Cualquiera de estas propuestas requerirá que Morena y los aliados del presidente consigan el apoyo de legisladores de oposición para ser aprobadas en ambas cámaras. Para cambiar leyes y aprobar el presupuesto le basta al presidente con sus aliados.
Para que estas se materialicen se requieren cambios a la Constitución que solo pueden ser aprobados por dos terceras partes de los legisladores, algo que ni Morena ni sus aliados tienen en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Por ello, requieren del apoyo de al menos una fracción de los legisladores de oposición para que las reformas constitucionales prosperen.
Esta semana, el presidente López Obrador consideró que construir esa mayoría calificada es posible con la adición de legisladores del PRI o de alguno de los otros partidos. En cambio, la aprobación del presupuesto o la modificación de otras leyes es algo que Morena y sus aliados pueden conseguir sin una mayoría calificada.
¿Cuáles son las reformas o modificaciones legales que podrían caer en alguno de estos escenarios? Animal Político detalla algunos de los que el presidente o miembros de su partido han señalado este año.
Desaparición de los autónomos
Conforme ha avanzado su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido cada vez más en la necesidad de revisar la función de distintos órganos reguladores y autónomos e incluso en la posibilidad de desaparecer algunos de ellos. Esto bajo el argumento de que son caros, que duplican funciones que puede hacer el gobierno e incluso de que obstaculizan la transformación que está emprendiendo.
Entre los organismos cuya continuidad ha puesto el presidente bajo un velo de duda están el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros.
Apenas el pasado 28 de abril, López Obrador denominó a estos organismos como “monstruos” u “ogros” que no favorecen a las personas por lo que es necesario reformarlos.
“Vamos a hacer una revisión, toda una reforma. Ya lo anuncié y vamos a trabajar en ello y ajustar los órganos administrativos y adaptarlos a la nueva circunstancia y nueva realidad (…) todos esos organismos autónomos que solo ven para arriba, que no les importa el pueblo, pues no tienen razón de ser…” dijo el presidente.
Sin embargo, la posible desaparición de organismos autónomos como el INAI o el INE requieren de reformas constitucionales y no solo de una decisión del Ejecutivo. Y para que una reforma constitucional trascienda necesita, en primera instancia, la aprobación por mayoría calificada (dos terceras partes) de los diputados en el Congreso.
En números mas simples: se requiere el voto de al menos 334 diputados para que un proyecto de reforma a la constitución se apruebe y pase al Senado de la República. Es una suma de legisladores que ni Morena con todos sus aliados alcanzan.
Si las modificaciones solo se limitan a ajustes en leyes secundarias, pero no a cambios a la la Constitución –lo que por ende descartaría la posibilidad de desaparecer dichos órganos– solo se requiere de una mayoría simple del Congreso (la mitad más uno) que sí alcanzan Morena y sus aliados.
Reforma electoral y reducción de diputados
Otro tema en el que el presidente López Obrador fue insistente en los últimos meses es la posibilidad de promover una reforma electoral a gran escala que, entre otras cosas, revise las funciones del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El presidente se volvió insistente con este tema sobre todo tras la decisión de ambos organismos de anular las candidaturas originales de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, una decisión que no le gustó y calificó en más de una ocasión como un “golpe a la democracia”.
El senador Ricardo Monreal, presidente de la junta de coordinación política de la Cámara Alta, dijo el pasado 4 de mayo que compartía la visión del presidente de emprender una reforma electoral e incluso fue mas allá al proponer que podría avanzarse en la eliminación de los diputados que se eligen por representación proporcional, lo que reducirá de 500 a 300 los legisladores en la Cámara Baja.
“Es posible que Morena incluso proponga solo quedarse con los 300 distritos sin representación proporcional. Sería dejar la mayoría pura, el sistema de mayoría relativa sin representación proporcional para que los partidos tengan la fuerza que les corresponde”, dijo el senador.
Pero al igual que en el caso de los autónomos, una reforma electoral de gran alcance requeriría modificaciones a los artículos 131 y 134 de la Constitución que solo es posible con el aval de dos tercios de la Cámara de Diputados, por lo que en este escenario también se requeriría la suma de más de 30 legisladores de oposición.
Y aun cuando se lograra dicho apoyo en la Cámara de diputados, el caso tendría que turnarse al Senado donde también deberían alcanzarse acuerdos con los opositores para que una reforma así transite.
Si en cambio se opta por modificaciones menores a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales solo se requeriría una mayoría mínima en la cámara correspondiente, situación que Morena alcanza con la s bancadas del Partido de Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.
Cambios a la constitución si fracasa ley eléctrica
El pasado 2 de marzo, con una votación exprés y sin mayor análisis, el Senado de la República aprobó una reforma que realiza diversas modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica. La iniciativa fue propuesta por el presidente con el objetivo, según el Ejecutivo, de garantizar la “soberanía” eléctrica del país a través del fortalecimiento de la CFE sobe la distribución y la reducción de concesiones a privados.
Sin embargo, dicha ley no ha podido aplicarse debido a una fuerte ofensiva legal que opositores a estas modificaciones –principalmente empresas particulares– emprendieron en contra a través de la presentación de demandas de amparo. Esto ocasionó que dos jueces federales concedieran más de una decena de suspensiones que frenaron la norma.
Esta situación molestó al presidente López Obrador quien el pasado 17 de marzo advirtió que si los jueces confirman los amparos él enviará una iniciativa para reformar la Constitución en esta materia.
“Yo estoy seguro de que no es inconstitucional la reforma, pero si determinan jueces magistrados y ministros que sí lo es y no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución porque no puedo ser cómplice del robo, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular”, dijo el presidente.
Pero al igual que con cualquier modificación a al Constitución, si el partido del presidente quiere materializar una reforma constitucional de ese tipo necesitará convencer a diputados de oposición del Congreso para lograr los 334 votos que como mínimo se necesitan. Es decir, la mayoría calificada de dos terceras partes que no tendrá solo con sus aliados.
Y luego tendría que ocurrir lo mismo en un Senado donde el partido oficial tampoco cuenta con mayoría calificada.
Más delitos a prisión automática
De acuerdo con legisladores consultados por Animal Político, en las cámaras del Congreso existen más de una decena de iniciativas distintas que promueven ampliar aun más el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa o automática. Son los que coloquialmente se denominan como “delitos graves”.
La administración federal actual ha sido proclive a incrementar dicho catálogo pese a que una mayoría de expertos en Derecho consideran que son medidas regresivas. El 12 de abril de 2019 y con el aval de legisladores de oposición se aprobó la reforma al artículo 19 de la Constitución para incrementar notablemente dicho catálogo, incluyendo ilícitos como el robo de combustible o el peculado.
Para volver a incrementar dicho catálogo se requeriría la misma ruta: que Morena consiga el apoyo de dos terceras partes en ambas cámaras para volver a modificar ese artículo constitucional. Dado que no cuenta con esa fuerza suficiente ni con sus aliados, requeriría negociar con opositores.
El futuro de la Guardia Nacional
Cuando en 2019 se aprobó la reforma que dio pie a la creación de la Guardia Nacional se estableció en la Constitución y en las leyes secundarias que sería una policía totalmente civil y profesionalizada. Y se contempló que el Ejército apoyaría en este proceso solo por un lapso máximo de cinco años.
La realidad, transcurrido casi la mitad de ese plazo, es que la Guardia Nacional está muy lejos de cumplir condichos requisitos. Actualmente se trata de una fuerza enteramente militar, que recluta solo elementos que provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, más del 90% de sus efectivos no están certificados como policías, pese a que ya venció el plazo original de dos años fijado para ello.
En ese contexto algunos especialistas han advertido que el gobierno federal podía intentar extender dicho plazo o modificar la naturaleza civil establecida en la Constitución de esta fuerza de seguridad.
Pero al igual que en los otros casos, modificar el perfil civil de la Guardia o alargar el periodo de apoyo de las fuerzas armadas requeriría cambios constitucionales que no puede promover por si solo el partido en el gobierno. Solo si los cambios se limitan a la ley de la Guardia –para por ejemplo ampliar periodos de evaluación– se podría conseguir con una mayoría simple en San Lázaro.
El control del presupuesto
Una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados es la aprobación de la Ley de Ingresos y de Egresos de la Federación cada año. Es decir: de la aprobación de cuanto dinero se espera recibir en el año y para qué se va a utilizar.
Aunque la propuesta del presupuesto la presenta el gobierno federal, los diputados tienen la facultad de hacerle modificaciones, adiciones o reducciones en su análisis en las respectivas comisiones y el pleno.
Dado que la aprobación del presupuesto solo requiere de una votación por mayoría simple (la mitad más uno), con el resultado de la votación del domingo Morena y sus aliados mantendrán la posibilidad de aprobar, por si solos, el proyecto de presupuesto que les envíe el Ejecutivo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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