El Centro recordó que las autoridades «nunca investigaron a los militares» que asesinaron a los 11 Na Savi en 1998 y que, «por el contrario, los indígenas de El Charco fueron sometidos a proceso por diferentes cargos penales como rebelión, sabotaje entre otros», e incluso fueron privados de su libertad.
«Para acallar este crimen el gobierno señaló a los indígenas como subversivos para garantizar impunidad a los militares y encubrir las ejecuciones arbitrarias, torturas, lesiones y detenciones ilegales que arrancaron la vida de los indígenas», denunció Tlachinollan, que enfatizó que a 23 años de la masacre no ha habido justicia para las víctimas.
Los defensores exigieron que se abran las investigaciones prontas e imparciales para dilucidar los crímenes por la masacre en El Charco y ofrecer verdad, justicia y reparación del daño. «Es impostergable la implementación de políticas públicas orientadas a resarcir los daños y proteger los derechos fundamentales de la población indígena de Ayutla de los Libres», sentenciaron.
El comunicado completo:
La masacre del El Charco perpetrada por el ejército es uno de los crímenes más pérfidos y cobardes que han perpetrado los militares contra padres de familia que pernoctaban en uno de los salones de la escuela primaria indígena Caritino Maldonado Pérez. Los gritos del general Oropeza Garnica de “salgan perros” condensaron el odio y la acción irracional del uso de la fuerza que ha utilizado el ejército contra la población pobre del estado de Guerrero. Estos hechos atroces se focalizaron contra indígenas del pueblo Na Savi que han pagando con su sangre la lucha contra la pobreza y la discriminación racial.
En la madrugada del 7 de junio de 1998 elementos castrenses de la XXVII zona militar arremetieron cobardemente contra los indígenas. De acuerdo con los testimonios de las víctimas y otros datos de prueba, los militares dispararon 284 municiones y lanzaron dos granadas de fragmentación. El saldo fue de 10 indígenas y un estudiante asesinado, 4 adultos y un niño, heridos de gravedad y posteriormente detenidos ilegalmente, mientras que otros 22 indígenas, cuatro de ellos niños y una estudiante, fueron detenidos ilegalmente y torturados.
Por estos hechos las autoridades nunca investigaron a los militares, por el contrario, los indígenas de El Charco fueron sometidos a proceso por diferentes cargos penales como rebelión, sabotaje entre otros. Algunos de ellos fueron privados de su libertad. Para acallar este crimen el gobierno señaló a los indígenas como subversivos para garantizar impunidad a los militares y encubrir las ejecuciones arbitrarias, torturas, lesiones y detenciones ilegales que arrancaron la vida de los indígenas.
A la fecha el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha emitido un informe de admisibilidad, mientras en el plano interno las autoridades se han mostrado indolentes ante el asunto.
Como centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, condenamos la impunidad en la que se encuentra el presente caso. Es inconcebible que a 23 años no se haya iniciado alguna indagatoria ni que las autoridades locales y federales realicen investigaciones objetivas e independientes para esclarecer el caso y brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
Pese a estas acciones deleznables, las víctimas y las comunidades Na Savi sobreviven en la pobreza y marginación, sin que los gobiernos atiendan las demandas históricas de los pueblos indígenas de Ayutla. Desde aquella fecha funesta quedaron en la orfandad 44 hijas e hijos de los indígenas que fueron ejecutados, ninguno de ellos tuvo la oportunidad de concluir la primaria y de encontrar un trabajo digno. El gobierno los ha condenado a sobrevivir en condiciones deshumanizantes. Su fortaleza como hombres y mujeres de la lluvia que se forman en el campo, ha sido la fuente de su salvación. Siguen dando la batalla contra el oprobio y resistiendo los embates de gobiernos racistas y etnocidas. Pese a los nuevos cambios en el gobierno federal, no se ha iniciado un proceso de justicia transicional para el esclarecimiento de estos crímenes.
No se puede mantener en la impunidad hechos cruentos catalogados como graves violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones arbitrarias de los 10 indígenas y un estudiante, porque en los hechos los militares tienen licencia para matar. Esta herida abierta se desangra a lo largo y ancho del estado con los crímenes atroces de la guerra sucia, las matanzas y masacres perpetradas por el instituto castrense y las corporaciones policiacas.
A 23 años de la masacre de El Charco, exigimos que se abran las investigaciones prontas e imparciales para dilucidar estos hechos y ofrecer verdad, justicia y reparación del daño a las víctimas. Es impostergable la implementación de políticas públicas orientadas a resarcir los daños y proteger los derechos fundamentales de la población indígena de Ayutla de los Libres.
ATENTAMENTE.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
AUTOR: REDACCIÓN.
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