Han pasado siete años y la llamada Línea Dorada fue cerrada totalmente luego de que una estructura se colapsó y dos vagones se desplomaron, dejando 26 muertos y casi 80 heridos.
En medio de la tragedia, vuelven a la luz los nombres de los funcionarios inhabilitados en ese entonces, uno de ellos pieza clave para el contrato de trenes de rodada férrea, pese a las advertencias de riesgos, y que hoy trabaja con Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manejando recursos públicos.
Se trata de Juan Carlos Mercado Sánchez, actual director general de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales de la SRE, quien se desempeñó como subdirector general de Administración y Finanzas del STC Metro de 2009 a 2012, durante el gobierno capitalino de Marcelo Ebrard (2006-2012), cuando se presentaron diversas irregularidades en la renta de 30 trenes para la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac, mediante un esquema de prestación de servicios a largo plazo (PPS).
Mercado Sánchez fue el encargado de la evaluación financiera del arrendamiento de los trenes mediante el esquema PPS que, según el contrato STC-CNCS-009/2010, costaron mil 588 millones 152 mil 500 dólares, comprometiendo recursos fiscales por 15 años. Dichos recursos fueron aprobados por el exsecretario de Finanzas Mario Delgado, quien hoy es diputado con licencia y presidente nacional de Morena.
El servidor público fue inhabilitado durante cinco años, hasta que se resolvió su impugnación, por presuntas irregularidades en el contrato de los trenes con la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarril (CAF) y Provetrén, que fue constituida 42 días antes de la firma del convenio de prestación de servicios. La creación de Provetrén fue parte de la propuesta de CAF, como un vehículo financiero específico para la L12, en el que es propietario de 2% de las acciones.
En un principio, la sanción era por un total de 20 años para ocupar un cargo en la administración pública, y una multa de 2 millones 552 mil dólares, según declaró Hiram Almeida, excontralor del gobierno capitalino, en 2014. Sin embargo, en 2015 el Órgano Interno de Control del STC resolvió una sanción temporal de inhabilitación por 10 años al encontrar que era “administrativamente responsable”.
Mercado Sánchez promovió un juicio de nulidad contra la sanción, con el argumento de una “violación y prohibición de poder ejercitar una debida garantía de audiencia y defensa en la integración” de las averiguaciones previas. En 2015, la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo emitió una sentencia declarando la “nulidad lisa y llana” del acto impugnado, por considerar que la facultad sancionadora de la autoridad administrativa se encontraba “prescrita”.
La Contraloría Interna interpuso un recurso de apelación argumentando que la Sala Ordinaria realizó una indebida interpretación de la ley, pues la conducta imputada es continua ya que sus efectos se prolongan en el tiempo. Finalmente, en 2018 quedó anulada la sanción y su nombre salió de la lista de Servidores Públicos con Registro de Inhabilitación Vigente de la Contraloría General.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2323 del semanario Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NELDY SAN MARTÍN.
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