En un comunicado, agregó que mantiene presas a 19 personas en el Centro de Readaptación Social para Sentenciados (CERSS) número 14 de El Amate con faltas al debido proceso y sin acceso a un juicio justo. Recordó que la detención arbitraria, ocurrida el pasado 18 de mayo, se dio en el contexto de un desmedido operativo policiaco, cuando los estudiantes normalistas exigían que se hiciera efectivo el derecho a la educación respetando las características socio económicas y culturales de los pueblos originarios de Sureste de México.
Agregó que los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá han denunciado que ,“al transcurrir una semana de los hechos de represión, continúan presos 17 estudiantes y dos desplazados de Chenalhó que participaban en las acciones de solidaridad con el movimiento estudiantil. Los delitos que les atribuyen son los que en años anteriores han sido aplicados a actores críticos que forman parte del movimiento social, popular y político en el estado de Chiapas: motín, pandillerismo, robo con violencia, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado y daños”.
Aunado a ello, otras 74 mujeres estudiantes normalistas siguen vinculadas a proceso judicial por las mismas acusaciones, “toda vez que un juez ordenó cambios a la medida cautelar permitiéndoles salir del CERSS de El Amate pero que les obliga a presentarse a firmar cada 15 días, lo que les implicará desplazarse a los juzgados ubicados a más de 80 kilómetros de la Capital chiapaneca”.
Por ello, la Red TDT –integrada por 85 organizaciones de 23 estados de la República– demandó que “el gobierno de Chiapas cumpla con respetar el marco normativo de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT que ampara el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios, y que en su artículo 27 estipula ‘los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales’”.
Añadió que en éste se “ampara la demanda de las y los estudiantes de la Normal Rural Mactumactzá que solicitan que el examen de admisión para nuevo ingreso sea presencial (físico y por escrito) en coherencia con las condiciones sociales, económicas y políticas de la entidad, y particularmente de acuerdo a las necesidades de los pueblos indígenas y campesinos que participan en la convocatoria para acceder a la formación profesional como docentes en el medio rural”.
Y recordó que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que hace cuatro años ordenó la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Chiapas, señala en el artículo 23 la obligación de “garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos”. Lo cual fue violentado “por el gobierno de Chiapas al ser parte del conflicto y ejercer violencia física, psicológica y sexual en contra de las normalistas detenidas que hoy siguen un proceso judicial acusatorio”.
Para la Red TDT, a estas omisiones “se suma el incumplimiento del Protocolo de Actuación Policial con Perspectiva de Género (publicado en el Periódico Oficial del Estado en noviembre de 2017) con lo cual queda en evidencia la responsabilidad de las autoridades del gobierno estatal al extralimitarse en el ejercicio de la fuerza pública”.
Asimismo, indicó que además de esta represión en Chiapas, en el contexto de las protestas en defensa de la educación pública, el pasado jueves 20 de mayo perdieron la vida en Puebla dos estudiantes de la Normal Rural Carmen Serdán Teteles.
Finalmente la Red TDT se sumó “a las exigencias de la comunidad estudiantil de la Normal Rural Mactumactzá en el sentido de liberar de todos los cargos acusatorios a los y las 93 estudiantes vinculados a proceso, investigar los hechos denunciados por abuso sexual durante las detenciones, realización del examen de admisión de manera presencial, así como atender las medidas de reparación del daño y acciones de no repetición”.
AUTOR: REDACCIÓN.
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