De manera definitiva e inapelable, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la culpabilidad de 22 personas implicadas en el caso de la Guardería ABC, acusados de delitos como homicidio culposo, ejercicio indebido del servicio público y lesiones tras la muerte de 22 niños en el incendio de la guardería provocado por la negligencia de las autoridades el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora.
La SCJN ordenó que un Tribunal Unitario en Materia Penal con sede en Hermosillo revisara el caso para imponer nuevas penas a los exfuncionarios y particulares que fueron condenados con sentencias de entre 14 y 29 años de cárcel.
La resolución de la SCJN niega por lo tanto el amparo a los funcionarios Antonio Salido Suárez, exsecretario del Consejo de Administración de la Guardería ABC, y Martín Lugo Portillo, exdirector de Bomberos del municipio de Hermosillo, para revocar en su totalidad la sentencia condenatoria a 28 años y 11 meses dictada contra ambos. Sin embargo, el tribunal federal también deberá reducir la condena de Salido y Lugo por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, pues los ministros alegaron que su responsabilidad en la muerte de las víctimas fue involuntaria o no deliberada y por lo tanto la sanción aplicable sólo puede ser una cuarta parte de las penas contempladas para los delitos de homicidio doloso y lesiones dolosas.
La SCJN señaló en la resolución que, una vez disminuidas, el tribunal unitario sí puede sumar a las penas de prisión de los 22 implicados que corresponden a los delitos de homicidio culposo y lesiones dolosas, por lo que el resultado final de la sentencia deberá contener las penas resultado de ambos delitos.
Los ministros de la Primera Sala también revisaron un amparo interpuesto por los padres de los niños víctimas y revocaron la absolución de tres funcionarias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que fungieron como coordinadoras zonales de guarderías en el estado de Sonora, por lo que se les declaró culpables del delito de ejercicio indebido del servicio público. Las sentencias contra las funcionarias, sin embargo, se dictarán bajo el mismo criterio que el de los demás imputados.
AUTOR: REDACCIÓN.
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