porcentaje del PIB es menos de la mitad del promedio latinoamericano, con solo 0.7% del PIB.
Este déficit limita la capacidad del sistema judicial para procesar casos, lo que genera altos índices de impunidad.
Sin embargo, señala el informe, el gasto militar y los costos de protección privada aumentaron en comparación con 2019, con un creciente uso del ejército en el combate a la delincuencia organizada.
“En 2020, el impacto económico de la violencia fue siete veces mayor que el gasto público en salud”, dice Juárez.
Incluso, explica, una reducción del 10 por ciento en la violencia proporcionaría recursos adicionales por 471 mil millones de pesos a la economía mexicana.
“Estos niveles de recursos podrían ser clave y se requieren con urgencia para ayudar a contener la pandemia y la posterior recuperación económica”, agrega.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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